Canal Abierto Radio | La referente del PRO y ex ministra de Cambiemos, Patricia Bullrich volvió a realizar declaraciones preocupantes para los organismos de Derechos Humanos al asegurar que utilizaría a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) para tareas de seguridad interior: “Si a mí me tocase gobernar, entro a Rosario o al sur (por el conflicto en Villa Mascardi) el primer día con las fuerzas federales”.
“En principio, esto es ilegal; y en segundo lugar, después de la última dictadura civico militar, el Estado argentino y la sociedad ha construido un consenso muy sólido que se ha sostenido durante cuatro décadas y respetado por el arco de actores políticos, por lo que las declaraciones de la ex ministra son sumamente preocupantes”, sostuvo Juliana Miranda, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en comunicación con Canal Abierto Radio.
De todas maneras, advirtió que es posible “introducir cambios en las funciones de las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas desde la perspectiva legal, algo que durante el Gobierno de Macri se intentó con el decreto 683 para reformar lo que había sido la reglamentación de la Ley de Defensa, pero fue dado de baja con la actual gestión».
“No nos sorprende lo que está diciendo la ex ministra, entendemos que es lo que ellos plantean”, indicó.
A su vez, la socióloga del CELS manifestó: “Sabemos que siempre hay actores, por suerte pocos, en nuestro país que pujan por este tipo de cambio, no sólo en lo normativo sino en los hechos; sin embargo, en este momento el consenso que sostiene la separación entre seguridad y defensa es muy sólido más allá de la existencia de estos factores, aunque es cierto que en la última década en la región latinoamericana hubo avances preocupantes hacia la militarización de la seguridad”.
“Ella dice que va a mandar las FF.AA. a Rosario y al sur, pero son dinámicas, problemáticas o fenómenos completamente distintos: uno es del orden criminal y el otro social, por lo que pretender abordarlos con militares no funciona, no sirve y retroalimenta la situación de violencia”, indicó, a la vez que resaltó: “un militar no está preparado para hacer la tarea de un policía, los militares están entrenados para matar al enemigo”.
En esta línea, Miranda destacó que “el Estado está obligado a proteger los derechos de las comunidades indígenas y no discriminarlas, aunque en su accionar no lo demuestre”.