Redacción Canal Abierto | El Gobierno de Javier Milei se endeuda en dólares para financiar un nuevo recorte de trabajadores del Estado.
A través de un préstamo de hasta US$ 300 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la administración libertaria busca cubrir los pagos del plan de retiros voluntarios que impulsa el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que alcanza a unos 21.187 trabajadores de la planta estatal.
La contradicción es el eje de los cuestionamientos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que este miércoles se movilizó a la Quinta Presidencial de Olivos para rechazar la medida. “Se endeudan en dólares para despedir en pesos. Esto es un disparate, una maniobra completamente ilegal”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general del sindicato.
Lo que Sturzenegger entiende por “desarrollo”
Sucede que los créditos del BID no son para ajusta, sino todo lo contrario. Su objetivo es financiar proyectos de desarrollo económico, social e institucional en América Latina y el Caribe, según las prioridades de cada país y acuerdo. En general, van destinados a áreas clave como salud y educación, infraestructura, energía, apoyo a pymes, o emergencias y desastres.
La trampa radica en el texto del Decreto 1177/2026 con el que el crédito fue aprobado. El mismo establece que el préstamo —que constituye el primer tramo de una línea de financiamiento que puede llegar a los US$ 800 millones— será para cooperar en la ejecución del Programa “Transformación del Estado Nacional I”.
“El objetivo general del citado Programa es contribuir a una mayor eficiencia técnica del gasto de la Administración Pública Nacional, asociado al empleo público y a bienes y servicios transversales de Transformación Digital”, sostiene el DNU. En la lógica Sturzenegger, una mayor eficiencia equivale a despidos masivos.
“Ningún país del mundo se endeuda para achicarse, sino para construir rutas, escuelas, hospitales o para abrir fábricas y tener un mejor futuro. Estos se endeudan para destruir”, afirmó Aguiar. El dirigente también denunció que la operación vulnera la Ley de Presupuesto y sostuvo que está prohibido tomar deuda en dólares para financiar gastos corrientes.
Por otro lado, ATE rechaza que el programa de despidos sea presentado como “voluntario”, ya que el deterioro salarial y las presiones sobre el personal pueden empujar a los trabajadores a aceptar la salida. Además, quienes adhieran no podrán volver a ingresar a la Administración Pública Nacional durante ocho años y los puestos que queden vacantes no serán cubiertos.
La protesta en Olivos se suma al reclamo por la pérdida del poder adquisitivo, los despidos, la no renovación de contratos y el cierre o vaciamiento de organismos públicos. Para ATE, el nuevo plan profundiza el desmantelamiento estatal y compromete tanto las fuentes laborales como las capacidades necesarias para sostener las políticas públicas.
Foto: CEDOC
