Redacción Canal Abierto | Un proyecto que busca reformar los artículos 187 y 187 bis del Código Penal español ha encendido un debate que se reproduce en muchos otros países y que genera divisiones en la sociedad y al interior de los feminismos: abolicionismo o regulación de la prostitución.
La discusión se vuelve apasionante porque ambos lados esgrimen argumentos atendibles, en aras de proteger a las mujeres que ejercen este ¿trabajo? Para Belén, secretaria de Organización de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS), de España, la respuesta a esta duda es contundente.
“En la medida en la que vivimos en sociedades ultracapitalistas, la mayoría de ellas neoliberales, donde hay un montón de oficios que si nos hubiesen preguntado de niñas y niños, por ejemplo, si tú quieres ser limpiadora de hotel o cajera de supermercado, ¡pues igual no era lo que más te hacía ilusión! –asegura–. Queremos ser reconocidas como trabajadoras, tener ese status con todo lo que implica, porque a partir de ahí podemos generar la legislación que cubra las necesidades que tiene nuestro colectivo”.
De punitivismos y derechos
Lejos de su planteo, la modificación que impulsa la iniciativa el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y cuenta con el apoyo del conservador Partido Popular (PP), apunta a penalizar el proxenetismo, multar a los clientes de prostitución y a los dueños de los locales donde se ejerza, con el objetivo –según sostienen– de combatir la trata y la explotación.
Para Belén, sin embargo, esto tiene un Lado B. “Cuando decides legislar por la vía punitivista, con el Código Penal en la mano, en lugar de garantizar derechos pasan a criminalizarnos, a criminalizar a todo nuestro entorno, pasamos a la clandestinidad. Y ahí sí va a haber un riesgo de aprovechamiento de terceros, de ponernos en peligro, de mayor vulnerabilidad, precariedad, etc. Si ya estamos en los márgenes, es irse más allá todavía”, explica en diálogo con Canal Abierto.
Este corrimiento hacia una mayor marginalidad también conlleva, para OTRAS, mayor peligro para su salud, a juzgar por lo que ha ocurrido en otros países donde se han aplicado leyes similares y se verificaron aumentos en las tasas de contagios de enfermedades de transmisión sexual y VIH. Esto ocurre porque la precariedad las obliga a “tener que aceptar prácticas que de otra manera no aceptarías bajo ninguna condición”, dice su referente.
Y agrega que si esta ley se aprobase, en lo inmediato “un montón de compañeras se quedarían directamente en la calle”. Sucede que la inmensa mayoría de mujeres que trabajan en clubes viven allí. “Otras compañeras que no viven en los clubs, si no tienen con qué pagar sus alquileres también se pueden quedar en la calle porque nuestros caseros y caseras podrían pasar a convertirse en proxenetas, así que esto afectaría también a las independientes que trabajan en sus domicilios”, relata.
El dilema de la libertad de elegir
Esta reforma también ha generado divisiones dentro de Unidas Podemos, el ala más progresista del gobierno de coalición español. Desde ese espacio, el argumento abolicionista hace eje en un cuestionamiento: que la prostitución no es una elección libre y que no puede ser separada de la trata, por lo que no debería ser considerada un trabajo sino explotación sexual.
“Evidentemente estamos en contra de la trata y somos las primeras que estaremos apoyando todas las medidas que se puedan tomar para prevenir y terminar con ella. Pero nosotras trabajamos en la calle y en los clubes con nuestras compañeras y no vemos para nada estos datos. Cuando termina el año, los porcentajes de procesamientos judiciales por trata son ínfimos en comparación con el número de mujeres que dicen que están en situación de trata”, detalla Belén.
Sin embargo, desde el sindicato apoyan una reforma de la Ley de Extranjería, que regula la inmigración y, dadas sus trabas, condena a la ilegalidad a miles de personas que llegan a España en busca de mejores condiciones de vida. “El trabajo sexual está atravesado por un montón de opresiones, y la extranjería es una de ellas”, cuenta.
Sin embargo, la cuestión de la libertad de elección es, para OTRAS, un argumento “moralista”. “Es legislar en base a tus creencias morales lo que debería el resto de mujeres hacer o dejar de hacer con su cuerpo –afirma su dirigente–. No se nos considera mujeres adultas capaces de tomar decisiones por nosotras mismas, nos invalida. Estamos en el mundo que nos ha tocado vivir, en las circunstancias que nos han tocado, y elegimos en cada momento de nuestras vidas lo que pensamos que es más adecuado para nosotras. Si eso es ejercer trabajo sexual, lo estamos haciendo desde una plena conciencia y una libre elección. Vas tomando decisiones a lo largo de tu vida como cualquier ser humano. No se puede intentar tutelarnos y decir que nuestras decisiones no son válidas porque no concuerdan con lo que tú consideras válido”.
Regular o abolir
Para OTRAS, la disyuntiva entre abolición y regulación es, en sí misma, una trampa. “Cuando se legisla, se regula”, sostiene Belén. Y pugna por una legislación que abarque a todo el colectivo –que incluye strippers, webcamers, porno, masajistas–, que les reconozca los derechos laborales que les permitan aplicar a la Seguridad Social, tomarse licencias y acceder a la jubilación, entre otras.
“Que se lucre del trabajo no es proxenetismo, es ser un empresario, que puede ser más o menos explotador laboral como cualquier empresario. Proxenetismo es ejercer coacción, violencia, intimidación, ya está tipificado en el Código Penal y por supuesto hay que perseguirlo y es horrible”, distingue Belén.
E ironiza: “Si quisieran proteger a las mujeres, que es el discurso que se lanza, sobre todo deberían preguntarnos. Porque nadie se ha sentado con los colectivos de trabajadoras sexuales de España para preguntarnos qué necesitamos para estar en mejores condiciones y para tener toda esa dignidad que se supone que no tenemos por ejercer la prostitución”.
Entrevistadora: Gladys Stagno