Por Pablo Bassi | Horas después que el Gobierno ampliara las facultades de las fuerzas federales de abrir fuego, la Justicia de Río Negro condenó este martes a cuatro años de prisión efectiva por dos casos de gatillo fácil al ex secretario de Seguridad y Justicia Víctor Cufré, al ex jefe de Policía Jorge Villanova y al ex jefe de la Regional III Argentino Hermosa.
La Cámara Criminal los encontró coautores de homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y los inhabilitó a ejercer cargos públicos. “No debieron abandonar la ciudad; ameritaba que la máxima cúpula de Seguridad se quedara en Bariloche”, señaló el presidente del Tribunal, Marcelo Barrutia, durante la lectura del fallo.
Cufré, Villanova y Hermosa decidieron al mediodía del 17 de junio de 2010 viajar a la ciudad de El Bolsón, mientras que en Bariloche se desataba desde las 7.30 una intensa represión alrededor del barrio obrero Furman, luego de que un agente fusilara por la espalda al joven de quince años Diego Bonnefoi, crimen que fue juzgado en 2011.
Los magistrados condenaron también a los policías Víctor Pil, Marcos Epuñán y Víctor Sobarzo a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para manejo de arma. Fueron encontrados coautores materiales de disparos en agresión agravados por el uso de armas de fuego que dieron muerte a Sergio Cárdenas, un cocinero del Llao Llao desangrado durante la tarde de aquella jornada mientras resguardaba a un niño, según el relato de una testigo durante el juicio.
Nicolás Carrasco, de quince años, ayudante de albañil, fue la otra víctima de la extralimitación policial: cayó al piso con cuatro balazos, cuyos autores no lograron ser identificados.
“Ninguna protesta social puede justificar los excesos represivos y utilizar postas de plomo para reprimir una protesta por más violenta que sea. Es un exceso repudiable”, agregó Barrutia.
Ausencia de conducción planificada
A la salida de los tribunales convivían sentimientos encontrados. Mientras los familiares víctimas se desahogaban descontentos con un fallo que no logra reencarnar a sus muertos, la Multisectorial contra la Represión Policial de Bariloche –motor de la resistencia contra la impunidad a lo largo de ocho años- compensaba las sensaciones.
“La corporación policial, política y judicial hizo lo posible para que este juicio no sucediera. Al final logramos arrancarle al poder este juicio, quedó demostrado que las balas asesinas salieron de la policía, que se ordenó reprimir la protesta social y que funcionó la cadena de mando”, señaló al portal de noticias Al Margen Carolina Alac.
Las expectativas con las que habían llegado a la lectura de la sentencia eran desalentadoras. Durante los alegatos, la fiscalía pidió para los autores materiales y responsables políticos menos años de los que finalmente consideró la Cámara.
“La sentencia contra Cufré es muy importante, porque fue el emblema del poder discrecional y violento, y de cuanto negocio ilegal hubo en esta provincia durante quince años. Esta sentencia compensa, de algún modo, tantos casos de trata de niños y violencia de género”, dijo Susana Lara, integrante de la multisectorial
“Se reconoció que lo que hubo fue una protesta social”, dijo Marcela Cano, también militante de derechos humanos. “Y que no se puede reprimir la protesta social con balas de plomo”.
Las abogadas querellantes Marina Schifrin y Natalia Araya anticiparon que apelarán la sentencia. Entre otros motivos, porque los jueces absolvieron al segundo jefe de la Unidad Regional Fidel Veroiza, a quien Schifrin involucró partícipe de la “ausencia de conducción planificada”.
Hasta que la sentencie quede firme, los cinco condenados permanecerán en libertad.
El juicio
Los familiares, la querella y los fiscales habían calificado de histórico al juicio, sólo comparable con el que en 2006 sentenció a Enrique Mathov, secretario de Seguridad de Fernando De la Rúa, y al jefe de la Policía Federal Rubén Santos, por los crímenes alrededor de Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2001.
Durante casi veinte días declararon más de 60 testigos, incluidos el exgobernador radical Miguel Saiz y su ministro de Gobierno, Diego Larraguy.
Prueba fotográfica aportada por una reportera demostró que los agentes usaron en forma generalizada las escopetas apuntando directo a los cuerpos de los manifestantes. Entre ellos, Víctor Pil, finalmente condenado por el crimen de Cárdenas.
El físico forense Rodolfo Pregliasco, a cargo de una pericia interdisciplinaria de análisis de imágenes y sonidos, declaró que la tarde del 17 de junio de 2010 hubo 37 jóvenes manifestándose en la calle en el momento de mayor concentración documentada, a la vez que 57 policías en cinco grupos con doce escopetas y una descarga promedio de 15 cajas de munición en dos horas, equivalentes a 366 balas.
Fotos: Euge Neme