Redacción Canal Abierto | En un nuevo zarpazo contra el patrimonio nacional y el control de los recursos estratégicos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo que reinstala de golpe el régimen de libre disponibilidad del territorio. A través de un pronunciamiento firmando por los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el Máximo Tribunal revocó la cautelar que mantenía suspendida la derogación de la Ley de Tierras (N° 26.737) consagrada en el megadecreto 70/2023.
La resolución judicial cae como un jarro de agua helada pero no sorprende: constituye el andamiaje jurídico perfecto para garantizar el extractivismo, la especulación inmobiliaria financiera y la consolidación de enclaves extranjeros en zonas fronterizas y de alta riqueza hídrica.
La gambeta procesal para no mirar el fondo
Para dar curso al pedido del Poder Ejecutivo y reactivar la desregulación, la Corte apeló a un argumento estrictamente técnico y de notoria insensibilidad política: resolvió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) —organización que había obtenido el freno judicial inicial— «carece de legitimación activa» para litigar en nombre del interés colectivo.
De un plumazo, la doctrina judicial del tribunal sostuvo que la soberanía territorial no configura un «bien colectivo» tutelable mediante acciones de amparo masivas. La paradoja resulta demoledora y expone el sesgo de época: quienes arriesgaron sus vidas para defender el territorio en el Atlántico Sur no tendrían, según los supremos, derecho a reclamar cuando ese mismo territorio se entrega en los despachos corporativos.
La espalda a la voluntad popular y a la calle
El fallo judicial no se da en el vacío. Llega meses después de que el Congreso de la Nación diera muestras claras de rechazo a las pretensiones derogatorias del oficialismo y de que el tratamiento legislativo expusiera la falta de consenso democrático para rematar el suelo argentino.
Al reinstalar la vigencia del artículo 154 del DNU 70/2023, los jueces actúan de espaldas a los pronunciamientos parlamentarios y desarman el corsé normativo que impedía que más del 15% de las tierras rurales de un municipio, provincia o de la Nación quedaran en manos de personas físicas o jurídicas extranjeras.
Asimismo, la decisión desconoce las reiteradas movilizaciones de organizaciones campesinas, pueblos originarios, gremios y sectores socioambientales que ganaron las calles para advertir sobre las consecuencias directas de esta medida:
- Pérdida de soberanía hídrica y energética: Facilita el acaparamiento de cuencas de agua dulce, zonas de glaciares, cordillera y campos con recursos mineros de alto valor estratégico (como el litio).
- Desplazamiento de comunidades: Desprotege a pequeños productores y campesinos frente al avance de grandes fondos de inversión internacionales.
- Encarecimiento de la tierra e impacto productivo: Promueve la especulación inmobiliaria rural, expulsando la producción de alimentos de consumo local en favor del monocultivo de exportación.
Un país en remate
Con esta estocada, la Corte invalida en la práctica las barreras que evitaban la extranjerización desmedida y deja vía libre al plan gubernamental de apertura irrestricta de los bienes comunes. La señal hacia el exterior es clara: las fronteras jurídicas para la compra de la Argentina han quedado desactivadas.
Mientras las organizaciones sociales y sindicales preparan nuevas medidas de fuerza para frenar lo que denuncian como un despojo planificado, el fallo de la Corte Suprema deja una lección amarga: cuando se trata de subordinar la soberanía al libre mercado, las instituciones judiciales prefieren mirar hacia otro lado.
