Canal Abierto Radio | Este miércoles 20 de abril comenzó el juicio por la extradición a Colombia del fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld. Diversas organizaciones de Derechos Humanos, se convocaron frente al penal de Ezeiza y realizaron una conferencia de prensa con el fin de frenar la extradición y exigir su inmediata libertad.
“Hay una fuerte campaña para visibilizar este tema que pareciera que los medios no quisieran tomar. La verdad es que la situación de Facundo es muy preocupante porque está injustamente privado de su libertad”, expresó María José Cano, del departamento de Derechos Humanos de ATE Nacional y de la Mesa Nacional de Derechos Humanos, en comunicación con Canal Abierto Radio.
El militante, formó parte del Acuerdo de Paz en Colombia en 2016 y el pedido de extradición lo realizó el Presidente de dicho país, Iván Duque, por haber integrado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Si es extraditado corre riesgo su vida; muchos de los que estuvimos presentes en Colombia conocimos de primera mano el asesinato a líderes y lideresas defensores de los derechos humanos y hay datos concretos de asesinatos a firmantes del Acuerdo de Paz, con lo cual ratificamos que esto es una sentencia de muerte encubierta”, remarcó la dirigente estatal.
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A su vez indicó: “no están claros los delitos por los que se lo acusa, pero se están planteando ciertas irregularidades en el marco de la acusación”.
“Entendemos que es un preso político por luchar. Sus abogados lograron frenar que se inicie un juicio por estos delitos que le imputaron pero sin la presencia de Facundo en Colombia. Es una situación compleja y muy delicada, hay una fuerte preocupación por la salud de Facundo que necesitaba un tratamiento especial e intervención quirúrgica que en el penal de Ezeiza no se están garantizando”, manifestó.
Asimismo, Cano denunció “irregularidades en la primer audiencia” de este juicio que continuará hasta el 29 de abril. En caso de no conseguir que se frene el traslado de Camilo, “los organismos de DDHH solicitaron una reunión con el Canciller, Santiago Cafiero, que todavía no tuvo respuesta; pero se ha planteado también que el presidente Alberto Fernández tiene la facultad para decretar que no se lo extradite”, indicó.
Y finalizó: “Vamos a estar acompañando e ir generando acciones que tiendan a frenar su extradición y a exigir su libertad, o en todo caso, mientras se de el proceso del juicio que pueda cumplir su libertad en un lugar especializado o con un arresto domiciliario que garantice la atención de su salud extramuros”.
