Redacción Canal Abierto | El último día de este mes vence el plazo que establecía el decreto 66 firmado en enero de este año que trasladaba hasta entonces el límite de tiempo en que se suspendían los desalojos y hasta el que se postergaban los congelamientos de alquileres y contratos. El anuncio del Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi de que este plazo no recibiría una nueva prórroga, puso en estado de alerta a quienes no poseen vivienda propia.
La medida fue implementada a partir del decreto 320/20 junto con el aislamiento preventivo social y obligatorio dispuesto en marzo del 2020, hace casi un año. Con las renovaciones de esa medida distintos decretos iban corriendo el plazo, atendiendo a la situación de trabajadores que vieron diezmados sus ingresos.
Además de impedir desalojos, aun cuando el inquilino no pagara el alquiler, la medida mantenía el precio que se pagaba al 19 de marzo del año pasado. En caso de que el contrato de alquiler pautar un aumento, este no se pagaba en el momento, sino que se computaba como deuda del inquilino con la tasa de referencia de los plazos fijos del Banco Nación, que hoy ronda el 2% mensual.
Organizaciones de inquilinos y especialistas en la materia consultados por Canal Abierto coincidieron en que el cumplimiento de lo anunciado abrirá una caja de Pandora que afectará a los inquilinos en distintos frentes: la posibilidad de desalojo, la suba desproporcionada de los alquileres y el endeudamiento.
“El ministro está anunciado que en 30 días se libera la protección de vivienda que había firmado el presidente hace un año por la pandemia, pero no sabe la cifras de sentencias judiciales, de familias que van a ser desalojadas, de endeudamiento inquilino, de la incidencias que el precio del alquiler tiene en los ingresos”, se quejó el titular de la Defensoría del Inquilino de la Defensoría del Pueblo de CABA Fernando Muñoz.
“El estado reconoce no tener ninguna información, ni siquiera saber cuántos contratos de alquiler hay y sin embargo coma una medida a medida de lo que viene reclamando el mercado inmobiliario”, agregó.
En ese sentido, la abogada Ana Fernández Borsot que integra el Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria sostuvo que “la crisis habitacional en nuestro país es de larga data, pero la pandemia alargó muchísimo y hemos visto la incapacidad de asegurar el cumplimiento de las garantías que establecía el decreto para la mayoría de la población inquilina que ha venido sufriendo una escalada de violencia que nosotros definimos como violencia habitacional. Se trata de una nueva forma que combina la violencia institucional como violencia a nivel social donde se avanza en el abuso y vulneración de derechos sin ningún tipo de capacidad por parte del sector más vulnerable que es la población inquilina de realmente ser acompañada y asistida en la garantía de los mismos”.
Muñoz señaló que “este mercado tiene una particularidad: es uno de los sectores que más ha negado la crisis sanitaria desde el comienzo. Resistió el primer decreto que curiosamente tenía un recurso casi inédito que era la bancarización de los alquileres. Todos los primeros meses, en la defensoría recibíamos denuncias de inquilinos que tenían que encontrarse en una esquina con el empleado de la inmobiliaria para pagar en mano”.
Y aventuró que “lo que ocurrió objetivamente es que en el momento en el que estado nacional tomó la decisión de reglamentar el registro de contratos en AFIP simultáneamente el ministerio de vivienda planteó que se liberan nuevamente los alquileres. Una concesión al mercado a partir de la decisión histórica de registrar los contratos”.
Desde la Federación de Inquilinos Agrupados Nacional hicieron una encuesta durante el mes de enero que reflejó la incertidumbre con la que vive la población inquilina cada vez que el vencimiento de esta prórroga avizora en su horizonte. Según este relevamiento el 40% no sabe dónde va a vivir cuando finalice el decreto y el 35.7% no pudo pagar ese mes o lo pagó parcialmente. Esto los ubica en una situación de posible desalojo.
“Venimos haciendo encuestas desde distintas organizaciones que manifiestan el preocupante grado de endeudamiento de las familias inquilinas, la imposibilidad de renovar contratos con los delirantes montos de alquiler que se les están pidiendo con aumentos que van del 80 al 100% en plena pandemia y crisis mundial. Hay un montón de países desde Estados Unidos a España o Alemania en la que están planteando regular eso con políticas de contención de precios. En ese contexto acá se plantea que no se va a extender el DNU, que no hay ningún plan para el desendeudamiento”, agregó Fernández Borsot.
Muñoz remarcó que en la Defensoría del Inquilino “una de las consultas más frecuentes que tenemos tiene que ver con el tema de las deudas. La deuda tiene que ver con dos situaciones: una es la diferencia entre los aumentos que estaban estipuladas en los contratos que se acumula y se puede pagar en 12 cuotas y por otro lado está la deuda que acumulan muchos inquilinos por haber hecho pagos parciales o no haber pagado el alquiler. Estas son familias inquilinos que tuvieron problemas directos de pérdida de ingresos o pérdida de empleo. Esa deuda se junta el monto total y se pagan en 12 meses. Mientras tanto, el garante sigue siendo solidario hasta el último día que saldemos la deuda”.
“Por lo tanto hay un escenario de sentencia de desalojos que no sabemos cuántos son, de juicios que están en marcha, de endeudamiento, de inquilinos que pagaron el alquiler con el precio que tenían congelado en marzo y deben la diferencia, garantes que no sabemos cuántos son que están comprometidos… Esa es la situación que creemos que antes de tomar esa decisión el estado debería conocer y tener registrado cual es la realidad inquilina en Argentina”, planteó Muñoz.
Fernandez Borsot apuntó que “primero está el concepto de que la obligación del estado es la de garantizar derechos y desde que empezó la pandemia lo que el estado ha hecho es privatizar el problema. Ya sea por parte de los inquilinos a quienes se les hace acumular deuda y después vemos como se pagan en un proceso de retroceso del poder adquisitivo de salarios. Por otra parte, al sector propietarios, que hay que diferenciar del intermediario, se queja de que se les impone que se hagan cargo de la situación, cuando quien tiene la obligación de poder implementar un plan de salida es el gobierno socializando esa deuda”.
Y propuso “que sea una salida escalonada en la que se pueda plantear un programa de alquileres cuidados que incentive la renovación del contrato con precios razonables y que estén relacionados al principio de asequibilidad de acuerdo al poder de adquisición real de los salarios. A partir de ahí te podés ir descolgando de un decreto, pero con un plan de salida que acompañe ya sea el pago de lo acumulado como las renovaciones y la estabilización de las reglas del mercado que hoy día vienen impuestas”.
“Queremos que se convoque a una mesa de emergencia y un gabinete interministerial en la que podamos hablar las organizaciones de inquilines con los ministerios de Economía, de Desarrollo, Territorialidad y Hábitat, de Géneros y de Desarrollo Social y que entre todos podamos elaborar un programa integral y coherente y plan de salida a la actual situación de emergencia habitacional que son inquilinas”, concluyó la abogada.
Imagen: Observatorio del Derecho a la Ciudad