Redacción Canal Abierto | Los habitantes la Casa Santa Cruz nucleados en la Cooperativa de Vivienda Papa Francisco manifiestan su preocupación ante un inminente desalojo. La medida sobre el inmueble ubicado en Parque Patricios está ordenada para ser efectivizada entre el 18, 19 y 20 de septiembre. De concretarse, la medida afectaría a 106 familias.
Por tal motivo, los integrantes de la cooperativa junto a la Liga Argentina por los Derechos Humanos, CIBA y Equipos Interdisciplinarios UBA brindarán una conferencia de prensa contando la situación. La misma tendrá lugar en el inmueble en disputa, ubicado en Santa Cruz 140.
El edificio forma parte del complejo en el que funcionó la textil SELSA. Tras la quiebra de la empresa, gran parte de las edificaciones fueron loteadas y rematadas. La ubicada en la calle Santa Cruz comenzó a ser ocupada en 2002. A pesar de esta situación, en 2010 fue rematada con todos sus habitantes dentro. Como resultado de la compulsa, el empresario Leonardo Ratuschny se quedó con la propiedad e inició el juicio por desalojo.
A comienzos de junio el juzgado dispuso la implementación de una mesa de diálogo entre los habitantes, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), sin que se llegara a una solución. Así es como se avanzó con el desalojo, dispuesto para esta semana.
Como contrapartida, desde la cooperativa presentaron una medida de amparo para frenar el desalojo, pero hasta el momento no han obtenido respuesta y la medida sigue su curso.
Los integrantes de la Cooperativa Papa Francisco buscaron el modo de adquirir el inmueble pero no tuvieron oportunidad de participar. “La gente mostró voluntad de regularizar y legalizar su situación. Tomaron contacto con el síndico y quisieron intervenir en la subasta. Pero lamentablemente sabemos que en la Ciudad de Buenos Aires no puede participar el que quiere. Hay un grupo cerrado que es el que compra y que no permite el acceso de otros. Así que la gente se quedó afuera” contó a Canal Abierto Jorge Abasto, referente de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires, que acompañan a las familias en su lucha por regularizar la situación desde hace 10 años.
Ileana Llanos, integrante de la cooperativa, sostuvo que buscan una solución definitiva para el conflicto: “Puede ser la compra del edificio o, como ya tenemos iniciada una gestión en el IVC donde nos presentamos como cooperativa, aplicar la ley 341 de créditos colectivos para entrar al programa de Autogestión de la Vivienda y de esa manera comprar un terreno y gestionar las viviendas necesarias para las familias que habitamos acá”.
“Se trata de gente que invirtió, mejoró el lugar, lo adaptó y cada uno construyó su departamentito dentro del lugar. Es gente humilde y trabajadora que puso los pocos pesos que tenían para mejorar el lugar. Siempre tuvieron la intención de comprarlo. Con la Cooperativa siempre intentaron de mil maneras y el gobierno les cerró siempre la puerta. Así llegamos a la situación del desalojo sin una solución para estas familias. Así que lo que está planteando es la suspensión de la medida y que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires establezca una negociación para intentar resolver este conflicto”, concluyó Abasto.