Redacción Canal Abierto | Los orígenes del internet se remontan a los años 60, cuando se estableció la primera conexión entre computadoras de tres universidades de Estados Unidos. De allí en adelante, el almacenamiento y la búsqueda de información no han parado de avanzar en la World Wide Web.
Diariamente –y más desde la llegada de las redes sociales- somos testigos de la creación de contenido tanto personal como profesional de miles de personas que intentan “dejar su marca” y mantenerse vigentes a través del tiempo con información a disposición de quien la busque.
La construcción y reconstrucción de la memoria en materia de derechos humanos también se ha visto beneficiada y enriquecida por estas herramientas. Sin embargo, hay quienes se esfuerzan porque suceda lo contrario.
Suprimir información públicamente accesible porque de algún modo los perjudica es lo que dio nacimiento a la ley del Derecho al Olvido. Esta nueva figura legal es reciente y emergió en Europa cuando el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de un ciudadano que intentaba seguir con su vida, pero su nombre estaba asociado a un hecho de su pasado y resurgía cada vez que alguien lo googleaba.
“Esto tiene que ver con que en internet nada se olvida. No sólo nada se olvida, sino que además está Google dispuesto a traerlo a la lógica de sus algoritmos, porque puede haber mucha información acerca de una persona, pero el algoritmo de Google va a decidir qué es lo que más rankea y lo va a hacer sobre todo con criterio comercial, con lo que más clicks vaya a generar”, explicó el especialista en tecnología, Esteban Magnani.
Puntualmente, en Argentina este tema toma relevancia con el caso de Natalia Denegri. La actriz obtuvo una sentencia favorable en la Cámara Civil, ordenándose al buscador de Internet Google que se borren los videos en donde se exhiben escenas de peleas y escándalos televisivos protagonizados por ella mientras se llevaba a cabo un juicio que se mediatizó en los 90.
La audiencia pública para el tratamiento del denominado Derecho al Olvido en el caso de Denegri comienza hoy. “El tema acá es que ella lo hizo voluntariamente y quedó grabado en canales y medios de comunicación. Ella dice que no puede dejar atrás su pasado porque sigue surgiendo, lo cual tiene sentido porque sigue apareciendo y si la gente googlea su nombre aparece eso”, señaló Magnani.
Y agregó: “Esto colisiona con otros derechos como el derecho a la información, a debatir cuestiones que son públicas y que existieron. Por ejemplo, ¿sería justo para un estudiante que está analizando cómo funcionaba la televisión por cable en los 90 no tener acceso a este material de archivo siendo que existe en internet? Porque va a seguir estando allí, sólo que Google va a eliminar los links de las búsquedas, es decir desindexarlo”.
Sin duda el debate es y será complejo. “El fallo de la Justicia va a sentar jurisprudencia pero no va a poder ser definitivo porque cada caso es particular. No es lo mismo ser una figura pública, si se trata de un delito o no, si se hizo voluntariamente o no. Si te filman borracho en una fiesta y lo suben a internet no es lo mismo a participar de un programa de televisión voluntariamente”, explicó el especialista.
Al mismo tiempo expresó: “Lo que se espera es que termine en una ley lo más clara posible, que por muy clara que sea va a ser difícil de implementar. Al año siguiente del fallo en Europa se pidió la baja de más de un millón de páginas. ¿Cómo haces para analizar caso por caso un tema así? Se debería implementar un sistema judicial paralelo para evaluar este tipo de costos y decirle a Google qué es lo que tiene que hacer. Si no tenés que dejar en manos de un privado como Google que decida cuándo corresponde bajar y cuándo no la información”.
La paradoja
Lo que termina pasando con casos como estos se conoce como el Efecto Barbra Streisand. Hubo un momento donde una revista publicó la casa de la cantante y ella pidió que la eliminaran. Eso terminó generando que la foto circulara por todos lados porque era un caso relevante.
“Probablemente lo de Denegri también esté generando un efecto paradójico porque mucha más gente se acuerda de su caso y revé estos videos donde ella aparece cantando o peleándose con otras mediáticas de la época”, sostuvo Magnani.
A su vez explicó: “En la práctica, lo que hacen muchas de las personas que hicieron algo que quieren que quede atrás es contratar a alguna empresa de comunicación y generar una estrategia que enseñe a Google a rankear eso por sobre otra información previa”.
El monopolio de la información
Si hay algo que resalta en este litigio es el poderío de Google en el mercado de la búsqueda de información. “Hay otros buscadores, incluso mucho de los cuales usan los servicios de Google por debajo, es decir que en realidad el motor de búsqueda es el de Google, que tiene el 92% del mercado de las búsquedas. Entonces, lo que le da es un poder muy determinante a su algoritmo para decidir qué es lo que se ve y qué no”, expuso el especialista.
En esta línea, resaltó: “Esto lo estamos viendo con la acelerada censura, no sólo de parte de Google si no de las redes sociales y otras empresas respecto, de lo que ocurre con los medios rusos. La versión de Rusia fue catalogada como fake news y ya está, no se analiza cada noticia para ver qué es cierto y qué no. Ni siquiera es opinable, por eso tiene un poder de policía tan grande que ya está clarísimo que esa idea originaria de que los algoritmos son neutrales y por lo tanto no están sucios de la política y la ideología humana es totalmente falsa. Es mucho el poder que tienen estas empresas para silenciar”.
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Bajo esta premisa, el especialista sostuvo que si Google o Twitter aplicaran lo que se hizo con algunos periodistas rusos diciendo que pertenecían a medios estatales de ese país, tendría que hacerlo también con la BBC, la Televisión Pública o incluso con Radio Martí. “También estaría bueno que las empresas dijesen a quién pertenecen sus paquetes accionarios para blanquear de alguna manera sus intereses cuando publican una noticia”, destacó.
La postura de Google
El líder de los buscadores de internet se expresó mediante un comunicado oficial sobre la causa particular de Denegri. “Valoramos la oportunidad que brinda la Corte Suprema de debatir públicamente sobre un fallo que limita el derecho a la información y la libertad de expresión. La sentencia restringe el acceso a contenido periodístico, artístico o humorístico de carácter legal que involucra a una persona que fue y es pública por su propia voluntad y se relaciona con un caso judicial de interés público”, sostuvo.
Por otra parte, la fundación sin fines de lucro LED (Libertad de Expresión + Democracia) anunció que se presentará como Amicus Curiae en la causa, expresando, entre otras cuestiones que “cualquier limitación a la libertad de expresión debe ser excepcional y dando cumplimiento a las reglas que derivan del artículo 13.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y los estándares fijados por esta Corte y la Corte IDH y que el bloqueo o eliminación de contenidos en internet afecta de manera manifiesta la libertad de expresión puesto que, al cabo implica selección de contenidos y censura previa”.
“Lo bueno de este caso puede ser que se discuta una buena ley de Derecho al Olvido para aclarar lo más específicamente posible –que no va a ser fácil-, en qué casos corresponde aplicarla y quiénes van a ser las autoridades de los organismos que se encarguen de decir qué es lo que tiene que ser bajado y desindexado. Es un debate muy complejo y que seguramente no va a satisfacer a todo el mundo”, finalizó Magnani.