Redacción Canal Abierto | En los últimos días de 2018, casi sobre las fiestas, los alrededor de 120 trabajadores y trabajadoras de la planta de Sport Tech de Villa Lynch se enteraron de la posible quiebre fraudulenta de la empresa. Por esas horas también llegó a sus oídos que poco tiempo atrás su dueño, Alberto Enrique, había obligado a todos los empleados de otra planta -ubicada en Luján- a tomarse vacaciones para en el medio cerrar y vaciar la fábrica.
Advertidos de la maniobra, el 8 de enero de 2019 resolvieron en asamblea realizar una ocupación pacífica que duraría casi seis meses e incluiría tres intentos fallidos de desalojo. Gracias al respaldo que por entonces prestaron la municipalidad de San Martín y el Sindicato Unido de Costureros y Empleados del Vestido de la CTA Autónoma, en julio de ese año lograron un fallo judicial que les daba el uso de las maquinarias y de la materia prima que habían quedado dentro, además de reconocer a los trabajadores como acreedores en el proceso de quiebra.
Desde entonces, 65 cooperativistas ponen a andar sus máquinas de coser, administran y gestionan la empresa día a día. “No fue fácil, al principio sentíamos que era como organizar tu casa pero a la décima potencia”, asegura a Canal Abierto una de ellas, Rosana. “Ahora trabajamos más distendidos, mejoramos la producción, porque entendimos que de esta producción sale nuestro sueldo, y que la plata no va a parar a un dueño y su mansión”.
Pero no todo es color de rosa para los integrantes de la «Cooperativa 8 de enero»: desde hace meses enfrentan una orden desalojo que les impide tomar encargos más grandes o de marcas reconocidas, o bien proyectar inversiones a mediano y largo plazo.
“Tenemos capacidad para 300 laburantes y en este momento hay demanda de trabajo que permitiría emplear más gente, pero no podemos ampliarnos por la incertidumbre que genera esta situación”, explica Evangelina. “No estamos haciendo nada malo, solo trabajar”.
Hoy esta y otras cooperativas están a la espera de que el Senado de la Legislatura bonaerense de la media sanción que falta para el proyecto de ley de Emergencia Económica, Financiera y Tarifaria con el que se podría poner un freno a estas acciones judiciales.