Redacción Canal Abierto | En la mañana de este miércoles 26 de enero, y por el transcurso de más de dos horas, el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Río Negro se reunió con miembros de la lof Quemquemtrew y de otras comunidades de la zona y representantes de organismos de derechos humanos. Este es, según los participantes, el primer acercamiento serio del gobierno provincial al conflicto desatado tras la recuperación de tierras ancestrales en Cuesta del Ternero y la posterior represión por parte de la policía local ordenada por la Justicia rionegrina.
Mientras tanto, la orden de desalojo dictada por el juez Ricardo Calcagno quedó firme tras la apelación presentada por la comunidad al ser ratificada por el juez de Garantías Gregor Joos, y pesa todos los días sobre la cabeza de los comuneros.
De la reunión, en el centro cultural Eduardo Galeano de la ciudad de El Bolsón, participaron por parte del gobierno el secretario Duilio Minieri y las delegadas de la Secretaría de Derechos Humanos de las regiones Andina y del Alto Valle. “La gente de la comunidad les planteó todo lo que vino pasando desde el 24 de septiembre. El secretario manifestó que venían a escuchar y relevar todas las denuncias de la comunidad y también a saber cuál era la pretensión territorial y cuántas personas eran para llevarle esa información a la gobernadora”, narró en diálogo con Canal Abierto Nelson Avalos, de la APDH Noroeste del Chubut, quien participó como veedor junto a Andrea Reile de la Liga Argentina por los Derechos Humanos y abogada de la comunidad y gente de la APDH Bariloche.
Desde el 25 de septiembre de 2021, tras la represión, la policía de Río Negro instaló un retén bloqueando la ruta 6 y utilizando como base la Escuela Intercultural Nº 211 Lucinda Quintupiray, bautizada con este nombre en homenaje a una mujer mapuche de la zona asesinada tras negarse en reiteradas ocasiones a vender sus tierras.
A la vez, la fiscal Viviana Cendón dispuso que la fuerza provincial impidiera el ingreso de alimentos y abrigo al territorio. Poco después se instaló un acampe de apoyo a la comunidad que permaneció, pese al constante hostigamiento policial, 52 días en el lugar.
Dos días después de levantarse la medida solidaria Martín Cruz Feilberg y Diego Alejandro Ravasio, a la sazón, empleados o socios de los hermanos Rocco, titulares de las tierras concesionadas por el Estado provincial para la explotación forestal, asesinaron a Elías Garay e hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera.
“El retén policial que, según la justicia, se dispuso para resguardar la integridad de las personas no fue así porque mataron a Elías. El verdadero resguardo lo estaba dando el acampe de gente mapuche y de toda la comarca que nos acercamos a acompañarlos. Luego de la ratificación del desalojo hay un nuevo acampe instalado en el lugar”, señala Avalos. “Ese retén sólo podía ser sorteado por quienes tenían residencia en el lugar, en la Cuesta del Ternero. El 20 de noviembre entraron dos personas que tenían residencia en Esquel y cometieron el asesinato”.
En el marco de una temporada turística récord en la comarca andina, con alojamiento completo en todos los pueblos de la zona, finalmente el gobierno rionegrino se avino, al parecer, a buscar una salida dialogada al conflicto. “Es la primera vez que un funcionario del gobierno se sienta a dialogar. No fue una mesa de diálogo, fue una conversación que esperamos sea el inicio de un proceso que concluya en una Mesa de Diálogo”, explica Avalos. “Me parece bueno que la Secretaría de DDHH se haya acercado. Mi evaluación es que es positivo que se de este primer paso”. Cabe señalar que, hasta ahora, tanto la gobernadora Arabela Carreras como el intendente local, Bruno Pogliano, sostuvieron una actitud de violencia discursiva contra la comunidad no haciendo más que colaborar con la campaña demonizadora del “enemigo” mapuche.
El acta de la reunión que los funcionarios se comprometieron a elevar a la gobernadora detalla los puntos charlados y que la comunidad reclama. En síntesis:
- que la lof se pueda reunir (realizar trawn) en su territorio;
- que se levante el retén policial y el bloqueo que impide el ingreso de alimentos y abrigo;
- que les niñes y sus familiares puedan acceder a la escuela de Cuesta del Ternero sin acompañamiento policial;
- que se establezca la Mesa de Diálogo con las autoridades implicadas (Dirección de Bosques, Dirección de Tierras, Procuración General de la provincia), miembros de la comunidad designados y veedores de organismos de DDHH. Que esta mesa tenga capacidad resolutiva.
En la reunión además la lof relató a los funcionarios todos los atropellos y situaciones violatorias de los derechos humanos sufridos desde el 24 de septiembre.
“Nos llama la atención la irregularidad que significa que la fiscal Cendón sea, por una parte, acusadora de la comunidad en la causa por usurpación iniciada por Rocco y que, por otro lado, en la causa por el asesinato de Elías sea querellante contra los asesinos y empleados de Rocco y defensora de la comunidad. La fiscal debería excusarse de alguna de las dos causas, nos genera dudas esta situación, no puede estar de ambos lados”, concluye Nelson Avalos.