Redacción Canal Abierto | Se puede decir que hay un consenso social bastante amplio de que niños, niñas y adolescentes vuelvan a las escuelas, que continúen sus procesos de enseñanza-aprendizaje de manera presencial. También de que esta es una apuesta arriesgada y debe estar inscripta en una amplia red de cuidados que precisa del aporte de las autoridades y hasta cada uno de los hogares.
Este consenso, ¿supone una vuelta a la presencialidad a cualquier precio?
El Estado nacional y las distintas jurisdicciones han acordado el retorno a la presencialidad en el sistema educativo. Para llevarlo adelante, desde el Ministerio de Educación de la Nación y de sus equivalentes locales se han elaborado protocolos sanitarios para procurar garantizar una escolaridad con riesgos minimizados en el contexto de la pandemia del COVID-19.
En la ciudad de Buenos Aires, la cartera dirigida por Soledad Acuña explicita que “cada una de las escuelas, con participación de los directivos y los docentes, adaptan este protocolo de acuerdo a las características del edificio.(…) El Gobierno los acompañará y habrá un control permanente y de manera conjunta con los gremios y la comunidad educativa, como también de la evolución de la situación sanitaria”.
Esto, lejos de eufemismos, es que cada equipo directivo y sus docentes se las arregla para cumplir con las normas protocolizadas. Off the record, lo que los supervisores le dijeron a los equipos directivos es “acá tienen un bidón de alcohol en gel, un termómetro y ya les van a llegar las mascarillas, el miércoles 17 arrancan”.
La Escuela de Cerámica Nº 1 del barrio de Almagro, en Bulnes 45, en la que se cursan el bachillerato con especialización en Cerámica, la Tecnicatura en Cerámica Artística y talleres para adultos, tiene serias restricciones de espacio. Entre 2018 y 2019, docentes, alumnos y comunidad enfrentaron la decisión inconsulta de trasladar la escuela media a 7 kilómetros del barrio a compartir un edificio por el que el Instituto Yrurtia, otra escuela media artística, había luchado por décadas. La comunidad del “Cera” propuso la expropiación del terreno lindero para ampliar el edificio y ese proyecto fue presentado en la Legislatura por la edil Victoria Montenegro. Luego de sucesivos embates, el gobierno porteño desestimó el traslado, o por lo menos no ha dado señales de insistir con la medida.
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“Desde que volvimos a la escuela, el 8 de febrero, desde la dirección del Área de Artística ha habido grandes presiones. La directora del área, la señora Ada Rissetto, en forma permanente presionó a la conducción para que se apurara a confirmar un cronograma de cursada. Constantemente mandando mensajes por Whatsapp y con llamadas telefónicas, todo de manera informal, no por mail”, narra a Canal Abierto la docente Vanina Espinoza.
El equipo directivo “las primeras semanas se abocó a organizar un esquema de trabajo para la escuela que se adecuara al protocolo dispuesto por la Ciudad. De acuerdo al espacio que tenemos dispusieron que en cada aula estuvieran entre 4 y 5 alumnes, más el docente –son salas realmente pequeñas–. Debido a ello se hizo un cronograma de cursada rotativa por lo cual cada estudiante iba a estar presente en la escuela una de cada 4 semanas”, agregó.
Dispuesto este esquema de trabajo, para respetar el protocolo vigente, se le informó por vía administrativa a la Dirección de Artística (DEA). “El viernes pasado se presentó en la escuela la señora María Fernanda Forte de la DEA y le dijo a la directora que tenía que tener el 100% del alumnado todos los días. La directora le explicó que el plan presentado era lo viable, que no había otra posibilidad”. Esta señora se mantuvo en su posición, supuestamente emanada de la voluntad de Ada Risetto.
Las familias de la comunidad, informadas de este evento, se comunicaron con la escuela para sostener que no querían arriesgar la salud de sus hijos e hijas y que apoyaban el cronograma elaborado por la dirección.
El lunes de esta semana volvió a aparecer la señora Forte, acompañada por Claudio Messina, asesor de la DEA, y fueron recibidos por la psicóloga de la escuela y la directora. “Sostuvieron que desde la DEA querían el 100% de concurrencia de estudiantes y docentes a la institución, que ‘5 o 7 chicos en el aula no nos rinde’, sin importarles el riesgo que esto implica para la salud de la comunidad educativa”, narra Vanina. La discusión fue subiendo de tono, “Messina a los gritos y con modos bruscos sostenía que él había venido a buscar una solución. Bárbara, la psicóloga, le retrucó que lo que buscaban era una ’solución final’, y ahí el tipo a los gritos le pone el celular en la oreja a la directora para que hable con Ada Risetto”. Obviamente sin respetar distanciamiento social, violentando a esta trabajadora docente.
La docente presente en esta reunión –no solicitada y más parecida a una intrusión para realizar un apriete que a una instancia institucional–, relata en una carta elaborada por el cuerpo docente de la Escuela: “Después de gritarme, y de retirarse a recibir telefónicamente más órdenes de su superior, regresó y me dio la espalda todo el tiempo sin dirigirme la palabra. Luego se justificó diciendo que es ‘muy pasional’. Después cambió el tono y continuó hablando con la Directora insistiendo nuevamente en cambiar la grilla actual que diseñó la conducción según la normativa”. Luego, la directora lo invitó a ver las aulas para que corroborara que no había espacio para otra propuesta. Al constatar esto, se retiraron.
Estos hechos ocurren en una escuela, con el alumnado presente, en un espacio público. Una intimación con violencia de género en un establecimiento educativo. “La directora a partir de esto está con una licencia porque está con presión alta. La situación llegó a un extremo de mucha violencia ejercida por un hombre, superior a las compañeras. Es la primera vez que mandan un hombre, hemos tenido muchos conflictos y no nos parece casual que hayan mandado un hombre, tan brusco y violento”, concluye Vanina.
El equipo docente elaboró una carta denunciando esta situación y acompañada de un petitorio para recoger firmas en apoyo y solidaridad al “Cera” y su comunidad. “Denunciamos el hecho como violencia de género en el ámbito laboral y violencia Institucional. Creemos que este acto apunta a doblegar al colectivo de docentes, mayoritariamente de mujeres, para disolver la lógica de los cuidados e imponer la lógica de la crueldad de la cual el Gobierno de la Ciudad hace gala durante su gestión, privilegiando el marketing y denostando a la Educación Pública”, sostienen en uno de los párrafos.
Por lo visto, cuando el marketing no alcanza, cuando han recortado el presupuesto educativo de la ciudad drásticamente, lo que sigue es la violencia.