Por Pablo Bassi | Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio Urbana de la Nación, es prudente. No quiere dar por hecho lo que es un fuerte rumor: una parte importante de la recaudación del impuesto a las grandes fortunas se orientaría a financiar el programa que garantizará servicios básicos a 4416 barrios populares y 3.500.000 personas en todo el país.
A esos números llegaron las organizaciones sociales durante el relavamiento de 2016 y 2017 que dio origen al Registro Nacional de Barrios Populares. En 2018, el Congreso de la Nación aprobó por unanimidad la ley 27.453 que establece un régimen de integración sociourbana para ese registro.
“Todo el arco político compartió lo indispensable que es la integración de nuestros barrios populares”, dice a Canal Abierto Fernanda Miño, dirigente del MTE (UTEP), ahora también funcionaria del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. “Nuestro gran desafío es custodiar esa ley para que haya un piso de dignidad”, agrega.
La secretaría a cargo de Miño tiene como principal tarea ejecutar el programa “Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares”, que ordena un plan a 12 años elaborado por los movimientos sociales, y que fuera presentado a Alberto Fernández antes de las elecciones generales del año pasado.
En pocos días, el Gobierno inaugurará en La Matanza la integración de los primeros once barrios, a los que seguirán otros en otras partes del país. La pandemia y las desentrenadas nuevas estructuras ministeriales hacen que el ritmo no sea el que Miño quisiera imponer.
“El sistema burocrático no se lleva bien con los tiempos del pueblo”, dice. “Vemos cómo viene la curva de contagios del virus y sabemos que los barrios necesitarán esto y mucho más”.
Miño revela que insiste a diario para que la actividad sea declarada esencial: “Es una urgencia entrar con un caño de agua a las casas que nunca tuvieron presión o esperan una cisterna para cargar tachos”.
La ley de integración de barrios populares también prevé la articulación de Nación con gobernadores e intendentes, para declarar de utilidad pública tierras fiscales y promover la creación de 500.000 lotes con servicios donde puedan arraigarse familias con trabajo. Asimismo, la secretaría elabora con municipios estrategias para contener el crecimiento de los barrios. Miño opina que, al finalizar la pandemia, habrá que hacer un nuevo registro.
“En un encuentro con la vicepresidenta Cristina Fernández, planteamos la necesidad de repensar la patria, re poblando los pueblos olvidados. Esta pandemia evidenció que el modelo de grandes ciudades no da para más. Ni sustentable ni económicamente”, dice.
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El plan
El programa diseñado por la CTEP (UTEP) y que lleva adelante Miño proyecta para 2020 la integración de 12.750 familias que viven en 51 barrios distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones, Río Negro y Santa Fe. Para el 2021, prevé llegar a todo el país.
El presupuesto estipula una inversión para 2020 y 2021 de $17.740.000, que será financiado por un fideicomiso (“todavía no está, los tiempos de los bancos también son burocráticos”, dice Miño) y dos líneas de crédito del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina.
Lo curioso es el carácter redistributivo de la financiación. Porque el fideicomiso, que apuntalará el 75% del programa, está compuesto por el 9% de la recaudación del Impuesto País (que lleva acumulado en lo que va del año $67.723 millones) y el impuesto por única vez a la riqueza, cuya presentación se dilata en el Congreso.
La contribución de las grandes fortunas alcanzaría a patrimonios superiores a 200.000.000. El objetivo es recaudar aproximadamente 3.000 millones de dólares en manos de 11.000 personas: el 0,025% de los habitantes argentinos.
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Foto: Fernanda Miño (derecha) / Tomada de: ambito.com