Redacción Canal Abierto | La justicia de la provincia de Río Negro procedió este lunes 19 de octubre al desalojo de una recuperación de tierras del lof mapuche Gallardo Calfú en la zona de El Foyel, un paraje en el tramo de la ruta 40 que une Bariloche con El Bolsón.
La mayoría de los comuneros se retiraron sin resistencia excepto Blanca Gallardo, de 67 años, miembro de la familia con legítimos derechos sobre esas tierras y otras tres personas que fueron detenidas y liberadas horas después, luego de una audiencia de imputación en la que se les comunicaron los cargos levantados contra ellas.
El hecho tuvo mucha repercusión mediática debido a enfrentamientos menores del lof Lafken Winkul Mapu en la vecina Villa Mascardi con autoridades y la prensa, demostrando una vez más lo fácil –y lo latente– que es en los medios masivos el discurso racista y la condena liviana a los sectores más indefensos de nuestra sociedad. Sobre todo cuando se atreven a defenderse y reclamar lo que la Constitución Nacional les reconoce.
La recuperación de “tierras ancestrales” por parte de la comunidad mapuche Gallardo Calfú se inició el 15 de octubre, pero desde el año 2003 la familia Gallardo realiza gestiones para recuperar las tierras que la familia Soriani, actual ocupante, obtuvo con malas artes de Sixto Gallardo.
Un estado construido sobre un genocidio. Una sociedad nacida de una sucesión de estafas
“La familia Gallardo habita el territorio desde 1940. Esos son los primeros datos que releva la Dirección de Tierras Nacional –cuando esta región era aún territorio nacional y no provincia–. El despojo de la familia Soriani, aprovechándose de la situación de indefensión de Sixto que estaba solo con su compañera, los hijos estaban trabajando en el pueblo, ocurrió en 1980. Se le hizo una estafa y los Soriani se quedaron con esas hectáreas de territorio”, narra a Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Se trata de 625 hectáreas que era la medida de una unidad productiva familiar de las que se otorgaron luego de la campaña del Desierto”.
“A partir de ese momento la familia, sobre todo Blanca Gallardo, ha reclamado la situación. Pasó por un juicio en que no tuvo el debido asesoramiento para plantarse dentro de lo que circunscribe el derecho indígena en la provincia. También hizo una denuncia en una Comisión Investigadora de Tierras creada por una ley provincial en el 2013, que funcionaba en la legislatura y recibió muchas denuncias de este tipo durante 3 o 4 años hasta ser desactivada”, describe Carriqueo. “La Ley Integral Indígena en Río Negro prevé que cuando hubo afectación y hubo entregas de títulos de tierra viciados de nulidad, como en este caso, se retrotraiga esa situación. Eso nunca pasó”.
Para la mayoría de la prensa nacional y local, como el diario Río Negro, Soriani es “la víctima”. “Hace más de 40 años que Miguel Soriani es reconocido como productor por la provincia de Río Negro. Y hace días que un grupo de encapuchados lo privan del derecho a su propiedad y mantienen en virtual secuestro a toda su familia”, sostiene el periódico de la ciudad de General Roca. Exactamente, cuatro décadas de haberle despojado las tierras a una persona enferma.
“En Río Negro tenemos la Ley 2287 Integral del Indígena que se cumple parcialmente”, dijo Rodolfo Aguiar, titular de la CTA Autónoma provincial. “Esa ley prevé una Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias, que de funcionar bien podría haber evitado el desenlace de hoy”. Según la central obrera la comisión recibió 146 denuncias de comunidades indígenas que alegaron la posesión de títulos viciados de nulidad en manos de particulares.
La moda Berni o la doctrina del “gendarme carancho”
La gobernadora Arabela Carreras parece haber tomado el camino del secretario de la Bonaerense Sergio Berni. En una sobreactuación política destinada a agradar a parte de su electorado y a los grandes medios se acercó a la zona del conflicto.
Kilómetros antes de El Foyel, la comunidad Lafken Winkul Mapu estableció un corte sobre la ruta 40 para impedir que se llevara adelante el desalojo dispuesto por el juez Marcelo Alvarez Melinger. La gobernadora intento acercarse a dialogar al corte y fue repelida con improperios y algunos piedrazos.
“Para nosotros es una estrategia. La gobernadora tiene un discurso antimapuche y racista. Ella está buscando desestabilizar el diálogo establecido con el gobierno nacional en esa comunidad donde asesinaron a Rafael Nahuel. Desde que asumió, desconoce a esa comunidad y los trata de delincuentes, de que no son mapuches e inescrupulosamente ayer quiere plantear un diálogo. Fue una provocación”, sostiene Carriqueo.
“La gobernadora desconoce que hay población mapuche en la provincia que ella gobierna. Hay 164 comunidades mapuche tehuelches. Hay gran parte de la sociedad de ascendencia indígena. La verdad no genera un marco serio de discusión política su actitud”, señala el werken. “Necesitamos que funcione la Comisión Investigadora de Tierras para resolver los problemas territoriales”.
“Mientras el Estado nacional no reconozca que ha nacido de un genocidio es muy difícil avanzar en estas discusiones donde se mezcla el derecho al territorio, el reconocimiento de la preexistencia de un pueblo pero fundamentalmente el derecho a la identidad”, concluye el referente mapuche.
Las FARC, el INAI y los reyes magos
Entre otras declaraciones polémicas e infundadas, la gobernadora Carreras señaló al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, como promotor de las recuperaciones de tierras. Recordemos, al margen, que su titular es la ex senadora Magdalena Odarda, candidata a vicegobernadora que compitió contra el oficialismo provincial en la última elección.
“En ningún momento el INAI prestó apoyo logístico a la comunidad ni suministró ningún tipo de alimentos, agua, equipo de radio, ni celular, como falsamente circuló en algunos medios de manera maliciosa”, sostuvo el INAI en un comunicado. A su vez señaló que la presencia del vicepresidente del instituto Luis Pilquiman en el lugar, se enmarca en las competencias del organismo. “La acciones del INAI –continúa el comunicado– se circunscriben en cumplir y hacer cumplir la perspectiva intercultural en las actuaciones de los poderes públicos”.
“Nosotros teníamos conocimiento de la problemática del lof Gallardo Calfú, pero nos sorprendió la acción unilateral de la comunidad”, sostiene Julián Fernández, director de Asuntos Jurídicos del INAI, en diálogo con este medio.
“Son usuales los casos de cesiones viciadas de tierras de comunidades a terceros. Gente que se aprovecha del desconocimiento, de la disparidad de recursos, avivadas. Incluso aparentan una legalidad”, sostiene Fernández. “Nosotros en el INAI hemos constatado muchísimos casos de irregularidades donde las comunidades indígenas o sus miembros tienen una fuerza dispar para litigar. Es una cuestión de acceso a la justicia, a veces por falta de fondos y otro tipo de recursos, les cuesta llegar a tener acceso eficiente. Hacen las denuncias pero luego se les dificulta continuar el litigio”.
El relevamiento territorial dispuesto por la ley 26.160 del año 2006 es una herramienta en el marco de la emergencia territorial indígena. La ley suspende la ejecución de sentencias y otros actos judiciales que impliquen el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las comunidades y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
“Estamos en una emergencia, reconocida por el Congreso de la Nación y a la cual la provincia también se adhirió”, señala el funcionario; “Nosotros veníamos trabajando muy bien con la provincia y en los últimos tiempos tenemos dificultades de cooperación para seguir con el relevamiento territorial indígena”.
“Ese relevamiento no es una cuestión de voluntad de los gobiernos, es una obligación. El Estado se ha obligado a hacerlo. Vendría a sacar luz y poner blanco sobre negro en la situación de las tierras indígenas. No es fácil, los factores de poder actúan para que esto no se lleve a cabo”, sostiene.
“La provincia de Río Negro no tiene un solo título de propiedad comunitaria indígena. No tiene una sola comunidad con título de propiedad”, destaca Fernández. Es claro donde radica el núcleo del conflicto y que en el Estado están los resortes para habilitar una vía de solución y justicia. O seguir echando nafta hablando de terrorismo mapuche.
Comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro
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