Escala el conflicto en la obra social militar: ATE protestó y denuncia que los directores se escondieron en el baño

El sindicato de estatales que representa a los trabajadores civiles del organismo está en alerta porque hay 600 puestos de trabajo en peligro. En medio de denuncias por corrupción y cortes de prestaciones, ayer renunció el militar retirado que la administraba.
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Publicado 24 de septiembre de 2026

Redacción Canal Abierto | En medio de una crisis cada vez más aguda, ayer finalmente renunció el coronel retirado Ariel Guzmán, a quien habían designado como administrador de los bienes de la IOSFA, en la transición a la puesta en marcha de la OSFA, la nueva obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad creada por Javier Milei como válvula de escape de un conflicto generado por su propio Gobierno, sobre todo, durante la gestión de Luis Petri.

La dimisión de Guzmán se da en un contexto de ahogo y desmanejo presupuestario sin precedentes, con denuncias de corrupción y una deuda con las prestadoras que, según denuncia ATE, el gremio de estatales que representa a los trabajadores civiles del Instituto, escaló a más de $500.000 millones tras dos años y medio de gestión libertaria. Antes de que asuma Petri en 2023, el organismo tenía un superávit $25.000 millones.

En ese marco, en los últimos días además se confirmó la intención del Gobierno de despedir a 600 trabajadores, en el marco del cierre de 13 hoteles y dos recreos, la mayoría ubicados en Mar del Plata, Córdoba y Bariloche.

En ese marco, esta mañana ATE protestó en las puertas de la sede central de la obra social en CABA (ubicada en Paso 551). Al llegar al edificio, se encontraron con las persianas bajas, por lo que decidieron ingresar al primer piso para exigirles explicaciones a las autoridades.

“No vamos a permitir que despidan a los trabajadores. Reventaron la obra social, la fundieron”, expresó en ese marco Rodolfo Aguiar, secretario general. Y en relación a la deuda monumental que acumula la gestión libertaria, planteó: “¿qué hicieron con la guita!! se la robaron toda!!”, denunció.

El dirigente también se refirió a la actitud de los militares que la dirigen. “Se esconden como ratas. ¿En serio ustedes van a ser los que van a defender las Malvinas?”, lanzó.

Por su parte, Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE, explicó el alcance del conflicto: “Desde que asumió La Libertad Avanza están intentando vaciar la obra social: cortan insumos y dejan sin profesionales a muchas sedes. A fin de este mes quieren dar de baja los contratos de casi 400 trabajadoras y trabajadores, y se dispondrá el pase a disponibilidad para el personal restante, perteneciente a la planta permanente. No puede ser que se tomen estas decisiones con total liviandad. Están en juego familias enteras”, lamentó.

Hoteles, farmacias y prestaciones desguazadas

En febrero, mediante el DNU 88/2026, el Gobierno disolvió el IOSFA y creó la OSFA, traspasando funciones entre ambas obras sociales sin consultar al sindicato, lo que ATE denunció como una violación al derecho de representación y negociación. A esto se suma la deuda arrastrada por la ex IOSFA y el no pago de fuerzas de seguridad que migraron a otra obra social, agravado porque el decreto elimina las funciones de turismo y farmacia y pone en riesgo las delegaciones del interior.

ATE también advirtió sobre intentos de cerrar farmacias propias del organismo para reemplazarlas por privadas, en perjuicio de los afiliados, y sobre el riesgo que corre la función social de la entidad: los 13 hoteles, recreos y residencias verían reducidos sus servicios si no se aseguran los 600 puestos de trabajo a fin de mes.

Este vaciamiento contrasta con el superávit de $25.000 millones que la obra social tenía en diciembre de 2023. Desde entonces se sucedieron denuncias por manejos irregulares —que la propia vicepresidenta Victoria Villarruel calificó de «desfalco»—, entre ellas el desvío de un préstamo de $40.000 millones destinado a equipamiento médico hacia gasto corriente y deudas con droguerías. Para ATE, este cuadro se inscribe en un proceso más amplio de militarización de funciones civiles del Estado.

“No garantizan las prestaciones básicas y además ahora quieren vender los hoteles y despedir masivamente a sus trabajadores”, dijo respecto Aguiar. Además, “pretenden avanzar con el cierre de las farmacias propias y habilitar distintas franquicias privadas. Estamos frente a un desguace sin precedentes y lo tenemos que frenar”, alertó.

Y sobre el conflicto laboral, sumó: “No vamos a permitir que se eche a cientos de contratados y se ponga en disponibilidad a otros cientos de trabajadores que tienen estabilidad”.