Por Nano Nusbaum | En diálogo con el medio Retruco, Eduardo Barcesat indicó que “el Artículo 75 de la Constitución Nacional -en su inciso 27- dice que corresponde al Congreso de la Nación dictar las normas para las Fuerzas Armadas en tiempos de guerra y en tiempos de paz”, y explicó que “no es incumbencia del Poder Ejecutivo ampliar o modificar los roles existentes de la Fuerzas Armadas, sino del Congreso de la Nación”.
“El mismo texto que se publicó en el Boletín Oficial se podría haber enviado como proyecto de ley al Congreso de la Nación”, aseguró el abogado constitucionalista
“Si el presidente quiere un diálogo sincero y un debate serio sobre el rol de las Fuerzas Armadas, cosa que yo no le creo, el lugar en donde se debe dar esa discusión es en el Congreso. Lo que no se puede hacer -está taxativamente vedado por la Constitución- es por un decreto simple modificar el texto de las leyes en materia de organización de las Fuerzas Armadas o de Seguridad Interior. No hay legitimación alguna para que se puenteé el camino constitucional y que el Presidente se apropie de atribuciones propias del Congreso”, expresó.
Respuestas posibles
El especialista en Derechos Humanos planteó dos escenarios posibles de rechazo al decreto 683/2018: “uno de ellos es que el propio Congreso de la Nación asuma que han usurpado atribuciones que le son propias y, por lo tanto ejerza, su competencia anulando el decreto; y el otro sería en el Poder Judicial: ya sea por la vía Penal porque aquí hay una violación de deberes de funcionario públicos y abuso de autoridad, que yo definiría como paradigmático, o a través de una acción contenciosa administrativa, una acción de amparo, ya que el juez lo único que necesita es cotejar el texto del decreto con el de la Constitución para comprender que este quebranta la división de poderes, piedra basal del Estado de derecho”.
¿Qué debería hacer el Congreso?
Según el letrado, en caso de que el Congreso decida anular el decreto, debe reunirse, dictaminar y establecer que el Poder Ejecutivo nacional es incompetente y que sólo una ley puede anular o modificar la normativa vigente, y por lo tanto anular lo firmado por Mauricio Macri.
Juicio político
Además, Barcesat reflexionó sobre el peso de la medida presidencial. En este sentido, dijo a Retruco: “El pedido de juicio político ya viene impulsado por diversos antecedentes, incluso en el Congreso de la Nación hay más de 21 pedidos de juicios políticos por todas las otras tropelías institucionales que ha cometido el presidente.
“De todas formas, en este caso tiene la enorme gravedad de poner nuevamente en situación de riesgo los valores de la vida, la libertad y la integridad física y psíquica del ser humano. Y esto es muy grave”, señaló.
“Ya han pasado las 250 mil firmas y buscan llegar a 1 millón para que la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados le dé tratamiento”, indicó.
En relación a la gravedad del decreto que modifica el rol de las FFAA, el abogado sostuvo: “El pueblo argentino tiene memoria histórica de lo que pasó cuando las Fuerzas Armadas ingresaron a hacer represión interna y obviamente toda represión termina en muertes y en muertes del pueblo”.
En este marco adverso, Barcesat se mostró optimista sobre las acciones que se llevarán a cabo en respuesta al decreto: “las instituciones de Derechos Humanos ya han convocado a una marcha para el día jueves al Ministerio de Defensa para reprochar este engendro descalificable. Seguramente van a articular los mecanismos jurisdiccionales que van a impulsar para bregar por la declaración de nulidad e inconstitucionalidad del decreto”. Aclaró que esto se dará ante “un Poder Judicial desvalorizado que ha perdido credibilidad ante la opinión pública”.
Una respuesta al fracaso del plan económico
Para el reconocido abogado constitucionalista, el presidente Mauricio Macri tomó esta decisión sobre las Fuerzas Armadas porque “tiene conciencia clara que el plan económico ha fracasado y que va a seguir un ajuste peor, con incrementos tarifario e inflacionario que por las medidas pedidas por el Fondo Monetario Internacional no se van a detener, en un contexto de fuga de capitales. Y cuando la protesta popular crezca y la indignación haga que la gente gane las calles, lo único que le va a quedar al Gobierno nacional es el bastón de abollar ideologías. Y ese bastón ya sabemos a dónde conduce: muertes en el sector popular o que el presidente abandone el cargo como ya ocurrió con De la Rúa, un inepto para gobernar, que nos dejó endeudados y que debió después de poner el Estado de Sitio, subir al helicóptero en la Casa Rosada y dejar el cargo de presidente de la forma más irregular, abrupta y anti-institucional que pueda uno imaginar”.