Publicado 7/10/2026
Redacción Canal Abierto | Las firmas bajo la lupa en la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad habrían percibido 192.000 millones de pesos, concentrando cuatro de cada diez desembolsos destinados a medicamentos e insumos médicos.
Entre los “desvíos técnicamente indefendibles” destacan sobreprecios de hasta 1.972% y productos importados de menor durabilidad que los nacionales.
Para tomar noción del presunto desfalco, basta decir que la cifra supera los 186.000 millones de pesos asignados para todo el año al Hospital Garrahan.
Mientras la institución de alta complejidad pediátrica enfrenta un ahogo financiero que llevó a sus trabajadores a realizar paros, movilizaciones e instalar carpas frente al Congreso, la caja pública destinada a los sectores más vulnerables de la discapacidad se desviaba hacia un entramado de complicidades.
“El 3% es para Karina”
El escándalo estalló tras la filtración de escuchas que involucran al extitular del organismo, Diego Spagnuolo. Las grabaciones revelaron maniobras sistemáticas para el cobro de comisiones ilegales en las contrataciones estatales.
Las conversaciones aluden de forma explícita a porcentajes dirigidos hacia la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei.
Frente al impacto público, el Gobierno desplazó funcionarios y anunció revisiones internas, aunque las sospechas sobre la cadena de mandos superiores continúan abiertas.
La auditoría, que analizó todo 2024 y el período de 2025 con fecha de corte al 21 de agosto (hasta la salida de Spagnuolo), contabilizó que los “pagos realizados por la compra de medicamentos e insumos” totalizó $479.500 millones. El 40% de esa porción, unos $192.000 millones, terminó en las cuentas de Suizo Argentina, Droguería Génesis, Artrobone Ortopedia, Droguería Profarma, Indecomm, Ortopedia Bernat, Expo Trauma, Neurosalud, Droguería Floresta y Droguería New Farma.
Lógica de ajuste y transferencia
La comparación entre la partida del Garrahan y las irregularidades en la agencia demuestra que los recursos estatales existen, pero se reasignan. Las leyes sancionadas en la Cámara de Diputados y el Senado para recomponer salarios e insumos sanitarios tropezaron sistemáticamente con la amenaza o ejecución del veto presidencial bajo la premisa del déficit cero.
El conflicto en el nosocomio pediátrico evidencia el trasfondo del modelo: recorte drástico a las prestaciones esenciales, parálisis en la atención médica y, en paralelo, una opaca canalización de partidas multimillonarias hacia firmas favorecidas sin controles efectivos.
