A días de concretarse la venta del 90% de la principal empresa de servicios sanitarios del país, el Ejecutivo impulsa un reajuste tarifario. La Provincia e intendentes del conurbano denuncian “un negociado escandaloso de Caputo y Milei”.
Publicado 28/10/2026
Redacción Canal Abierto | El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) realizó este lunes una audiencia pública con la excusa de evaluar la propuesta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) de modificar los “coeficientes zonales” que se utilizan para calcular las tarifas en el AMBA. La propuesta prevé aumentos para el 59,6% de los usuarios residenciales de agua y cloacas de la región metropolitana, reducciones para el 20,4% y facturas sin cambios para el resto.
Este acto se produce a días de que el Gobierno haya adjudicado el 90% de las acciones estatales al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR (un sello de goma del Phoenix Global Fund, un fondo pirata radicado en Curazao) y Transclor, por 340,2 millones de dólares, un valor de remate para una empresa de este porte y con balances positivos. El 13 de noviembre es la fecha límite para firmar el contrato de compraventa que, si esta jugada prospera, será con un nuevo tarifazo.
“¿Para qué vender una empresa superavitaria que todos los argentinos, con mucho esfuerzo, logramos poner en equilibrio? Para que los grupos económicos amigos de Milei y Caputo hagan un negociado”, sostuvo el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, quien asistió a la audiencia virtual “en representación de todos y todas las bonaerenses, los intendentes y por indicación del gobernador Kicillof, para rechazar el tarifazo, impugnar esta audiencia pública y denunciar la estafa de la privatización de AySA que es la consumación de un negociado escandaloso”.
Katopodis afirmó que se trata de “un negociado escandaloso: por un lado la venta de la empresa a la mitad de su valor y al mismo tiempo, con este tarifazo, la decisión de que sean los usuarios los que paguen el precio de esa compra”.
“El gobierno nacional decidió rematar AySA y hacer que sean los usuarios de 26 municipios bonaerenses y la CABA quienes paguen las consecuencias. Estas tarifas ya sufrieron un incremento del 555%, muy por encima del 300% de inflación, y encima paralizaron casi 300 obras que estaban en ejecución en 2023. Estas políticas van a tener un freno. No vamos a permitir que dejen a un país sin obra pública y a millones de ciudadanos sin agua ni cloacas por 30 años”, afirmó el funcionario.
“No tenemos ninguna duda de que esta audiencia es parte de un proceso delictivo, de una estafa que se inició cuando el Gobierno tomó la decisión de rematar esta empresa. Hemos visto situaciones parecidas pero nunca nadie se animó a un acto tan violento y delictivo”, concluyó el ministro, quien también denunció la paralización de todas las obras sanitarias e hídricas en la provincia.
“Volvemos a encontrarnos frente a un nuevo ataque al bienestar, al bolsillo y a la salud del pueblo argentino. Estamos hablando de un Estado nacional que hace negocios con la vida de las personas mientras empobrece, remate y aplica nuevos incrementos que dañaran aún más la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos”, sostuvo en la audiencia Fernando Gray, intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría. Con “el pretexto de una nueva estructura de coeficientes zonales simplemente se convalidará un golpe directo a la economía familiar en un contexto socioeconómico sumamente crítico”.
Pagale la cuenta al Señor Cloro
De aprobarse este nuevo esquema tarifario, cerca de dos millones de hogares verían incrementado el valor de su factura mensual de 29.116 pesos mensuales más impuestos a 35.710 pesos, según valores de septiembre de 2026.
El consorcio capitaneado por Mauricio Filiberti, proveedor histórico de cloro a la empresa, verá rápidamente compensada su inversión con este aumento de tarifas.
