Redacción Canal Abierto | Según los abogados de la defensa, la causa de María Ovando, que comenzó a instruirse en 2015, podría describirse como un muestrario de faltas de perspectiva de género. Con esa mirada, este lunes la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, presentó en Posadas un amicus curiae (amigo del tribunal) ante el Superior Tribunal de Justicia, para colaborar en la resolución de la causa.
El 23 de febrero de 2021, la Justicia de Misiones ordenó la liberación de Ovando luego de haber sido condenada a 20 años de prisión en octubre de 2020 por no haber evitado los abusos sexuales de una nieta y dos hijas. Pero en marzo, revocó su excarcelación.
“Sin pruebas, en un proceso altamente cuestionado, el Tribunal (Oral Penal 1 de Eldorado) la condenó junto a Lucas Ferreira (a 12 años) Marcos Laurindo (a 18 años), adolescentes al momento de iniciarse esta causa, quienes ya llevan casi ocho años presos”, detalló Acceso a la Justicia.
Esta mañana, la presentación a cargo de Gabriela Carpineti, directora del organismo, ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde se encuentra el recurso de Casación, fue acompañada por la legisladora Ofelia Fernández, la secretaria de Género de la CTA Autónoma, Silvia León; y militantes y activistas de distintos espacios que reclaman la libertad de Ovando.
Un caso emblemático
La historia de María con la Justicia comenzó en 2011. Entonces, fue acusada de negligencia en la causa por la muerte por desnutrición de su pequeña hija Carolina, que murió en sus brazos cuando intentaba llegar a un hospital de la zona. Por eso, estuvo detenida entre marzo de 2011 y noviembre de 2012, bajo el cargo de “abandono de persona agravado por el vínculo”. Ese mes fue absuelta de culpa y cargo por el mismo tribunal.
Luego de ese juicio, el “caso Ovando” se constituyó en un objeto de estudio frecuente entre tesistas, catedráticos y cursos de jurisprudencia; y se convirtió en paradigmático de la criminalización de mujeres-madres en situación de vulnerabilidad, que por esa misma situación no pueden cumplir acabadamente con los mandatos patriarcales sobre el ejercicio de la maternidad y son sindicadas como “malas madres”. María vivía en la extrema pobreza y en un ámbito violento. Fue madre a los 14 años y a los 37 ya había parido doce hijos.
El segundo juicio
La segunda causa penal contra María fue un espejo de la primera: allí no se determinaron las conductas que debería haber prevenido pero se la responsabilizó por no hacerlo.
En el debate oral se probó lo que desde el inicio de la causa había estado planteando la defensa: la posibilidad de que las niñas hubieran sido abusadas en el seno de la familia que las tiene actualmente en guarda, y que las tuvo a su cargo en el tiempo en que su madre había estado en prisión. La Justicia de familia no ejerció ningún tipo de seguimiento de lo que ocurría en ese ámbito, en el cual fueron puestas las niñas por decisión de la jueza Margarita Potschka.
La Justicia penal, tanto la fiscal como el juez de instrucción, se negó a investigar la hipótesis planteada por la defensa. Pero durante el juicio oral, la propia Euvarta Godoy —integrante de la familia cuidadora de las niñas— reveló la denuncia que había hecho contra su yerno Digno Monges Armoa por abuso sexual hacia la nieta de Ovando.
Monges Armoa fue condenado por abuso sexual simple contra la niña, y el juez que intervino en el proceso es el mismo que hizo la instrucción en la causa contra Ovando, Ferreira y Laurindo. También son los mismos los miembros del Tribunal y de la Fiscalía que intervinieron en el juicio. Ambas causas, cuyas denuncias iniciales se hicieron con pocos días de diferencia, nunca fueron acumuladas, por lo que se trataron sin que se investigase a fondo la posibilidad de que se estuvieran juzgando los mismos hechos.
Habeas corpus rechazados
En torno a la defensa de María —a quien condenaron como “cómplice primaria de abusos múltiples y partícipe o facilitadora de corrupción de menores”— se articularon diversos colectivos feministas, de derechos humanos, activistas, entre ellas Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora, quien firmó el habeas corpus presentado a principios de diciembre pidiendo su libertad, que el juez César Jiménez acogió de manera favorable.
Atendiendo que no había riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso, Jiménez ordenó la inmediata libertad de María que para febrero de 2021 había pasado cuatro meses presa, pero su decisión fue revocada por la Cámara de Apelaciones que ordenó una nueva detención. La defensa aportó dos nuevos hábeas corpus que fueron rechazados.