Redacción Canal Abierto | En diciembre de 2010, el por entonces jefe de Gobierno de la Ciudad  responsabilizaba a la “inmigración descontrolada” por los desmanes protagonizados por la Policía Metropolitana y Policía Federal durante un desalojo en el Indoamericano.

El saldo de cuatro muertos y más de treinta heridos no sólo obligaba a revisar los protocolos de las fuerzas de seguridad, sino también la casi nula política habitacional a nivel nacional y local. Sin embargo, la respuesta que Mauricio Macri eligió cambiar el eje, patear la pelota para otro lado. La estrategia consistió en culpabilizar a la entonces presidente Cristina Kirchner y responsabilizar por la violencia a los migrantes. El por entonces jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta salió a secundarlo al afirmar que “en el país rige una ley muy permisiva respecto de la inmigración”, y que “en esa zona vive un 70% de gente de nacionalidad boliviana y paraguaya”. Como remate, lanzó: “No podemos resolver los problemas de vivienda del Conurbano y el Mercosur”.

Por entonces, distintos sectores políticos rechazaron los conceptos de claro tinte xenófobo. Incluso la entonces conducción porteña de la Coalición Cívica dio una conferencia de prensa en la que el diputado Adrián Pérez (hoy funcionario jerárquico del Ministerio de Interior) calificó el planteo de Macri como “vergonzoso”.

Ya al frente del Gobierno nacional, el macrismo insistió con sus embestidas al intentar instalar un debate para cobrarle a los extranjeros no residentes el uso del sistema de salud y la educación universitaria.

Luego, en otro intento por poner al extranjero como chivo expiatorio para soslayar el sinfín de noticias económicas negativas y reveses políticos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich lanzó: “El 20% de los detenidos son extranjeros”. Durante la misma entrevista radial, la funcionaria había confirmado que el Gobierno trabajaba acelerar las deportaciones: “Queremos que sea un trámite más expeditivo”.

La política migratoria en la Argentina se rige por la ley 25.871, aprobada por el Congreso en diciembre de 2003. En su artículo 6°, la norma establece entre los Derechos y Libertades de los Extranjeros un principio proclamado a su vez por el preámbulo de la Constitución Nacional, para “todos los habitantes del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”.

En enero 2017 el Presidente modificó dicha normativa mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017. Sin debate parlamentario, el DNU ampliaba -entre otras cosas- las razones para impedir o cancelar la permanencia de personas migrantes en el país, un retroceso que viola el proceso y acceso a la Justicia, y vulnera el derecho a la familia y a la unidad familiar.

Sobre este y otros aspectos indaga el informe «Patria Chica. Retrocesos en políticas migratorias»  del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA) de la Facultad de Filosofía y Letras, que se presenta este miércoles 8 de mayo a las 19hs. en el aula 257 de la sede Puan 480.

El mito de la invasión

“A los retrocesos en materia legal, el macrismo suma discursos y prácticas xenófobas”, asegura en diálogo con Canal Abierto Brenda Canelo, investigadora del CONICET, docente de la UBA  e integrante del Equipo de Investigación en Antropología y Procesos Migratorios, colectivo que participó de la compilación de datos y análisis para el estudio. “Los medios de comunicación también juegan su rol, con informes estigmatizantes y datos falsos”.

“Existe un tratamiento mediático extendido que magnifica la presencia de residentes extranjeros, con especial ensañamiento hacia los limítrofes y los africanos”, asegura.

Según el Censo 2010, último realizado en el país, en la Argentina hay 1.800.000 residentes no nativos: 1.402.568 provenientes de países limítrofes y Perú. “Su proporción sobre el total de la población se mantiene casi constante a lo largo de 150 años: siempre representan entre el 2% y el 3,5% del total de las personas que viven en el país”, explica el informe.

Por otro lado, según cifras oficiales del anuario estadístico hospitalario de Jujuy de 2016, ese año hubo 47 mil egresos hospitalarios, es decir personas que se internaron en los hospitales públicos de la provincia norteña, de los cuales sólo 132 fueron personas que tenían residencia en otro país (el documento oficial no especifica cuáles). Esto es el 0,3% del total, y se asemeja al porcentaje de extranjeros que se internaron en 2015 (0,4%).

A su vez, los datos de 2012 publicados por el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresan que la cantidad de personas residentes en otro país internadas en hospitales porteños representaron menos del 0,1% del total (72 casos).

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la casa de altos estudios más grande del país y donde recae la mayor cantidad de estudiantes nacidos en el exterior, se estima que cursan unos 322.000 estudiantes en total. De ellos, 13.200 son extranjeros. Esto quiere decir que sólo el 4,1% de los estudiantes de la UBA son extranjeros, una cifra moderada en comparación con otros países.

Trabas para la regularización, tasas exorbitantes y ajuste

“Hasta 2015 había un programa de abordaje territorial con el que Migraciones se acercaba a los barrios con población migrante para facilitar trámites de residencia y radicación. Esto hizo que mucha gente –en algunos casos trabajadores rurales en situación de esclavitud- pueda alcanzar y acceder a una serie de derechos”, recuerda Canelo. “A penas asumió, Cambiemos eliminó ese programa, hizo más complejos los trámites e implementó un nuevo sistema arancelado con esperas interminables. Pasamos de un paradigma que buscaba regularizar, a otro que excluye”.

En la misma línea se sitúa la triplicación de los «operativos de control de permanencia»: mientras en 2015 alcanzó los 8.445, en 2018 ascendió a 27.425. “Se prioriza la persecución directa de personas migrantes, a las que se presenta como “criminales” o “sospechosas”, antes que apuntar a su regularización”, indica el informe.

“Además de las modificaciones legales, observamos una serie de prácticas que refuerzan los grises que existen en las normativas. Entre otras cosas, disminuye la intervención de la Justicia y habilita la intromisión de la Dirección Nacional de Migraciones, algo que propicia situaciones de vulnerabilidad sobre los derechos de los migrantes”, reflexiona la antropóloga.

Por otro lado, a partir de 2016 se registró un notorio incremento en las tasas de radicación. Tomando como parámetro las residencias permanente y temporaria para extranjeros de países del MERCOSUR y Estados Asociado, los costos pasaron de 300 pesos en 2015 a 1.000 en 2016 y 3.000 pesos en 2018. Todas cifras que incluso se duplican para aquellos extranjeros provenientes de países por fuera del bloque económico.

Los calvarios de Vanessa y Anil

Joven, peruana, enfermera, madre de tres hijos pequeños y a principios de febrero de este año ya llevaba quince años viviendo en la Argentina cuando la policía fue a buscarla a su casa. Tres días después, luego de dejarla detenida junto a su hijo de 2 años sin explicaciones, la Dirección Nacional de Migraciones la deportó a su país natal.

El caso de Vanessa Gómez se inscribe en una política, encabezada por el Ministerio de Seguridad nacional y replicada por los gobernadores de provincias como Jujuy y Chubut, que decidió construir en los inmigrantes el nuevo enemigo público.

Bajo el mismo paradigma, Anil Baran, un joven turco de 27 años, fue detenido cerca del Congreso cuando se debatía la Ley de Presupuesto en octubre pasado, reprimido, casi deportado. Hace pocos meses la justicia dictaminó que era inocente.

La modificación reciente en la legislación tiene su impacto en las “cancelaciones de residencia con orden de expulsión”, que pasaron de 90 en 2015, a 527 en 2017 (más otras 347 entre enero y septiembre de 2018). Mientras que las “expulsiones materializadas” ascendieron de 4 en 2015 a 75 en 2017 (más otras 150 entre enero y octubre de 2018).

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