Redacción Canal Abierto | Mientras el humo de los incendios en la región amazónica se expande por todo el subcontinente, una batalla desigual se libra en el territorio brasileño. Los pueblos indígenas amazónicos, los ambientalistas y los movimientos sociales intentan detener una catástrofe que arrastrará no sólo a este país sino al planeta. Del otro lado, con un bidón de nafta en la mano, el presidente Jair Bolsonaro, los hacendados, los madereros y las multinacionales del agronegocio y la minería se preguntan por qué se debe detener el avance del mercado sobre el mayor pulmón planetario.
Alexandre Araujo Costa es físico, doctorado en Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Colorado, profesor de la Universidad Estatal de Ceará y ambientalista. Fue uno de los redactores del Primer Informe Nacional de Evaluación del Cambio Climático, la primer síntesis científica de la situación del calentamiento global estudiado desde la perspectiva de Brasil.
Es reconocido en Brasil como activista climático y ambientalista, como divulgador de la ciencia y de las incidencias del cambio climático. En su lucha por la implementación de políticas ambientalmente responsables fue candidato del PSOL para el congreso federal por Ceará, su estado.
Durante el comienzo del gobierno Lula, con Marina Silva como ministra, el proceso se transformó en un debate público, y se discutió qué tipo de política llevar adelante para evitar la catástrofe que implicaría el ritmo acelerado de desmonte y extinción de la selva.
Alexandre, ¿Bolsonaro está quemando la Amazonia a través de las rutas que trazaron Lula y Dilma?
-Los grandes emprendimientos en la Amazonia, rutas, hidroeléctricas y otros, comenzaron en la época de la dictadura militar. Ese fue un período marcado por grandes masacres de pueblos indígenas, especialmente los Waimirí-Atroarí con miles de muertos en aquel tiempo. Luego, a lo largo de los años 90 e inicio de los años 2000, los ataques volvieron a crecer bastante debido a la reorganización del capital internacional, el boom de la soja, y se llegó a una situación calamitosa en los años del inicio del gobierno Lula, años 2003 a 2005 inclusive. Durante ese período yo participé de una investigación para el análisis del impacto de las queimadas (quemas) en el comportamiento de las nubes de la Amazonia. Llegamos a la conclusión de que las nubes contaminadas formadas sobre las queimadas, tenían un comportamiento diferente con dificultades de producir precipitaciones.
Durante el comienzo del gobierno Lula, con Marina Silva como ministra, el proceso se transformó en un debate público, y se discutió qué tipo de política llevar adelante para evitar la catástrofe que implicaría el ritmo acelerado de desmonte y extinción de la selva.
Así se iniciaron una serie de respuestas del gobierno Lula. Por un lado se fortaleció el sistema de monitoreo de quemas, el INPE (Instituto Nacional de Investigación Espaciales) fue bastante fortalecido en ese proceso. Hoy tenemos sistemas muy avanzados que no envidian en nada a otras agencias espaciales de los países centrales. Además de eso, hubo políticas de cortar el crédito a los desforestadores y al agronegocio. Cuando analizamos el proceso iniciado a partir del comienzo del gobierno Lula, se puede constatar que estas políticas tuvieron éxito.
El golpe contra Dilma vino acompañado por una serie de operaciones de sectores económicos que querían que la agenda ultra liberal y antiambiental fuese implementada con mucha más fuerza aún. Entonces se inició el avance de las contrarreformas contra la legislación del trabajo, contra las jubilaciones y se reinició el desmonte. Finalmente llega Bolsonaro y profundiza esta línea.
En 2004 y 2005 el número de quemas en el Amazonas sobrepasó los 200 mil focos por año. A partir de allí hubo un decrecimiento de las quemas, que llegaron a un mínimo en 2011 en el que hubo 50 mil focos. Entonces el fortalecimeinto del monitoreo, la fiscalización del IBAMA (Instituto Brasilero del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables), sumado a las medidas económicas tuvieron efecto. Esas políticas deberían haberse mantenido.
El gobierno de Lula no fue, claramente, un ejemplo de protección ambiental. Podemos citar como contraejemplo la represa de Belo Monte (un emprendimiento hidroeléctrico sobre el río Xingú en el estado de Pará. Para la población de la cuenca de este río, la construcción ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos, 20.000 personas han sido desplazadas), pero si se hubiese seguido esa línea de políticas de protección ambiental hoy podríamos estar en un punto de desmonte cercano al cero.
La cosa comenzó a sufrir una inflexión con el gobierno de Dilma, con el alineamiento mayor con el agronegocio. No en vano nombró ministra de Agricultura a Katia Abreu –líder ganadera-, como diputada presidió la bancada ruralista en la Cámara.
En paralelo a esto, se estaba redactando la modificación del Código Forestal. Su redactor fue Aldo Rebelo, que hoy está en un partido de derecha pero en ese momento era miembro del PC do B (Partido Comunista) y ocupó varios ministerios de la gestión Dilma. La reedición del código disminuyó la legislación protectora de las selvas.
El golpe contra Dilma vino acompañado por una serie de operaciones de sectores económicos que querían que la agenda ultra liberal y antiambiental fuese implementada con mucha más fuerza aún. Entonces se inició el avance de las contrarreformas contra la legislación del trabajo, contra las jubilaciones y se reinició el desmonte. Finalmente llega Bolsonaro y profundiza esta línea.
Lo que sucede hoy es que Bolsonaro está desmantelando las políticas que se consiguieron, especialmente con Marina Silva como ministra de Ambiente. Básicamente, él fragiliza los órganos de fiscalización como el IBAMA, ataca al INPE con una catarata de fakenews y hace prácticamente un llamado explícito a los hacendados, a los madereros y a los garimpeiros (mineros) de invadir tierras indígenas, matar y quemar.
Recientemente, ganaderos y hacendados lanzaron un llamamiento que llamaron Día del Fuego, en apoyo a los dichos y políticas de Bolsonaro. No hubo ningún gobierno que haya llegado a tanto, el mayor bioma continental del planeta está en peligro.
También debemos recordar que Bolsonaro comenzó su presidencia de la peor forma posible para los pueblos indígenas de Brasil, le quitó la responsabilidad de la demarcación de las tierras indígenas a la FUNAI, el departamento de asuntos indígena y se la otorgó al Ministerio de Agricultura, lo que significó prácticamente una declaración de guerra abierta contra los pueblos.
¿Qué estrategias se pueden poner en movimiento para detener esta masacre?
-Es preciso movilizarse, inundar las redes sociales. Hay múltiples llamados de actos de protesta en todo el Brasil contra la destrucción de la selva amazónica. Pero no creo que se pueda conseguir una victoria aisladamente a partir del movimiento ambiental si no se consigue apoyo popular y una alianza con otros movimientos sociales y la solidaridad internacional.
Es necesario desplegar una campaña internacional de denuncia contra Bolsonaro y el ministro de Ambiente, Ricardo Salles. Es preciso ejercer presión sobre todos los parlamentos y gobiernos que tienen fuerte relación comercial con Brasil, como Argentina y la Unión Europea, para que apliquen sanciones a los productos agropecuarios de origen brasilero, en cuanto se les toque el bolsillo a los ruralistas eso va a surtir efecto. Hay que combatir el contrabando de madera, de oro y minerales raros. Hay que ocupar los consulados, embajadas y sedes de las trasnacionales brasileñas, que sean blanco de protestas en todo el mundo para mostrar que hay una sociedad globalmente preocupada y solidaria con el destino de la biodiversidad y el clima del planeta.
Foto superior: Daniel Beltrá / Greenpeace