Redacción Canal Abierto | Luego de envío del proyecto de Presupuesto 2023 al Congreso por parte del Ejecutivo, el primero luego de que se firmara el Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en marzo pasado, se sucedieron los análisis en relación al manejo de las cuentas públicas. Muchos de ellos concluyeron que para el año que viene se avecina, si no hay una fuerte política antiinflacionaria que lo contrarreste, un fuerte ajuste fiscal.
Pero desde el Instituto de Estudio sobre Estado y Participación (IDEP) elaboraron un informe que revisa la ejecución de las cuentas del primer semestre de este año en el Sector Público Nacional (SPN) y, según sus resultados, dicho ajuste ya está en marcha.
La decisión de ajustar
De acuerdo con sus números, las cuentas públicas son reflejo del sendero expansivo de recursos y gastos públicos que en el primer semestre de 2022 evolucionaron en términos reales interanuales al 5% y 12%, respectivamente. Pero desde julio, y sobre todo desde agosto, “la decisión del Ministerio de Economía es impulsar el ajuste fiscal necesario que permita dar cumplimiento al acuerdo con el FMI”.
Solo tres funciones concentran casi el 50% del gasto público: Energía, combustibles y minería, Seguridad Social y Deuda Pública. El IDEP destaca que “es determinante en la trayectoria del gasto del semestre la magnitud de la cuenta de subsidios económicos” que registró un fuerte aumento interanual del 87% nominal impulsado fundamentalmente por el crecimiento de las transferencias al sector energético, que se duplicaron respecto de 2021.
“La cuenta fiscal de julio marca el inicio del ajuste -que se consolida en los números de agosto- que se atravesará durante el segundo semestre de 2022 para alcanzar la meta fiscal anual comprometida con el FMI. Se verifican fuertes recortes entre el gasto del bimestre julio-agosto respecto de junio, fundamentalmente en las partidas asignadas discrecionalmente desde Hacienda. La excepción a esta norma es el gasto en subsidios energéticos que creció respecto de junio más de 40% en julio y más de 30% en agosto”, detallan desde el instituto que depende de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Es decir que para cumplir la meta acordada con el FMI, el plan es mantener una dinámica de potente austeridad fiscal.
Los damnificados del ajuste
De acuerdo con el IDEP, el cumplimiento de la meta anual depende de manera trascendental de la respuesta positiva de la recaudación tributaria a los incesantes aumentos de los precios “y es solo alcanzable en la medida que la inflación aumente los ingresos y ajuste el gasto primario real”.
En otras palabras, si el índice de precios al consumidor lograse estabilizarse en los últimos 4 meses del año en torno al 5,6% mensual, determinando un crecimiento del 95% interanual en diciembre punta a punta, como marca el proyecto de presupuesto recientemente enviado, el resultado primario a fin de ejercicio puede llegar al -2,5% del PBI, tal como demanda el acuerdo.
“Este resultado optimista requeriría que los ingresos reales mantengan el ritmo y no caigan en el segundo semestre”, advierte el informe.
Y detalla que en la comparación interanual del segundo semestre en materia de gastos la Asignación Universal por Hijo (AUH) perdería -8% real interanual, las prestaciones PAMI -5%, las jubilaciones y pensiones -4,7%, otros programas sociales -21%, las transferencias a provincias -27% y otros gastos -33%.
Por otro lado –y de acuerdo con la Decisión Administrativa 826/22 que emitió el Ministerio de Economía el 22 de agosto-, el gasto primario sufriría un ajuste interanual del orden del 6% real e impactaría sobre muchas partidas sensibles.
Entre los gastos corrientes, las reducciones alcanzan al Ministerio de Desarrollo Productivo que pierde $60 mil millones del programa Financiamiento de la Producción, al Ministerio de Educación que pierde $12 mil millones del programa Conectar Igualdad y al Ministerio de Salud que pierde $10 mil millones del programa Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles.
El gasto de capital que concentra el total del recorte neto por $128 mil millones pierde $50 mil millones en el programa Apoyo Financiero al PRO.CRE.AR Mejoramientos Sustentables del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat (40% del recorte total); $38 mil millones se recortan de los programas Infraestructura y Equipamiento ($5 mil millones), Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles ($15 mil millones) y de Conectar Igualdad ($18 mil millones de un recorte adicional sobre el programa ) del Ministerio de Educación; en $20 mil millones caen los créditos del Ministerio de Obras Públicas para los programas Formulación, Programación, Ejecución y Control de Obras Públicas ($15 mil millones) y Recursos Hídricos ($5 mil millones). Finalmente, el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Transporte aportan $10 mil millones cada uno al ajuste.
Ilustración: Marcelo Spotti