Redacción Canal Abierto | “El Estado realiza una diferenciación entre el individuo y el manifestante, otorgándole a lo largo del año el carácter de enemigo interno como forma de vaciar las organizaciones y, a la vez, vaciar las movilizaciones”. De esta manera Jimena Frankel, integrante del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, define las conclusiones que arrojaron el Informe de Relaciones Laborales 2017, y el de Criminalización y Represión de la Protesta Social 2016-2017, realizados por el organismo junto con Liberpueblo.
Según Frankel, el informe de conflictividad laboral “muestra una caída del 12,9% de los conflictos tanto en el sector público como en el sector privado, que son acompañados de la incrementación de grandes movilizaciones masivas”.
La situación tiene explicación. En el Estado “sólo siguen en conflicto aquellos trabajadores que se quedan sin empleo, donde hay cierres de empresas, de despidos, deudas salariales y suspensiones. Lo que ocurre es que los trabajadores abandonan las grandes demandas salariales o de estabilidad y comienzan a reclamar por el sostenimiento de sus fuentes de trabajo”, relata la especialista en relaciones laborales.
Los informes revelan además un incremento de la violencia estatal frente a las demandas laborales, de la cantidad de hechos de detención en contexto de represión, de judicialización de dirigentes sindicales y sociales, y de intensificación de la violencia física.
“El Gobierno necesita un enemigo interno que sea el manifestante, para deslegitimar a quienes reclaman contra las políticas que vienen implementando en los últimos años”, remarcó Frankel.