Justicia patriarcal

“Queremos volver a vivir nuestras vidas”

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Redacción Canal Abierto | “Era la 1.30 de la tarde. Estábamos en Constitución con Mariana, mi esposa, y, como yo entraba a trabajar a las 2, nos quedamos charlando y fumando. Estábamos en la parte del domo porque se largó a llover y toda la gente se metió ahí, éramos muchos fumando. En eso un tipo de Metrovías, después de mirarnos un rato largo y de hablar con el policía Jonathan Rojo, se acercó a Mariana y le dijo que apagara el cigarrillo. Sólo se le acercó a ella, aunque estaban todos fumando y no había carteles que lo prohibieran. Le dijimos que lo terminábamos y nos íbamos, entonces se acercó el mismo policía y le dijo: ‘Pibe, apagá el cigarrillo’ mientras la empujaba en el pecho”. Así relata Rocío Girat la tarde del lunes 2 de octubre de 2017.

Acto seguido, Mariana fue empujada al piso donde Jonatan Maximiliano Rojo, oficial de la Policía de la Ciudad, le pisó el cuello. Luego fue esposada durante tres horas y media en la estación frente a toda la gente. A Rocío, su esposa, le negaron información sobre el lugar donde iban a llevarla y la trataban de “amiga” incluso luego de que ella presentara el acta de matrimonio que llevaba consigo. Durante ese tiempo llegó el SAME y no la atendió, aunque visiblemente tenía la cara lastimada por el golpe. Recién a las 19 pudieron saber el nombre del efectivo que la detuvo, quien se había negado a identificarse. El cargo por el que fue detenida, resistencia a la autoridad, dista mucho de lo que requiere una contravención por fumar en un lugar prohibido.

Hoy vemos todo como una provocación, pero el colmo es que en varias fojas del expediente se habla del imputado, o incluso que durante la última audiencia, la fiscal llamara Mariano a Mariana”, cuenta Rocío, en diálogo con Canal Abierto.

Días atrás, la jueza Marta Yungano, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 que lleva el juicio que recae sobre Mariana, decidió la postergación del veredicto producto del ruido. Afuera del recinto, un conjunto de organizaciones se manifestaban en rechazo del proceso judicial. Casualmente, la fecha estipulada por la justicia es este 28 de junio, Día Internacional del Orgullo Gay.


En la audiencia trunca del pasado miércoles, la fiscal Diana Goral solicitó una pena de dos años de prisión para Mariana por el “delito de resistencia a la autoridad en concurso real con el de lesiones graves», mientras que la defensa de la joven pidió la absolución.

Al carácter homofóbico de la actuación policial, a lo largo del proceso judicial se sumaron otras postales sintomáticas de una Justicia que vulnera derechos y libertades de la comunidad, en particular las del colectivo LGBTIQ. “Hoy vemos todo como una provocación, pero el colmo es que en varias fojas del expediente se habla del imputado, o incluso que durante la última audiencia, la fiscal llamara Mariano a Mariana”, cuenta Rocío, en diálogo con Canal Abierto. 

En cuanto a la imputación por lesiones, es tal el grado de sinrazón de la acusación que hasta la policía mujer que actuó -supuesta víctima de Mariana- declaró que  la acusada no había tenido intención de lastimarla. Según testificó, Mariana se “agarró de lo que pudo (su pelo)” en el momento en que Rojo la violentaba para arrojarla al suelo”. La fiscal y la jueza no sólo eligieron no dar peso suficiente al testimonio, sino que argumentaron como aún “más grave” esa supuesta agresión a la oficial porque, explicó Goral, las mujeres sufren más tener una “alopecia visible” que los hombres.

En su declaración, el oficial Rojo expuso que trató de contener y consolar a Rocío, y tildó de violenta a Mariana, en un intento por caracterizar a Girat como una persona débil e impedida para defenderse por sus propios medios. “Yo también me defendí, pero parece que el policía entiende que los golpes de una mujer no valen”, plantea.

Desde aquella tarde de octubre de 2017, Mariana y Rocío no sólo atraviesan el calvario judicial que tendrá su corolario este viernes. La Justicia les impuso una garantía de caución de más de 50.000 pesos. “No tenemos ese dinero. Somos trabajadoras, y al igual que cualquiera en este país se nos hace difícil llegar a fin de mes. En nuestro caso se suma otra cuestión, y es que como lesbianas nos cuesta aún más insertarnos en el mercado de trabajo”, explica Rocío.


“Esta situación nos fortalece, pero a veces sentimos que no tenemos más fuerzas y llegamos a casa con la cabeza reventada. Estamos pagando un precio muy alto. No somos personas violentas y está situación estanca nuestros proyectos. Queremos volver a vivir nuestras vidas”, agrega, y relata distintos hechos de discriminación producto de la exposición pública que tomó el caso. “Vamos caminando de la mano, todo el mundo sabe quiénes somos y no siempre recibimos comentarios amables. Nos ha pasado que nos griten ´ahí van las tortas de Constitución´”.


Por otro lado, la cónyuge de Mariana relata que desde que ocurrió el hecho “nadie del gobierno, ningún funcionario” se comunicó con ellas. Por el contrario, el INADI, donde ambas radicaron una denuncia por discriminación con testigos y material audiovisual, se limitó a sacar una resolución desentendiéndose del asunto. “Se lavaron las manos”, opina.

Más información: Procesada por besar

Una historia de injusticias

Mariana Gómez y Rocío Girat se conocieron en 2014, en los estudios de Telefé, cuando fueron a dar testimonio sobre los abusos sexuales que habían sufrido cuando eran menores de parte de familiares, y a reclamar prisión efectiva para quienes habían sido sus violadores.

Marcelo Girat, un oficial de la Armada, violó y golpeó sistemáticamente a Rocío, su hija, durante toda su adolescencia. Si bien su denuncia terminó con la condena a 14 años de prisión para su progenitor, éste logró el beneficio de la prisión domicilia al poco tiempo.

En el caso de Mariana, su violador también goza de arresto domiciliario porque en la cárcel carecen de los insumos para tratar su diabetes. “Que el Estado gaste dinero en esta causa contra nosotras es vergonzoso y doloroso, sobre todo cuando podría destinarlo para, por ejemplo, tratar a gente que sufre enfermedades en la cárcel y no dejarlos en libertad”, señala Rocío.