Canal Abierto Radio | A 98 años de la Masacre de Napalpí, en Chaco, se realizó un juicio por la Verdad en el marco de crímenes de lesa humanidad llevados a cabo por el Estado argentino, quien debió pedir perdón por el genocidio indígena llevado a cabo en un periodo democrático y, a partir de ahora, llevar a cabo una serie de medidas reparatorias para con la comunidad que estarán a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Al respecto, la presidenta del organismo Magdalena Odarda, expresó: “La mejor medida de reparación histórica será el avance de los relevamientos territoriales estipulados en la Ley 26.160, con sus prorrogas y la sanción definitiva en el Congreso de la Nación de la ley de Propiedad Comunitaria Indígena”.
“Desde la Fiscalía Federal iniciamos una investigación de oficio de la unidad de DDHH en 2014. Fundamentalmente analizamos que la masacre de Napalpí tenía todas las características para ser un crimen de lesa humanidad y que el Estado Argentino, aunque haya sucedido hace tiempo y que ninguno de los responsables está ya con vida, tenía responsabilidad de juzgar este tipo de crímenes y buscar las herramientas para poder hacerlo”, sostuvo Diego Jesús Vigay, Fiscal Federal en Derechos Humanos, en comunicación con Canal Abierto Radio.
“Nos pusimos en contacto con la comunidad, fundamentalmente con el investigador qom Juan Chico y la fundación Napalpí. Nos apoyamos en el proceso de reconstrucción histórica que venían haciendo hacía un par de décadas tomando testimonios a los sobrevivientes, a los hijos y nietos por lo que era el relato oral en la cultura indígena. Además de sumar un número importante de investigaciones que existen sobre la masacre, la reducción y genocidio de los indígenas”, relató el fiscal dando cuenta del “montón de pruebas” existentes para iniciar un juicio.
“Esa reconstrucción de la verdad de manera pública podría ser un acto de reparación para la comunidad, así que el año pasado pedimos un requerimiento de juicio por la Verdad y fue el juicio que se estuvo desarrollando en el último mes”, indicó. Al tiempo, expresó su conformidad con el desempeño de la jueza Zunilda Niremperge por haber “aceptado todos los testigos que presentamos para identificar los motivos de la masacre por parte del Estado Argentino y darle la entidad de un juicio de lesa humanidad”.
Con respecto a la conclusión del juicio, manifestó: “Hemos obtenido una sentencia que es muy buena porque hace un relato minucioso de los hechos que va a quedar como la verdad oficial de lo sucedido y condena al Estado Argentino por 400 y 500 homicidios calificados por alevosía. Además incorpora a la condena el hecho de haber reducido a la servidumbre a cientos de trabajadores indígenas, haciéndolos trabajar a destajo y dándoles una paga absolutamente miserable. Así que entendemos que es una sentencia súper interesante, que tiene una batería de medidas reparatorias que también nos parece que son valiosas a la hora de reparar, en parte, el daño que provocó el Estado a los indígenas en esta masacre”.
El fiscal contó detalles no sólo del juicio, sino también de los relatos sobre la persecución y masacre con el fin, como lo dice la jueza en la sentencia, de “ir ocupando su territorio principalmente para la producción de algodón en el Chaco, el oro blanco, algo que es como la soja hoy en día en términos económicos”, remarcó Vigay.
En cuanto a la labor para llevar a cabo el juicio y obtener la sentencia, de alguna manera, reparatoria, aseguró que “fue todo un desafío investigar esto que ocurrió hace 98 años”. En este sentido, refirió al valor de relato oral como prueba, a los documentos e investigaciones realizados por casi 30 sociólogos, historiadores y antropólogos de universidades públicas que fueron utilizados en el juicio y agradeció a la comunidad.
“Por suerte hemos tenido la posibilidad de apoyarnos en la comunidad que nos abrió sus puertas en todo ese proceso de reconstrucción histórica que fuimos haciendo principalmente con la referencia de Juan Chico, pero también de muchos otros docentes que testimoniaron en el juicio contando lo que fue este proceso. También con archivos de la provincia de Chaco que fueron muy valiosos y contundentes para reconstruir la masacre”, expresó.
Y valoró: “Pudimos contar con registros audiovisuales en el juicio, como relatos de sobrevivientes que fallecieron hace algunos años”. A su vez, lamentó que “una de las consecuencias de la masacre de Napalpí fue que muchos padres y abuelos dejaron de enseñarle a sus descendientes la lengua por miedo a que les vuelva a pasar lo mismo. Ahí hubo pérdida de su lengua que es una de las consecuencias graves por la pérdida de su cultura y cosmovisión. Una forma de borrar la identidad”.
Para concluir, el Fiscal Vigay destacó: “La lucha es por los territorios que son parte de las comunidades y es un tema central para poder desarrollarse y mejorar sus condiciones de vida. El territorio donde ocurrió la masacre es territorio indígena comunitario, pero hay muchos problemas de ocupación de tierras comunitarias en varios espacios en el Chaco que son temas urgentes a resolver”.
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Foto principal: prensa Secretaría de Derechos Humanos de la Nación