Por Gladys Stagno | “El otro día estuve en San Justo en un almuerzo. Comerciante de San Justo me dice (sic): ‘un chico trabajó conmigo el año pasado, un año, su salario era $75.000, un buen salario para aquella época. Me hizo un juicio. Yo soy contador público. Un salario por año trabajado, el mejor de los últimos diez años, agregale el preaviso, agregale las vacaciones no pagadas. Explicame cómo de $75.000 pasó a $1.500.000’. Entonces me dice el comerciante: ‘Yo no tengo $1.500.000 para pagarle’”. La anécdota que el diputado nacional, y aspirante a gobernador bonaerense, Diego Santilli relata en Buenos Días América la había repetido en forma idéntica, pero con un comerciante de Quilmes, en La Cornisa (LN+) dos semanas antes.
Más allá del barrio en el que ocurrió esta historia, su voluntad por repetirla obedece a que la problemática que enuncia forma parte del caballito de batalla de la plataforma política de Juntos por el Cambio para las próximas elecciones. Se trata de señalar a la Ley de Contrato de Trabajo como el principal obstáculo que tiene actualmente la generación de empleo, y la necesidad de su reforma por condiciones más favorables para los empleadores. Pensamiento compartido por el espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza.
Consultada sobre el tema, Paula Lozano, integrante de la comisión directiva de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, analiza el ejemplo al que denuncia como “súper capcioso”. “No se sabe cuántas horas trabajaba esa persona, cómo trabajaba, en qué condiciones, si se respetaron sus derechos o no”, advierte.
¿Hay posibilidades de hacerle un juicio a un empleador que respetó los derechos laborales, el convenio, contrató a su empleado según las generales de la ley y le pagó lo que correspondía?
–No, y de hacerlo tenés riesgo judicial también. Es un gran mito esto. O la idea de que los juicios laborales siempre se ganan, eso también es falso.
De acuerdo con el planteo de Lozano, a juzgar por la situación actual del mercado de trabajo, los juicios laborales deberían ser decenas de miles. Pero, por el contrario, hay muy pocos.
Diego Santilli contando la misma situación en dos ciudades distintas, es lo más mentiroso y vergonzoso que van a ver en mucho tiempo… pic.twitter.com/CqxNP44vRr
— Editor✍ (@Editor_76) October 12, 2022
“El problema que tenemos es exactamente inverso al que plantea Santilli: hay normas que no se cumplen –detalla Lozano en diálogo con Canal Abierto–. En la actualidad tenemos prácticamente un 45% de informalidad, es decir trabajo sin derechos, sin registración. Ese porcentaje son millones de personas a las cuales no se le respetan sus derechos, debería haber muchísimos juicios laborales y no se hacen. ¿Por qué? Porque hay miedo, a quedar en la lista negra, que es algo que no es legal, es ilícito, pero en la realidad sucede. A no conseguir empleo futuro por haber hecho un juicio, miedo a ser despedido o despedida por reclamar lo que corresponde”.
Luego agrega: “El gran disuasivo para el reclamo es justamente la falta de estabilidad laboral y la falta de protección. Lo que hay que tratar es de que se cumplan, que haya más inspección laboral, que los sindicatos puedan ejercer su rol como corresponde, y que haya mayores niveles de empleo registrado”.
El futuro del siglo XIX
La embestida contra la Ley de Contratos de Trabajo no emana sólo de bocas de candidatos políticos. Días atrás, la exvedette y actual empresaria textil en el barrio porteño de Flores, Marixa Balli, manifestó en declaraciones a LAM (América) que tiene dificultades para contratar personal porque “cada vez que ves un empleado, te preguntás cuándo te va a costar de juicio”. “Acá es todo a favor para los chorros, para los delincuentes (…). La gente quiere que la contrates para cagarte, para hacerte juicio, por eso no hay laburo en la Argentina, porque las leyes están muy mal”, completó.
“Este discurso que se está instalando tan fuerte y como eslogan de campaña de que desregular o quitar derechos laborales sería una solución para que haya más empleo o para que más personas accedan a mejor remuneración es totalmente falso y en la historia se ha probado exactamente lo opuesto –explica Lozano–. Podemos irnos 200 años atrás y ver qué pasaba cuando no había protecciones laborales, durante la Revolución Industrial las personas vivían 35 años. Pero si nos vamos más cerca, a la década de los 90, y vemos lo qué sucedió fue claro que lo que llaman flexibilización laboral lo único que generó es miseria, familias desarmadas, desempleo a mansalva, y retrocesos en todos los aspectos de la vida”.
En ese sentido, recuerda que los derechos laborales no “se obtuvieron como una concesión del poder y de un día para el otro”, sino que “costaron muchísima lucha y fueron producto de momentos de crisis gravísimas en la historia de la humanidad cuando se constató que no había posibilidad de paz en el mundo sin justicia social”.
El ejemplo fue el final de la Primera Guerra Mundial, en 1919, que cuando se creó la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
“Fue una especie de pacto que existió entre el capital y el trabajo, a nivel simbólico, en donde el capitalismo va a seguir existiendo pero los capitalistas reconocen la existencia de derechos mínimos que no pueden perforarse –aclara la jurista–. A lo largo de la historia, la construcción del derecho del trabajo tuvo que ver con la posibilidad de construir contrapoder a nivel colectivo, a través de los sindicatos. Que la persona no esté sola en esa asimetría frente al poder patronal, sino que haya un conjunto que lo represente y lo defienda y tenga la posibilidad de negociar convenios colectivos de trabajo. Pretendió equilibrar esa diferencia de poder que nunca se equilibra porque siempre el capital va a tener un poder mucho mayor que quien solamente depende de su fuerza de trabajo para subsistir. La destrucción de derechos laborales también apunta a acrecentar el poder patronal”.
Uno de los ataques que se le hacen a la Ley de Contrato de Trabajo es que, a la luz de los empleos del siglo XXI, atrasa. ¿Es así?
–Tenemos que preguntarnos qué de la Ley de Contrato de Trabajo atrasa y hay partes, por ejemplo, el capítulo llamado “Trabajo de mujeres”, que sí atrasan. Ese capítulo sigue reconociendo una división sexual del trabajo donde pareciera que la mujer tiene la función natural de cuidar. Pero la protección de la remuneración no atrasa, el orden público laboral (que las leyes garantizan pisos, los convenios colectivos de trabajo deban mejorar los pisos garantizados por las leyes y los contratos individuales tengan que mejorar todos esos pisos legales) es de avanzada. No sólo no atrasa sino que nos da herramientas para el futuro, para vivir mejor. Obviamente que todo se puede mejorar y podemos garantizar mejores derechos, pero en general estos discursos que hablan de que la Ley atrasa cuando después vemos qué proponen, lo que proponen es flexibilizar la jornada, la remuneración, es decir volver al siglo XIX: esas reformas laborales atrasan.
La ideología tras el discurso
Durante la pandemia, la desigualdad entre los trabajadores formales y los informales se hizo más evidente que nunca. Quienes gozaban de ciertas protecciones, en general tuvieron continuidad laboral, cobraron al menos una proporción importante de su sueldo pese al parate productivo, y la vuelta al trabajo fue de la mano de los cuidados que desde el Ministerio disponían para proteger su salud. En las antípodas, los informales, como mucho, cobraron el IFE.
La paradoja fue que sobre esa misma desigualdad evidente crecieron los discursos que apuntan a la desregulación, señalando al trabajador formal como responsable de la desprotección que sufre el informal. En otras palabras: para unificar las condiciones ante el naufragio, en lugar de repartir salvavidas a quienes les falta habría que sacarles el salvavidas a quienes lo tienen.
“Sostienen que los trabajadores que tienen mejores condiciones laborales perjudican a los informales, eso es exactamente al revés: que existan paritarias y un salario mínimo vital y móvil en los términos que dicen hoy la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo conforme al artículo 116, beneficiaría a todas las personas trabajadoras”, argumenta Lozano.
Y agrega: “Si los trabajadores tienen menos derechos van a tener peores condiciones laborales, menor salario, menor posibilidad de consumir y eso repercute en el conjunto de la sociedad: es una gran falacia”.
Entonces, ¿a qué obedece este discurso?
–Persigue que ciertos sectores que se han beneficiado y mucho, especialmente en la pandemia, sectores concentrados de la economía, se beneficien aún más. Este discurso no es algo empírico, no es algo demostrable con hechos, no es una realidad evidente: obedece a un pensamiento que cuyo objetivo es desregular para permitir que ciertos sectores se apropien de la ganancia de manera ilimitada. Y no es que con los derechos laborales no obtienen rentabilidad. Quitarlos tiene objetivos económicos y de poder, porque una persona que no tiene derechos laborales no va a poder ejercer sus derechos sindicales, va a estar expuesta a la unilateralidad del empleador. Es un discurso que tiene carácter ideológico y que lo que persigue es transferir recursos del sector trabajador al sector empleador. Siempre hay una ideología detrás de un discurso, sólo hay que ver cuál es.
Ilustración: Marcelo Spotti