Redacción Canal Abierto | El Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas presentó un informe, elaborado por el economista Claudio Lozano, donde desviste ciertos aspectos sobre las finalidades del Presupuesto 2019.

En su exposición ante el Parlamento, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, señaló que el proyecto “revelaba la sensibilidad gubernamental” ante la problemática social y que el grueso del gasto público se repartiría para atender dichas cuestiones.

En su extremismo, Peña sostuvo que el 77% del Gasto Público tiene como destino funciones de carácter social. Sin embargo, en el análisis del IPyPP, el denominado Gasto en la Finalidad de Servicios Sociales representa en el Proyecto Presupuestario 2019 el 63% del total.

“Marcos Peña utiliza la trampa de exagerar el gasto social tomando como gasto total el gasto primario ($3.425.923 millones, que no incorpora el gasto en intereses de la deuda pública). No computar los intereses es hacer de cuenta que lo que el Estado gasta en deuda no existe como gasto”, destaca el informe.

Los intereses de casi $750.000 millones –que para Peña no representan gasto- aumentan de manera innecesaria el Gasto Social y achica el Gasto Total.

Dentro del Gasto Social, incluyen lo que desembolsa el Sistema de Seguridad Social (jubilaciones, pensiones, AUH). Lo cierto es que este sistema se sostiene con aportes y contribuciones de los trabajadores y empresarios, así como también por impuestos que tienen una afectación específica al financiamiento del sistema. Es más, la evolución de dichos recursos condiciona la evolución de dicho gasto.

En la presentación de las 29 Funciones del Gasto Total, el Servicio de la Deuda Pública ocupa el primer lugar con $746.389 millones, lo que representa la suma del gasto de 24 funciones entre las que se destacan la Seguridad Social, Educación, Transporte y Salud.

Expuesto de otro modo, cada $100 pesos que se gastan casi $30 se destinan al pago de la deuda, mientras $16 tienen por objeto la Seguridad Social, $9 van a Educación y Cultura, $6 a Salud, $2 a Ciencia y Técnica y poco más de $1 a Vivienda.

Los intereses de la deuda representan 21 veces lo que se invierte en Vivienda, 13 veces en Ciencia y Técnica, 9 veces en Promoción y Asistencia Social, 8 veces en Defensa, 6 veces en Seguridad, 4 veces en Salud, 3,7 veces en transporte, 2,7 veces en Energía Combustibles y Minería, 2,6 veces en Educación y Cultura, y casi una vez y media en Seguridad Social.

Fuente: IPyPP

“Lo expuesto desnuda la falacia argumental oficial respecto a la importancia del gasto social en el presupuesto”, expresan desde el IPyPP.

Por otra parte, el informe cuestiona los dichos del Gobierno cuando afirman que están “tratando de que aporten los que más tienen en este momento difícil que transitan la mayoría de los argentinos”.

La sección del Presupuesto, denominada Gastos Tributarios, está destinada a aquellos impuestos que debieran cobrarse pero que no se recaudan por que, por alguna razón, en algún momento, se decidió darle a un determinado producto, sector o estamento, un determinado tratamiento especial.

En este apartado entran los subsidios que se asignan al reducido número de petroleras. El Ejecutivo resolvió destinar a los subsidios de 2018 y 2019 el total de US$2.865 millones. Con el tipo de cambio oscilando entre $37 y $40, se habla de entre $106.005 millones y $114.600 millones. En la práctica, estas cifras representan entre el 16% y el 17,5% del esfuerzo fiscal global que pretende hacerse para alcanzar el déficit cero.

“Distinto sería el ajuste si las firmas que constituyen el oligopolio petrolero -que tuvieron ganancias extraordinarias entre 2015 y 2017- no percibieran subsidios durante el 2018 y el 2019”, exclaman desde el instituto.

El cambio en los precios relativos que generó la devaluación también impacta sobre el proyecto, ya que la estrategia presupuestaria no acomodó la estructura de ingresos al nuevo escenario. En tanto, la intervención fiscal profundiza los espacios de desigualdad al eximir de aportes a los exportadores, principales beneficiarios de la devaluación.

Según el Indec, el total exportado de enero a julio de 2018 asciende a US$35.205 millones. A tipo de cambio de $19,3 -previsto para el 2018 en su presupuesto- equivale a una facturación de $704.100 millones. Con el dólar a $37,3, esa facturación ascendió a $1.313.146 millones.

Por efecto casi mágico de la devaluación, el conjunto de exportadores se quedó con $609.046 millones. Esta cifra a su vez representa un 93% de los $653.587 millones que el Gobierno pretende ajustar en lo que resta de este 2018 y lo que prevé para 2019.

“El sector privado, en este caso el más dinámico vinculado con las exportaciones, funciona como una suerte de parásito social, porque lo que el Estado les transfiere de renta es lo que pretende sacarle al resto de los sectores sociales” expresa el informe.

 

 

Ilustración: Marcelo Spotti

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