Por Violeta Moraga (desde Bariloche) | Alertados por el continuo intento de hacerse de consenso social que pretenden las mineras, sin ir a fondo y promover una consulta popular para llevar adelante sus proyectos, los integrantes de la Asamblea en Defensa del Agua y el Territorio de Ingeniero Jacobacci expresaron una vez más su oposición al Proyecto Calcatreu y el desacuerdo con los dichos de la empresa Patagonia Gold sobre la existencia de un consenso social para el desarrollo de este mega proyecto minero.
“La Parroquia de Ingeniero Jacobacci, ciudadanos, ciudadanas, organizaciones, sindicatos, campesinos e integrantes del pueblo mapuche se niegan al tremendo desastre ambiental que provoca la mega-minería extractivista”, indican en un comunicado.
“Han avanzado con los permisos que les viene otorgando el gobierno provincial a través de la Secretaría de Minería y la de Ambiente, pero sobre todo con el aval que les ha dado el Departamento Provincial de Aguas”, señala Susana Castillo, integrante de la Asamblea.
En 2019, el Departamento de Aguas autorizó el uso de agua proveniente de napas subterráneas para las tareas de exploración. Mediante la resolución 1.710, del 10 diciembre pasado, habilitó la extracción de agua subterránea en la zona denominada Lipetrén, en el área de Calcatreu, ubicada unos 82 kilómetros al sur de Jacobacci. El organismo también posibilitó la captación, conducción y distribución de un caudal de 2.500 metros cúbicos y en los fundamentos precisa que la fuente de provisión es un pozo ya existente y que el agua será cargada y transportada hacia los sitios designados a perforar.
“Demandamos que se cancelen los permisos de concesión para la extracción de agua subterránea en todos los proyectos vinculados a la minería contaminante”, dice Susana al respecto y explica que no han empezado la etapa extractiva pero la empresa sigue haciendo estudios, exploraciones, y mientras tanto, “continúan tratando de cooptar voluntades y los apoyos políticos de los gobiernos de turno”.
La estrategia es similar en todos los lugares donde avanzan este tipo de proyectos. “Van ampliando sus áreas de influencia gracias a emprender acciones que llaman comunitarias. Con eso tapan la falta de consenso social y de consulta popular que no han hecho en todos estos años. Se aprovechan de las necesidades puntuales de la gente: sponsorean eventos deportivos, regalan cosas a colegios, incluso han convencido a profesores que terminan llevando de excursión a los alumnos del secundario hacia la zona de Calcatreu. Hacen una especie de asistencialismo y tapan los agujeros que deja el Estado a la hora de elaborar y dar respuestas concretas frente a la falta de trabajo y otras problemáticas sociales. Las mineras dicen ofrecer trabajo y efectivo ya”.
El discurso de siempre
Sin embargo, a esta altura ya no es tan fácil vender que habrá fuentes de trabajo y mejoras para la comunidad, o que los daños ambientales no son tales. “Cuando hablan de darle trabajo a la gente de los parajes en realidad es empleo para muy pocas personas”.
“Esta metodología no es novedosa: es el modo de operar de las corporaciones que lo único que buscan es optimizar el valor de sus acciones en Bolsa, violando los derechos ambientales de los pueblos que arrasan. Mediante el engaño y falsas promesas de progreso económico, aprovechan la precarización, el abandono y la falta de proyectos realmente sustentables para quienes vivimos en las zonas amenazadas”, señalan desde las asambleas y denuncian las estrategias de cooptación y los dispositivos con los que las empresas buscan horadar el tejido social.
En este marco, también se menciona el desacuerdo con las expresiones del secretario de Minería, Alberto Hensel, quien declaró por estos días que la Argentina debe “producir, crecer y fortalecer todo su complejo exportador para conseguir las divisas que el país necesita” y consideró en ese sentido que esa actividad “está llamada a cumplir un rol crucial para el desarrollo argentino”.
“Hensel repite absolutamente lo mismo que vienen repitiendo las propias mineras desde hace años. Agrega que están dispuestos a armar una mesa en la que participen todos los sectores vinculados a la actividad, pero ¿quiénes son esos sectores? Porque nunca dicen que va a haber representantes de las comunidades que están hace siglos en el territorio y que van a ser afectadas”, continúa Susana. “Tampoco dicen la verdad sobre las divisas, la gente ignora que las regalías que las mineras dejan en las poblaciones donde tienen sus explotaciones son mínimas y a cambio obtienen muchos beneficios: exención de tasas aduaneras, de impuesto a los combustibles, de impuesto a las ganancias, reembolsos por exportación, entre otras cosas. Se llevan el recurso que extraen de nuestro territorio y lo que dejan en realidad es un vacío ambiental irreversible”.
Es sabido que el desarrollo minero consume millones de litros diarios de agua, lo cual preocupa especialmente en zonas donde el recurso es escaso y la sequía no se detiene, de hecho, hace años que hay emergencia hídrica. “El Estado ni siquiera ha podido controlar los desvíos de agua que hacen algunos productores del caudal que abastecía la laguna Carrilafquen para favorecer el riego de su tierra. Entonces, dicen que están hechos los controles ambientales y que garantizan el ambiente y no han podido siquiera garantizar el control de este tipo de actitudes que incrementa la sequía de los campos”.
La justicia que no se cumple
En 2005, el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar parcialmente al amparo presentado por el Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas –CODECI– contra la explotación de la mina de oro en Calcatreu.
Ese mismo año, la movilización popular consiguió que se aprobara la ley 3.981 que prohibía el uso de cianuro y mercurio en la minería rionegrina. Sin embargo, la Ley Anticianuro, como fue conocida, fue derogada de manera inconsulta y sorpresiva en la única sesión de la legislatura en la cual participó el recién electo gobernador Carlos Soria, el 29 de diciembre del 2011.
La derogación abrió nuevamente las puertas para la libre utilización de los productos químicos en los yacimientos mineros. En este marco, Calcatreu parece ser la punta del iceberg de una fila de empresas que están dando vueltas por la provincia: actualmente, hay más de 32 emprendimientos en etapa de exploración.
Desde la asamblea son tajantes: “El Proyecto Calcatreu es una amenaza provincial y patagónica que, si se efectiviza, arruinará nuestra tierra y nos llevará a la pobreza, como sabemos que sucedió en otros rincones del país y de América Latina”.
*Nota publicada también en Al Margen.