Redacción Canal Abierto | La Cooperativa de Vivienda Papa Francisco se enfrenta a un inminente desalojo en Parque Patricios. Se trata de 100 familias que habitan en un edificio en Santa Cruz 140, ubicado en el barrio del sur porteño.

El inmueble perteneció a Selsa, una fábrica de toallas que quebró a comienzos de la década del 90. Luego, un emprendimiento inmobiliario quedó trunco y el edificio fue abandonado. Hasta que en 2002, vecinos sin techo fueron ocupándolo y transformándolo en un complejo de habitacional.

“A partir del 2002 y el 2006 le dimos otra funcionalidad, para la vivienda a este edificio que estaba ocioso. Ahora estamos enfrentando un juicio de desalojo que lo realiza Leonardo Ratuschny, una persona que se dedica a hacer estas cosas, de hecho tiene negociados con el gobierno de la Ciudad en cuanto a hotelados  y pensiones”, cuenta Ileana Llanos a Canal Abierto, integrante de la cooperativa.

Es que en 2010 el edificio fue rematado con todos sus habitantes y Ratuschny abrió una causa civil. Así fue que la Cooperativa inició un proyecto para adquirir el inmueble, según lo establece la ley 141. Pero ni el propietario ni los estados Nacional ni de la Ciudad propiciaron el acuerdo.

“Conformamos en cooperativa de vivienda, porque lo que buscamos es una solución real y definitiva. No queremos terminar en la calle con lo difícil que está la situación económica en el país. Nos cuesta un montón encontrar hoteles que nos reciban con nuestros hijos y con nuestras mascotas. Lo que hicimos durante todos estos años aparte de emprender un viaje de lucha es también revalorizar este edificio que estaba ocioso. Es una unidad funcional de lo que era una fábrica que terminó en quiebra durante el menemismo”, plantea Llanos.

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De las cerca de 400 personas que viven en el complejo, 140 son menores de 18 años. Pero la Justicia no parece tener ese dato en cuenta. “El sistema judicial reivindica los derechos de la propiedad privada de Leonardo Ratuschny. Hoy estamos en una situación de inminente desalojo y no sabemos qué día pueden venir a desalojarnos. El juez no nos quiso decir el día que podría realizarse, así que entendemos que se va a realizar de manera sorpresiva. Por eso nos estamos organizando para resistir el desalojo” manifiesta Llanos.

Y agrega que “hay herramientas del Estado como la ley 41 de propiedad colectiva para comprar el edificio. Hace unos años, en 2015, realizamos tasaciones para ver la manera de articular con Hábitat de Nación y con el Instituto de Vivienda de la Ciudad”

“La problemática que tenemos es que estamos enfrentando un juicio civil que está en el ámbito nacional. Lo que dificulta todo es que el juez obligue a que se responsabilice el gobierno de la Cuidad, planteando que no tienen competencia. El IVC está al tanto de nuestra problemática por lo menos desde 20014, cuando estaba como presidente (Emilio) Basavilbaso. Y todos los años nos responden lo mismo, que no hay presupuesto. Desde que asumió Juan Maquieyra  no podemos tener una reunión con él para comentarle nuestra problemática, no nos quiere recibir. Y todas las mesas de trabajo que propusimos y que intentamos sostener siempre terminaron truncas porque no hay voluntad política” concluye Llanos.

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Fotos: Carla Cg para Emergentes

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