Redacción Canal Abierto | Un folleto dirigido a los jóvenes y realizado por el municipio de Morón con advertencias, información y recomendaciones sobre “consumo responsable» de drogas generó una fuerte polémica.
“Si vas a consumir tené en cuenta estos consejos”, dice el flyer en la parte superior, y luego detalla: “Cocaína/pastillas: andá de a poco y despacio. Tomá poquito para ver cómo reacciona tu cuerpo. Si te detienen, tenés derecho a un abogado”. En cuanto a la marihuana, afirmó: “Porro: mejor flores. Conseguilo de fuentes confiables”. Además de los consejos, el folleto incluye contactos útiles, como el de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación (Sedronar).
Al unísono, desde la oposición salieron a criticar duramente la iniciativa al caracterizarla como una campaña de “promoción”, como en el caso del ex intendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, quien se refirió a la cuestión en redes sociales: “Yo quiero un Estado que les enseñe a nuestros hijos que la cocaína destruye vidas y familias, no cómo consumirla”. En la misma línea se posicionaron referentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, como jorge Macri y Diego Santilli.
Por su parte, el intendente de Morón, Lucas Ghi, sostuvo que la campaña de reducción de daños que realiza el municipio “no alienta el consumo” de drogas sino que “da información y promueve ámbitos de debate para sacar el tema del territorio de lo tabú”, lo que a su vez permite, advirtió, “prevenir desenlaces tan traumáticos como el de Puerta 8 y Time Warp”.
Uno de los episodios, el más reciente, al que alude el jefe comunal ocurrió en febrero de este año, cuando 24 personas murieron y otras 84 sufrieron graves intoxicaciones en los partidos de San Martín, Tres de Febrero y Hurlingham producto del consumo de cocaína adulterada. En aquel entonces causó un fuerte revuelo que el propio ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, recomendara a quienes habían adquirido esta sustancia en las últimas 24 horas descartarla.
Desde entonces, no son pocos los especialistas que señalan el hecho como una evidencia, otra más, del fracaso del régimen prohibicionista de control de sustancias psicoactivas que rige en nuestro país y buena parte del globo.
Una de estas miradas críticas es la de la antropóloga e investigadora del CONICET en la materia Florencia Corbelle. En esta entrevista, la autora de “El activismo político de los usuarios de drogas: de la clandestinidad al Congreso Nacional” (2018) propone repensar las políticas vigentes, modificar la ley penal y reformular las categorías desde una perspectiva de DDHH.
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“Producto de las políticas prohibicionistas, la respuesta de la opinión pública a episodios como el de la cocaína adulterada es mayor persecución, criminalización, mano dura o simplemente el pedido de financiamiento para atención de consumos problemáticos. El problema es que ninguna de estas respuesta generan soluciones de fondo: por un lado, porque el desbaratar un bunker de venta de droga no impide que se monte uno al lado; y por otro, porque por más que se financien lugares de atención -lo cual, sin dudas, hay que hacer-, esto tampoco es garantía de una disminución del consumo de sustancias psicoactivas ilegales”, explica.
Por otro lado, asegura Corbelle, en situaciones como la de la cocaína adulterada “la respuesta criminalizadora que subyace en las políticas prohibicionistas evita que muchas personas se acerquen a tiempo al sistema de salud. También nos aleja de políticas de reducción de daños, como el testeo de sustancias”.
Desde la consolidación del modelo prohibicionista en la década del 60, el mundo observó un aumento del consumo y los puntos de venta. En la actualidad Argentina, según datos de la ONU, es el tercer país donde más cocaína se consume en América, después de Estados Unidos y Uruguay. Según una encuesta realizada por el Centro de Estudios Culturales del Cannabis (CECCA), la Universidad Nacional de Quilmes y la revista THC, el cannabis -luego del alcohol y del tabaco- es la sustancia con mayor tasa de consumo (17,4% probó al menos una vez). Y de hecho, es la sustancia ilícita más usada en el país.
La ley 23.737 no sólo ilegaliza mercados de sustancias ampliamente demandadas sino que además se concentra en perseguir y castigar a las personas usuarias, maximizando todos los daños relacionados a las drogas. Entre 2014 y 2019, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) elaborado por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, la cantidad de “hechos presuntamente delictuosos” vinculados a la ley de drogas registrados por las policías y fuerzas de seguridad de todo el país se triplicaron, pasando de 32.884 en 2014 a 61.746 en 2018 y 98.037 en 2019.
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