Por Sergio Alvez | Situación de los niños, niñas y adolescentes indígenas en Argentina es el título del informe presentado hace algunas horas por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) ante el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la Semana de los Pueblos Indígenas 2018, que va del 19 al 25 de abril.
La investigación busca mostrar cómo las diferentes vulneraciones -como la falta de acceso a la tierra/territorio y al agua o al control de los recursos naturales -“impacta desfavorablemente en toda la población indígena, pero repercute en mayor medida y con más crudeza en los niños, niñas y adolescentes indígenas”.
“Consideramos necesario incorporar al análisis de la realidad la característica particular de pertenencia a un pueblo indígena de esos niños, niñas y adolescentes, enfoque que permite demostrar cómo las diferentes barreras en estos casos potencian las desigualdades”, enfatizan desde ENDEPA.
Por otro lado, el organismo destaca que las “innumerables situaciones de violencia y discriminación contra los Pueblos Indígenas” se han visto agravadas “durante los últimos años” y que no existe en Argentina ninguna política pública diferenciada direccionada a la niñez indígena.
El informe consta de 29 páginas y fue elaborado de manera participativa. Cuenta con los testimonios y aportes de líderes y lideresas indígenas, referentes de organizaciones no gubernamentales, instituciones, Iglesias y de institutos académicos. También recoge información de fuentes oficiales y de organismos de investigación.
Territorio
Uno de los aparatados está dedicado al análisis del “Acceso a la tierra – territorios. Pérdida del espacio vital”. Aquí se enuncia que “la Argentina no ha previsto mecanismo para la titularización de las tierras/territorios de los Pueblos Indígenas”. Y afirma que, pese a la importancia de la ley 26.160 para frenar los desalojos, “ni esta ley, ni las acciones del Estado pueden ser valoradas como un procedimiento acorde a los estándares internacionales que garantice sus reivindicaciones territoriales y, el posterior goce del derecho de propiedad de los pueblos indígenas”.
Desalojos, conflictos territoriales violentos, reducción de su territorio e imposibilidad de acceder a causes de agua y al monte son algunas de las circunstancias adversas que afectan a las Comunidades. Y cuando se dan desalojos violentos, son las niñas y niños quienes se ven mayormente afectados y traumatizados. El informe de ENDEPA destaca que, aunque la mayoría de los pueblos indígenas aún viven en zonas rurales, un número creciente de indígenas están migrando, voluntaria o involuntariamente, a las zonas urbanas, donde con frecuencia acaban viviendo en condiciones inadecuadas, en condiciones de extrema marginación, sin acceso a agua potable ni a servicios de saneamiento”.
Agua
El agua desempeña un papel importante en la existencia cotidiana de los pueblos indígenas y de la calidad de vida de los niños y niñas. Es un componente central de sus tradiciones, su cultura y sus instituciones y también un elemento clave para su sustento. El informe releva que “las fuentes naturales de agua utilizadas tradicionalmente por los pueblos indígenas, como los lagos o ríos, pueden no ser ya accesibles debido a la expropiación o la apropiación gradual de las tierras por otros. El acceso puede verse amenazado también por la contaminación ilegal o la sobreexplotación. Asimismo las fuentes de agua de los pueblos indígenas pueden haber sido desviadas para abastecer de agua potable a las zonas urbanas”.
“Desplazarlos de sus territorios o impedirles el acceso a sus recursos naturales implican una sentencia de muerte comunitaria. Esta afectación es común a todas las personas integrantes de las comunidades indígenas, pero tiene un mayor impacto en los niños, niñas y mujeres indígenas”, sentencia.
Educación
Sobre este tema, la investigación observa que el derecho a la educación se encuentra reconocido a nivel constitucional y garantizado por diferentes tratados internacionales, pero el informe destaca que conforme al Censo 2010 realizado en Argentina “el analfabetismo a nivel país ronda el 2,4%, ascendiendo en comunidades indígenas a 3,4%.” “Pero si consideramos regiones especialmente vulnerables, como la chaqueña los valores comienzan a ascender entre la población indígena: en Formosa el 6,1%; en Salta el 6, 6 % y en Jujuy el 7,9%. Si se considera la cuestión de género arroja que de las personas indígenas analfabeta 2 de cada 3 son mujeres”, explicita el documento.
La mayoría se encuentran escolarizados en el nivel primario “aunque con un alto nivel de repitencia”, y en secundario -como la oferta educativa es más acotada- el porcentaje de niños y niñas indígenas que asisten es menor. “En cuanto al Nivel Superior, son muy pocos los jóvenes que acceden, y si lo hacen, no tienen posibilidad de elegir libremente sus carreras, estando condicionados por la escasa oferta a su alcance”, añade.
Por otra parte, aunque la Educación Bilingüe e Intercultural (o EBI) se encuentra reconocida como derecho especial en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional y en diferentes Constituciones Provinciales, así como en la Ley Nacional de Educación N° 26.206, “el grado de aplicación de la EIB en Argentina es muy precario. No se observa una voluntad política de las autoridades educativas del Estado Nacional para cumplir con ella de modo efectivo”.
Salud
“La accesibilidad a la atención sanitaria demuestra que para la población indígena, en especial de niños, niñas y adolescentes, los servicios públicos constituyen la única opción (ya sea por condicionamientos geográficos o económicos) –destaca el informe-. En tal sentido aparecen como problema central las deficiencias de los mismos, particularmente las carencias de disponibilidad horaria de profesionales y el deterioro de programas de salud rural que demostraron ser una primera y eficaz avanzada para vencer barreras de accesibilidad a poblaciones dispersas y tradicionalmente desatendidas”.
Adicciones
La problemática de las adicciones en adolescentes y jóvenes indígenas se ha convertido, según la organización, “en un flagelo para las comunidades indígenas”.
Sostiene un párrafo del documento: “En Embarcación, Salta, la preocupación de la comunidad es la inseguridad ciudadana a raíz del consumo y tráfico de sustancias como la pasta base y marihuana”. El problema centra es la falta de ocupación de los jóvenes que incide en que tengan demasiado tiempo de ocio que les lleva al consumo, y una “notoria aculturación de los jóvenes de la comunidad Wichi” que, por otra parte, y “ante la falta de recursos están tomando como una salida económica inmediata el tráfico de sustancias controladas”.
Alimentación
En este apartado el estudio analiza la situación de comunidades indígenas del Impenetrable chaqueño. Sobre esta región pesa una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 18 de Septiembre de 2007 que dispone ordenar a los demandados (Estado Nacional y Provincia de Chaco) presentar un informe para que en el plazo de treinta días informen al Tribunal, con relación a las medidas de protección de las comunidades indígenas afectada. “De esa experiencia podemos concluir que atento al estado de emergencia crítico que predomina en la región y a la falta de medios de los miembros de las comunidades para poder acceder a los alimentos necesarios, el Estado ha realizado el esfuerzo de generar un programa que abastece a la población mediante cajas alimentarias. Pese a ello, esto se mantiene solamente en la región de El Espinillo y Villa Bermejito; desde el año 2012 se encuentra suspendido en la zona de Miraflores, por motivos políticos, sin haberse restaurado a la fecha. Por otra parte, los listados de beneficiarios fueron confeccionados hace más de 10 años, no recibiendo actualizaciones a la fecha ni incorporando a las nuevas familias producto de la unión de jóvenes. Ante estos casos se ven obligados a compartir los alimentos de la caja entre un número dos, tres y hasta cuatro veces superior al que debiera”, se grafica.
Seguridad Social
Los niños/as indígenas están habilitados para percibir la asignación universal por hijo (AUH), que requiere la acreditación anual de escolarización y controles de salud y se abona a los menores de 18 años. “El impacto de este beneficio social es sumamente positivo, en ese sentido se registra que las mujeres con hijos/as no suelen ir a trabajar a las fincas, siendo que en zonas de gran lejanía a una escuela las familias despliegan estrategias para garantizar la escolarización de sus hijos”, destaca ENDEPA.
Foto: La Tinta