Redacción Canal Abierto | El ministro de Defensa decidió anular una resolución de 2010 que había pasado a retiro a 25 jefes militares. Oscar “Milico” Aguad justificó a los medios que se dicha decisión se habría basado en la persecución ideológica y en la portación de apellido, ya que algunos de los oficiales que la entonces ministra Nilda Garré no propuso para ascender eran parientes de represores y genocidas condenados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
Sin embargo, la reciente resolución de Aguad no expresa esos argumentos. Ni otros.
Así, los jefes pasan a retiro ahora, y por lo tanto se les computarán los ocho años transcurridos como si hubieran estado en actividad, por lo que el Estado les dará una millonaria compensación económica.
Uno de los que Aguad decidió indemnizar es el teniente coronel Roberto Augusto Vega, que en su momento bramó en un acto ante soldados algo sobre la lucha “contra el terrorismo apátrida que pretendía cambiar la bandera por un trapo rojo”.
Sandra Raggio, directora de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), explica a Canal Abierto: “Los fundamentos de la ministra Garré nos parecen correctos, no se trata de un trabajador, es personal jerárquico de las Fuerzas Armadas, que comanda tropas, que tiene responsabilidades mayores y por lo tanto hay que ser absolutamente sensible en cuanto a quién se asciende, cómo piensa y qué grado de involucramiento tiene con los valores democráticos, y es un valor ineludible que repudie y exprese una posición incontrastable con respecto a la dictadura”.
“Es inadmisible que haya miembros de las Fuerzas Armadas que no repudien, y reivindiquen la dictadura. Es un retroceso. Es una exigencia a cualquier presidente, que es el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, que preste particular atención a quiénes se asciende. Evidentemente ha habido algún planteo, es una respuesta a una demanda, no tiene ningún sentido político”, alerta Raggio.
En una entrevista publicada en el diario Página/12, la ex ministra Nilda Garré negó las acusaciones de Aguad: “La decisión de no ascenderlos no fue por ‘ser hijos de’, sino porque ellos no manifestaron conductas democráticas y vocación de la defensa de los derechos humanos”.
Por su parte, el actual titular de la cartera aclaró que “algunos de esos militares, del Ejército y la Armada, serán ascendidos a coroneles y generales, pero no vuelven a la actividad, quedan retirados”, a pesar de que es el Senado el que debe aprobar los ascensos propuestos por el Ejecutivo.
El secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), José Schulman, advierte a este portal que la decisión “se inscribe en la línea de la reivindicación del terrorismo de Estado y el genocidio, de banalizar a los 30 mil desaparecidos y pretender que se puede sostener un discurso de apología del genocidio como algo natural”.
“No sólo estamos de acuerdo con que hayan sido apartados estos militares sino que siempre pensamos que debía hacerse una investigación muchísimo más rigurosa, que en su momento hubiera deparado la separación de Milani y otros como él que han mantenido posiciones dentro del Ejército a pesar de haber participado en el terrorismo de Estado”, lamenta el referente de la LADH.
Por último, Schulman alza la voz asegurando: “Consideramos una provocación del Poder Ejecutivo esta reivindicación, en un país donde se arrasan los derechos y se condena al hambre a millones de personas ahora se pretende otorgar una suma súper millonaria a militares a los que no les falta nada porque son herederos de fortunas mal habidas por sus padres genocidas de la dictadura”.
Otros involucrados del Ejército son Roberto Ruzzante, quien habría mostrado su solidaridad con el represor Alejandro Duret, condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Carlos Labolita, el amigo desaparecido de Néstor Kirchner; y también el teniente coronel Oscar Faisal, que habría brindado asistencia a militares que estaban siendo juzgados en Corrientes por delitos de lesa humanidad.
Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, coincide en que se trata de “un retroceso enorme en derechos humanos, el pueblo desde hace muchos años tomó conciencia de los que significa juicio y castigo a los culpables, por eso la reacción contra el 2×1”.
El titular de la histórica seccional de la APDH recuerda: “En un congreso que se realizó en Irlanda a fines de 2015, faltando una semana para el ballotage en nuestro país, me tocó hablar de Argentina y señalé que estábamos muy preocupados por la elección porque si ganaba Macri podía haber un retroceso muy grande en materia de derechos humanos. Eso se empezó a confirmar apenas asumió, con distintos episodios y ahora esto, en línea con lo que está viviendo el mundo y particularmente la región”.
Para finalizar, Pimentel llamó la atención sobre el rol de los organismos y la sociedad: “Hay sectores que tenemos que hacer una fuerte autocrítica sobre porqué pasa todo esto después de que pensamos que se habían afianzado valores que no se iban a volver a discutir. Y no solamente se discuten sino que los gobiernos pueden aplicar políticas en contra sin mucha dificultad”.