Redacción Canal Abierto | La renuncia de Alejandro Vilches al frente de la Secretaría de Discapacidad, conocida el lunes, no fue un hecho aislado. La referente de la Asamblea Discas en Lucha y de Orgullo Disca Laura Alcaide analizó la salida del funcionario como parte de una secuencia más amplia: la avanzada del Poder Ejecutivo sobre el sector a través del proyecto de Presupuesto 2027, que desarma por dentro la ley de emergencia en discapacidad y modifica el sistema de pensiones no contributivas.
“La salida de Vilches tiene que ver, para nosotros, con que él es una de las caras de todo este ajuste. A medida que va avanzando el ajuste también van cayendo las figuras del gobierno que no quieren sostenerlo, que no están dispuestos a poner la cara para sostener este ajuste”, sostuvo Alcaide en su participación en Agenda Propia.
Vilches había asumido como interventor de la ex ANDIS en agosto de 2025, tras la salida de Diego Spagnuolo en medio de una investigación por presuntas irregularidades que incluían el cobro de sobreprecios. Su renuncia, presentada con el argumento de “razones estrictamente personales”, se produjo apenas días después de que el Ejecutivo enviara al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027, que incluye artículos que derogan parte de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Para Alcaide, el texto presupuestario no sólo elimina el nomenclador, el sistema que universaliza los valores de las prestaciones básicas de la ley 24.901, sino que además busca volver al sistema de pensiones por invalidez laboral y eliminar las pensiones por discapacidad y por protección social.
Al respecto, Alcaide explicó que “el sistema anterior es el de invalidez laboral. Básicamente nos constituye a las personas con discapacidad como incapaces de acceder al sistema laboral. Y nosotros sostenemos justamente todo lo contrario: que las personas con discapacidad somos parte de la clase trabajadora, y eso nos pone múltiples barreras para acceder al empleo. En el universo disca hay 90% de desocupación, así que vaya si las tenemos”.
La referente señaló que el sistema vigente garantiza que la pensión sea compatible con dos sueldos mínimo vital y móvil, una condición que el proyecto oficial elimina. “Eso deja de ser compatible”, advirtió. “Y esto también habla de que cuando los discapacitados tenemos trabajos, esos trabajos son absolutamente precarizados”, señaló.
Alcaide también se refirió a la auditoría difundida en los últimos días, que detectó diferencias considerables de entre dos registros internos de deudas exigibles de la ex ANDIS. El relevamiento comparó los datos de la Dirección de Presupuesto y Contabilidad con los de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y puso la lupa sobre adquisiciones de medicamentos y el uso del mecanismo de “legítimo abono”.
“No es que se asigna poco presupuesto a la agencia, sino que esa plata no sabemos cómo se está manejando. No es que no sabemos: lo sabemos bien”, afirmó Alcaide. “Ayer, por ejemplo, se difundió que hay 58 mil millones de pesos que no se sabe en dónde están. No se sabe qué pasó con eso”, puso como ejemple.
Alcaide amplió el enfoque más allá de las políticas específicas del gobierno actual. “En el sistema productivo, el sistema de producción capitalista constantemente, digo, el sistema en sí mismo es un sistema discapacitante. En las fábricas no paran de quedar personas con alguna discapacidad, o bien también los trabajadores son familiares de personas con discapacidad”, sostuvo.
Consultada sobre el impacto concreto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad, Alcaide enumeró consecuencias: “Hay muchísimas personas que han quedado sin su medicación, sin sus pensiones. Por más que hubo millones de acuerdos y disposiciones de la justicia para que se reincorporaran esas pensiones que habían sido suspendidas, hay alrededor de 80.000 pensiones que están esperando para que se habiliten”.
A eso sumó la situación de los prestadores: “Ya están terriblemente precarizados, cobran a 90 días. Imagínense ustedes como trabajadores cobrando a 90 días una prestación que ya realizaron. Si antes era insostenible, ni hablar ahora con lo que cuesta la vid La verdad es que los prestadores están ahogados”, señaló.
Sobre la eliminación de la universalidad del nomenclador, explicó qué es lo que está en juego: “Lo que genera el nomenclador es un régimen de igualdad para que nadie pueda decidir si una prestación vale más que otra. Se universaliza el valor prestacional para que si vos tenés Incluir Salud o la obra social de gastronómicos, tengas acceso al mismo sistema prestacional que aquel que tiene una prepaga. Ahora cada prestador va a poder poner el valor que quiera”.
Las encuestas coinciden en que el escándalo por los recortes en discapacidad impactó en la imagen presidencial. Alcaide atribuyó ese fenómeno a un uso inesperado del capacitismo. “Usamos el capacitismo a nuestro favor, el capacitismo como sistema de opresión hacia las personas con discapacidad. Que es un sistema de jerarquías: el disca vale menos que el que no tiene discapacidad”, dijo.
“Ese sistema capacitista fue el que implicó que la gente dijera: ‘No, pará, no te podés meter con personas con discapacidad’. De alguna manera fue como en principio cuando le pegaban a los jubilados: no podés pegarle a los viejos. Un poco fue como: ‘Che, tenemos ciertos límites como sociedad, la paciencia llega a un límite’”, agregó.
Sin embargo, marcó una diferencia al plantear que “estos son los más débiles, en lo que piensa la gente. Bueno, no, de debilidad nada, pienso yo, pero sí nos plantamos fuerte acá con esto. Nuestros derechos que ya fueron conquistados no los vamos a ceder”.
Para este miércoles está prevista una jornada clave en el Congreso. Las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda debatirán los proyectos de prórroga de la ley de emergencia, con la expectativa de firmar dictamen. Al mismo tiempo, desde las 11 de la mañana, la Asamblea Discapas en Lucha convocó a concentrarse en la Plaza del Congreso.
“Mañana a la espera de que se dé el dictamen para la prórroga de la ley de emergencia hasta 2027”, anunció Alcaide. “Les esperamos ahí, nos gustaría que nos acompañe toda la sociedad. Eso es lo mínimo que esperamos. No esperemos a hacernos disca para que esta lucha nos interpele”.
La referente también denunció que la semana pasada se vedó la participación de personas con discapacidad dentro del Congreso durante una reunión informativa. “Solo se permitió que trabajadores o familiares puedan tomar la palabra, y las personas con discapacidad lo miramos por la tele”, relató. “Estamos exigiendo el dictamen de la comisión y estamos exigiendo también que nuestra participación política sea la que dirima estas cuestiones”.
La Asamblea mantiene una acción directa mensual los días 3. “Vincula distintas luchas con el acceso al transporte. Es algo que nos limita en la participación política y en la participación de la vida”, explicó Alcaide. La próxima será el 3 de octubre en la estación de Flores de subte y tren.
La elección de la fecha no es casual: “Es el 3% y es el 3 de diciembre, el día de los derechos de las personas con discapacidad”, recordó.
La referente cerró con una definición de la asamblea que integra: “La Asamblea de Discapacidades en Lucha es Acción Directa. Toda esa angustia transformada en lucha”.
Programa completo
Mirá ésta y otras entrevistas en Agenda propia*, un streaming de Canal Abierto que aborda la coyuntura disputando el sentido de la agenda.
Con la conducción de Gladys Stagno y Manuel Rodríguez, y la participación del secretario General de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, y del economista y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano.
*Todos los martes, a partir de las 11, en vivo por streaming en el canal de YouTube de Canal Abierto.
Equipo audiovisual: Pablo Martínez Levy, Ramiro Lorenzo y Juan Alaimes.
