Por Mariana Portilla | Según estimaciones de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, publicada en marzo de 2018, en nuestro país el déficit habitacional es de 3,5 millones de viviendas. Al día de hoy incluso el número puede resultar mucho mayor si se contempla que la tendencia al aumento del déficit habitacional se mantiene desde 2001. En tanto, la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC refleja que son casi 1,4 millones los argentinos que viven en condiciones de hacinamiento crítico, o sea, cuando más de tres personas habitan un mismo cuarto.
En este contexto económico y social apremiante, el derecho a la vivienda se pone en tensión y queda en evidencia la ausencia del Estado en la regulación de la actividad inmobiliaria.
La Ley de Alquileres, sancionada hace dos años y señalada como la norma que complicó el panorama de inquilinos y propietarios, hoy vuelve a ser debatida para su modificación en la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, las organizaciones que representan los derechos de los inquilinos rechazan esta hipótesis.
“El mercado aprovecha que el Estado está mirando el partido desde la tribuna, ya ni siquiera como intermediario”, relata Juan Arrizabalaga, referente de la Federación de Inquilinos Nacional.
¿Qué está pasando en Argentina con el acceso a la vivienda?
– Están ocurriendo dos fenómenos: primero que la vivienda no se construye para que se habite. Pasó de ser un bien social a ser una mercancía, y hoy además es un activo financiero de los grandes inversores. Segundo, el mercado de alquileres no funciona por la ley de la oferta y la demanda porque como no se puede dejar de consumir vivienda, y encima no tenés elección ni ningún tipo de negociación, pagás el precio y las condiciones que te ofrecen.
En esta coyuntura los precios dieron un salto enorme y, en realidad, es cuando más demanda hubo en los últimos tres años…
– Sí, pero hay otro problema más: se pretende vincular una demanda en pesos con una oferta en dólares, por lo tanto no tiene ninguna relación la demanda de alquiler en pesos con los dueños de las viviendas que pretenden obtener una rentabilidad hiperdolarizada. Una vivienda que hace 15 años estaba a 40 mil dólares con el dólar cotizando a 5 pesos, hoy vale 70 mil dólares con el dólar en 200 pesos. Esa brecha cambiaria hace que no haya ningún tipo de relación entre la oferta y la demanda.
Ley de alquileres, ¿una solución?
– El sector inmobiliario rechaza cualquier propuesta de Ley de Alquileres porque lo que quiere es que no exista ningún tipo de regulación del mercado de alquileres. El mercado inmobiliario, per se, se basa en la opacidad. Por lo tanto, cualquier regulación le es contraria a su espíritu porque la ganancia es económica, pero, fundamentalmente, extraeconómica.
¿Estamos en condiciones de superar este escenario de crisis habitacional?
– Es importante aclarar que esta concepción de crisis no implica solo el drama de la posibilidad de acceso a la vivienda sino la crisis de los paradigmas para abordar el problema. Eso está en el fondo de la discusión y es más estratégico aún. No hay salida si no intervenimos en el mercado inmobiliario.
Publicado originalmente en Malas Palabras