Redacción Canal Abierto | Luis Pilquimán es lonko de la comunidad Wefu wechu, del Paraje Cerro Alto en Pilcaniyeu, a 150 kilómetros de Bariloche. Desde 2019 ocupa la vicepresidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que por primera vez en la historia es desempeñada por un miembro de una comunidad originaria.
En Río Negro, en los últimos días y horas, ha ido escalando un conflicto centenario que periódicamente se reaviva y que surge de la lucha por la tenencia de tierras que son ancestrales, fueron arrebatadas a familias y pueblos indígenas en todo el territorio y que, si bien el Estado Nacional reconoce en la Constitución y luego de la sanción de la Ley 26.160 está obligado junto con las provincias a resolver, nunca se avanza en la solución definitiva y –tal como ordena la ley– su otorgamiento en propiedad comunitaria a las comunidades.
“La situación que se ha generado en los últimos días respecto a estas acusaciones de terrorismo a raíz de algunos actos incendiarios en la zona de El Bolsón tiene una gran debilidad en cuanto a la falta de datos concretos, está abierto a la investigación para poder clarificar esos hechos que nosotros condenamos”, señala Pilquimán.
Pongamos en contexto esta situación. En noviembre de 2017, la recuperación de tierras de la lof Lafquen Winkul Mapu fue atacada por la Prefectura Nacional y sus efectivos asesinaron a Rafael Nawel por la espalda. Meses antes se había producido la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. En los últimos meses la comunidad Quemquemtrew recuperó tierras ancestrales en los alrededores de El Bolsón; en un intento de desalojo, la policía provincial reprimió a la lof y detuvo a algunos de sus integrantes. Al día de hoy, permanecen en el lugar sitiando a las familias sin permitir el ingreso de alimentos u otros enseres. Hace tres días, el ex senador rionegrino Miguel Angel Pichetto realizó un homenaje a Julio Argentino Roca. Se sucedieron tres actos de vandalismo que se atribuyen livianamente a grupos mapuche porque los perpetradores de los hechos arrojaron unos volantes en los que se reconocen como tales… del manual del servicio de inteligencia ilustrado para primer grado.
“Es muy grave poner al pueblo mapuche como terrorista y demonizarnos como colectivo, sobre todo cuando viene de una mandataria –en referencia a la gobernadora Arabela Carreras que definió estos actos aún no esclarecidos como actos de terrorismo y con ello justificó el pedido de tropas federales al gobierno nacional–, para los que tenemos una función pública pero fundamentalmente para los hermanos y hermanas que están en los territorios todo los días defendiendo su espacio y su forma de vida”, agrega.
Sobre el origen del conflicto, el funcionario señala: “Sin duda que uno de los grandes problemas de Argentina es la mala distribución de la tierra, desde los inicios mismos de la conformación del Estado, cuando se realiza la Conquista del Desierto se les da grandes extensiones de tierra a los supuestos colaboradores y esa es una forma muy desigual”.
“Hasta el propio Sarmiento, al que no se lo puede ver como un ideólogo a favor de los pueblos indígenas, cuestionaba esa forma de entrega indiscriminada del patrimonio nacional. Eso se ha sostenido en el tiempo, luego han salido nuevos especuladores, los sectores inmobiliarios, el turismo, las empresas petroleras, mineras, el agua dulce, son elementos que hoy la humanidad está requiriendo y están en territorios indígenas, no solo del pueblo mapuche sino de distintos pueblos del norte que también están siendo acechados”, historiza.
“Esa realidad –advierte Pilquimán– no está siendo discutida en la dimensión que los pueblos la están planteando, ese es un tema para repensar, porque sino la política pública lo que hace es parchar reclamos coyunturales pero no aborda en su totalidad las demandas que los pueblos han venido teniendo: reconocer un genocidio fundante del Estado, cómo esa política se sostuvo en el tiempo y la falta de políticas y reconocimiento para los pueblos indígenas”.
¿No reconocimiento del Estado?
“Eso es una ocurrencia de algún referente político de la derecha, que plantea que los mapuches somos chilenos, en Chile dicen que los mapuches son argentinos. O que los buenos son los tehuelches, y la verdad es que somos una conjunción de culturas que hemos convivido y en el momento que se nos combatió murieron tanto mapuches como tehuelches”, señala el referente originario al hablar de una de las construcciones de sentido más comunes en los medios de comunicación sobre los supuestos intereses del pueblo mapuche.
“Uno entiende que el Estado debe reconocer en mayor grado esa diversidad cultural que tenemos en Argentina donde hay 40 pueblos indígenas, mas de 2.000 comunidades reconocidas y otras tantas sin reconocer. A las provincias les cuesta mucho trabajarlo y el Estado nacional está haciendo los primeros pasos para ir en esa línea”, añade, y aclara: “Pero esas acciones no tienen que ver con una búsqueda secesionista, ni con formar un Estado aparte ni nada de eso, tienen que ver con la idea de reconocer, tal como lo plantea Naciones Unidas, la OIT, la identidad como pueblo y sus formas culturales de vida”.
Prórroga de la Ley 26.160
Sobre los intereses detrás de la actual situación, Pilquimán señala: “Creo que el conflicto está siendo utilizado como argumento para fomentar que no se concrete la prórroga de la ley 26.160. Está siendo utilizado para los momentos preelectorales, eso es lamentable, las especulaciones que se hacen respecto a demonizar, culpabilizar, hablar de terrorismo indígena tienen que ver con fines políticos y económicos muy específicos, y con estos días electorales, esa situación es preocupante”.
Se sabe que es endeble la situación del oficialismo nacional que, en principio, sería afín a aprobar la prórroga en el Congreso, que el eventual resultado positivo de esa votación, está en peligro. No están garantizados ni el quorum ni los votos para aprobarla antes de su vencimiento en noviembre. Según Pilquimán se está estudiando la posibilidad de que salga gracias a un decreto presidencial.
El relevamiento territorial dispuesto por la ley 26.160 del año 2006 es una herramienta en el marco de la emergencia indígena. La ley suspende la ejecución de sentencias y otros actos judiciales que impliquen el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las comunidades y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de comunidades indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
En una entrevista a este portal, Julián Fernández, director de Asuntos Jurídicos del INAI, señalaba: “Estamos en una emergencia, reconocida por el Congreso de la Nación y a la cual la provincia también se adhirió. Nosotros veníamos trabajando muy bien con la provincia y en los últimos tiempos tenemos dificultades de cooperación para seguir con el relevamiento territorial indígena”.
“Ese relevamiento no es una cuestión de voluntad de los gobiernos, es una obligación. El Estado se ha obligado a hacerlo. Vendría a sacar luz y poner blanco sobre negro en la situación de las tierras indígenas. No es fácil, los factores de poder actúan para que esto no se lleve a cabo”, agregó.
“La provincia de Río Negro no tiene un solo título de propiedad comunitaria indígena. No tiene una sola comunidad con título de propiedad”, destacó Fernández sobre el necesario protagonismo del Estado para habilitar una vía de solución y justicia.
RAM
Luis Pilquimán también habla del principal armado mediático para cuestionar los derechos de las comunidades del sur: “Lo de la RAM fue una creación a la que se le dio mucho aire durante la época de (Patricia) Bullrich. Hay hermanos que se autodefinen como RAM pero no son visibles, los conocemos más a través de los comunicados que en otras acciones. Sí hay hermanas y hermanos que reivindican en situaciones territoriales el derecho ancestral, es una situación a trabajar”.
“El Parlamento Mapuche nuclea a la mayor cantidad de comunidades en Río Negro, más de 140 comunidades que se reúnen anualmente para discutir estrategias de organización, de defensa del territorio, de estrategia política para llegar a mejores políticas públicas de parte del Gobierno nacional o provincial, y ese es un espacio institucionalizado”, cuenta además.
“A las provincias les cuesta reconocer la existencia de los pueblos indígenas y sus reclamos de derechos colectivos, pero en un momento hay que abordarlo, porque si no siempre estaremos tratando de apagar con nafta los fuegos que se generan por los conflictos que van surgiendo”, alerta.
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“La concentración de la tierra genera conflicto, tanto en la zona rural como en la urbanidad, en este momento en Bariloche hay 400 familias en el Cerro Otto pidiendo vivienda, Benetton con un millón de hectáreas y otros miles de seres humanos con parcelas muy reducidas, esa desigualdad hay que atenderla con políticas públicas, con mesas de concertación, tratando de abordar el fondo de la cuestión. Está claro que a eso no se le puede sumar ni fuerzas armadas ni violencia, la violencia la provocó el macrismo y generó la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y de casualidad no hubo más muertos, hay que trabajar en el diálogo y la política”, sintetiza Pilquimán.