Por Sergio Alvez | En varios municipios de la provincia de Misiones, las sedes de las empresas de servicios básicos y los edificios municipales fueron en la ardiente jornada del martes 29 de enero epicentros donde, con acciones concretas, se canalizó el malestar cada vez mayor de la ciudadanía ante los abusos en materia tarifaria y prestataria. En unidad -como desde hace más de un año-, las organizaciones que confluyen en la Coordinadora de Trabajadoras/es en Lucha vienen vehiculizando un descontento social mayúsculo, provocado por el crecimiento irracional del costo domiciliario de bienes que representan derechos, como el agua, la energía eléctrica y el transporte. El repudio a los tarifazos se suma a las consignas ya históricas que dieron lugar a esta experiencia colectiva de lucha: la desocupación, los salarios y el trabajo precario, la falta de acceso a la vivienda y la tierra, la explotación, el desguace de la salud y la educación pública, entre otras causas vigentes.
Las movilizaciones que la Coordinadora protagonizó –como las del pasado 17 de enero- se nutrieron no sólo de la demostración de fuerza en el espacio público, sino que fueron respaldadas por gestiones –petitorios, documentos, denuncias, amparos, audiencias- que persiguen un mismo objetivo: que la dirigencia de municipios y empresas establezcan las pautas para la retracción de tarifas y la garantía de la accesibilidad a los servicios a los sectores que lo demandan. De no mediar respuestas favorables, el escenario es predecible: la agudización del conflicto social.
Arde el sur
En la Zona Sur, fue la ciudad de Apóstoles la que concentró la bronca de usuarias y usuarios de ese municipio pero también de San José, Azara, Concepción de la Sierra y otras localidades de la región. Aquí las problemáticas abarcan a todos los servicios. En materia de agua, el servicio que brinda la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, Vivienda y Créditos de Apóstoles Limitada (C.O.S.P.A.L) no sólo es costoso sino que a falta de infraestructura adecuada, no llega a todos los barrios. Por ello, la sede de esta entidad fue uno de los puntos dónde la masiva movilización hizo pie, convocando de manera urgente a las máximas autoridades de dicha Cooperativa, a encontrar soluciones a las demandas planteadas.
María Alvez, referente de la Asociación Trabajadores del Estado Zona Sur, informó que “en cuanto al servicio de transporte público, a partir de esta marcha, el intendente de Apóstoles convocó a las organizaciones a una audiencia para el próximo martes. Y en EMSA, dónde también estuvimos manifestando, se logró el compromiso con un plazo determinado para que las autoridades provinciales den una respuesta ante los reclamos por los tarifazos tremendos en la zona, que nadie puede pagar”.
En Apóstoles, desde mediados de enero, el boleto urbano cuesta 25 pesos –por resolución del Concejo Deliberante- y experimentó una suba del 31,58 por ciento, pese a que la empresa recibe subsidios por parte del municipio.
“Hay mucha bronca por el precio del transporte, ante un servicio que además de caro es deficiente. Mucha gente ya no puede afrontar el costo de los viajes, pero la empresa sigue recibiendo fondos de las arcas municipales. Estamos exigiendo la retracción urgente de la tarifa”, indicaron desde CTA Regional Apóstoles.
Se levanta Jardín
En Jardín América, el promedio de la tarifa energética oscila en los 3 mil pesos por familia. En cuanto al agua potable, el servicio no alcanza a abastecer a diversos barrios humildes. El municipio que conduce el intendente Oscar Kornoski, según denuncian las organizaciones sociales de la Coordinadora, adeuda infraestructura en las barriadas, perjudicando la calidad de vida de miles de vecinas y vecinos. “Hoy salimos a las calles de Jardín nuevamente, porque sufrimos las consecuencias de las altas tarifas en los servicios públicos y el mal servicio de los mismos; salimos a las calles a exigir una solución y seguiremos insistiendo hasta obtenerla. Nos matamos trabajando para poder ganar el pan de cada día y tenemos que trabajar el doble para poder pagar la luz y el agua. Es un robo«, aseguraron desde la organización Seamos Libres.
Tensión en Garupá
Garupá en tanto, vivenció una fuerte movilización, que no estuvo exenta de momento de tensión cuando una patota del intendente Luis Ripoll, junto a efectivos de seguridad, bloquearon el arribo de las ciudadanas y ciudadanos que protestaban y exigían la presencia del alcalde en adyacencias al edificio municipal.
“Los barrios de Garupá están sin agua desde hace semanas. La situación es dramática. Niños y niñas internados por deshidratación. Personas con heridas en la piel. Otras sufriendo de gastroenteritis. La respuesta del municipio que desgobierna el renovador Luis Ripoll es hasta hoy represión policial y remeras mentirosas, identificándose como Municipio Saludable”, subrayaron desde el Partido Agrario y Social.
Nicolás Acosta, militante de la Federación Juvenil Comunista (FEDE), aportó lo siguiente: “nos movilizamos en Posadas y Garupá contra los continuos tarifazos impagables, las pésimas condiciones en las que se brindan los servicios públicos, y por la estatización de las empresas que ofrecen los mismos, en manos del pueblo. A pesar de la presencia de la policía de Ripoll y el amedrentamiento a les compañerxs. En Garupá, el pueblo salió a las calles a gritar ¡Basta de impunidad! al Gobierno de Cambiemos, que con la complicidad del gobierno provincial hambrea a la clase trabajadora y genera una profunda crisis económica que padecemos les trabajadores y que nos asesina mediante la desidia del Estado, mientras los monopolios se enriquecen a costa nuestra”.
Unidad en Oberá
En la Zona Centro, la mayor manifestación tuvo lugar en la ciudad de Oberá. Ahí, organizaciones de la Coordinadora, marcharon hacia el municipio, la sede de la CELO, y finalmente a la delegación local del sindicato UATRE. Este último punto tuvo relación con la lucha del sector tarefero por la interzafra y las condiciones laborales históricamente desfavorables.
Graciela De Melo, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), participó de la marcha obereña. “Hay muchos sectores como los tareferos, que cobraron apenas un interzafra de 2300 pesos, otros miles que no tienen trabajo, y que hoy ante los tarifazos están realmente desesperados. Por eso más que nunca es importante salir a buscar la más amplia unidad de los sectores vulnerabilizados, para derrotar este ajuste brutal del gobierno de Macri contra el pueblo”, afirmó.
A pocos kilómetros de Oberá, en la Colonia Mártires, un grupo de militantes de la CCC se convocó sobre la ruta, para apoyar a la lucha contra los tarifazos: “Estuvimos reunidos los que estamos trabajando en el proyecto de huertas y los que están en la lucha por tierra, techo y trabajo; es un grupo no muy grande porque hace 3 meses que nos organizamos aquí en Mártires, pero ya somos más de 30 apoyando a la organización. Hicimos una olla popular y levantamos la acción a las 16 horas, previa asamblea en la cual discutimos nuestras problemáticas y los pasos seguir en la lucha por la tierra”.
Montecarlo: varias reivindicaciones
Hacia el norte provincial, la CTA Montecarlo protagonizó una movilización que además de repudiar los tarifazos, incluyó un decidido apoyo a los trabajadores de la fábrica de terciado Henter, quienes mantienen una protesta ante la falta de pago de salarios y reducciones en la carga horaria. En el marco de esta jornada de lucha, la CTA local mantuvo una audiencia con el intendente Jorge Lovato. “Entre los puntos tratados se resolvió el pago de sueldos para las cocineras de la Escuela de Frontera n° 607; garantizar los servicios de Agua y Energía para los barrios Vista Alegre y 4 Bocas, garantizar la asistencia alimentaria a los sectores que lo necesitan, seguir trabajando en la organización, medición y emparejamiento de la ex cantera del barrio Malvinas recientemente pasado al banco de tierras municipal; avanzar en proyectos educativos para los tareferos, campesinos y desocupados. Pedir conjuntamente a Ministerio de Desarrollo Social de la provincia útiles escolares y guardapolvos. En el marco de respeto, con el diálogo se va avanzando con pequeños pasos para el bien común de los trabajadores y los vecinos”, reportaron desde la organización.
La capital
En tanto, en Posadas, la movilización de la Coordinadora volvió a ser masiva y trazó un itinerario que incluyó las sedes de SAMSA, EMSA, el municipio y la Casa de Gobierno.
Aquí, en la capital provincial, la marcha dio inicio en el edificio de la empresa Servicios de Aguas de Misiones SA, una compañía de capitales extranjeros que regentea el agua potable de las ciudades de Posadas y Garupá, desde que el mismo fue privatizado. La ley provincial Nº 3391, sancionada por la Legislatura de Misiones el 26 de diciembre de 1996, declaró sujeta a privatización mediante concesión la prestación de los servicios de agua potable que a la fecha de su promulgación venía desarrollando la Administración Provincial de Obras Sanitarias (APOS). El intendente de Posadas desde 1995 era el ingeniero Carlos Eduardo Rovira y el gobernador de la provincia era otro ingeniero, Federico Ramón Puerta.
SAMSA: el saqueo del agua
La ley provincial Nº 3523 por la Cámara de Representantes de Misiones, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones para la concesión del servicio público de Agua Potable y Desagües Cloacales para las ciudades de Posadas y Garupá. La Provincia llamó a Licitación Pública Internacional, actuando como Autoridad de Aplicación en esa instancia el Ministerio de Economía y Obras Públicas de la Provincia. Finalmente y después de las etapas de precalificación, evaluación de las ofertas en aspectos técnicos y económicos, la misma fue adjudicada a la empresa de capitales españoles Servicios de Aguas de Misiones Sociedad Anónima, SAMSA.
El objeto del contrato de concesión firmado entre SAMSA y la provincia de Misiones es la prestación de Servicio de Agua Potable y Desagües Cloacales, entendiéndose que tales servicios implican la captación, tratamiento, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de agua potable en las localidades de Posadas y Garupá. El plazo de concesión otorgado a la firma española fue de 30 años contados a partir del 1 de agosto de 1999, fecha de la toma de posesión por parte de la empresa.
“Misiones es una provincia afectada terriblemente por la represa de Yacyretá, pero pagamos las tarifas de luz más caras del país. Estamos encima del Acuífero Guaraní, rodeados de ríos y arroyos, pero pagamos el agua cara, cientos de barrios no tienen el servicio, y en Posadas el servicio está privatizado. Esto es fruto de un saqueo con el cual es preciso terminar. Hoy la provincia se levanta y dice basta a tanto atropello contra el pueblo”, manifestaron desde la Coordinadora.
Energía: una estafa colosal
La energía que compraba Energía de Misiones SA (EMSA) a CAMMESA en 2015 costaba en promedio 15 millones de pesos mensuales. Esta cifra se disparó a unos 350 millones de pesos mensuales durante 2018. En paralelo, la quita del subsidio nacional a la energía eléctrica –culminó el 31 de diciembre- otorga una nueva excusa al gobierno provincial, para un incremento que ya se anunció, se repetirá tres veces este año. La anunciada “tarifa social” que alcanza a un porcentaje de usuarios, irrumpe como un maquillaje que busca disimular aumentos indisimulables y que depredan salvajemente las economías domésticas y que golpean además en las Pymes y el sector cooperativo.
La empresa energética estatal y los medios oficialistas hacen malabares imposibles para intentar explicar lo que en los barrios se vive con crudeza: ya no se puede pagar la luz. Pero, ¿por qué es cara la luz en una provincia que fue salvajemente afectada por las consecuencias adversas de la represa hidroeléctrica Yacyretá? ¿Por qué debe comprar energía Misiones a pesar de haber hecho un sacrificio territorial, ambiental, sanitario y social de gigantesca envergadura para que la represa pueda funcionar?
Son preguntas cuya única explicación se halla en los manejos entreguistas y las administraciones políticas nefastas que se fueron sucediendo en la provincia. Ochenta mil familias relocalizadas, decenas de miles de hectáreas inundadas, miles de unidades productivas destruidas, irrupción de enfermedades vectoriales, pobreza y desocupación. El saldo que le cobró la Entidad Binacional Yacyretá a Misiones por la represa, pareciera no haber sido suficiente. Considerando estos antecedentes y a la luz de los números que exponen las facturas, Misiones paga la luz más cara del país. Ninguna provincia entregó tanto para no recibir absolutamente ninguna compensación tarifaria. Las misioneras y misioneros deberíamos tener energía eléctrica gratuita o a costo simbólico. Sin embargo, lo que tenemos, es esa bronca inmensa que se hizo sentir en las calles y que seguramente irá creciendo cada vez más.