Redacción Canal Abierto | El Observatorio de la Deuda Social de la Infancia de la UCA compartió un nuevo informe sobre la preocupante realidad que niñas, niños y adolescentes atraviesan en materia de ingresos, alimentación y condiciones de vida relevados en los períodos 2019, 2020, 2021 y 2022.
Los autores inician el texto señalando que “la incidencia de las privaciones de recursos que experimentan niños, niñas y adolescentes (NNyA) continúan siendo muy elevados y mantienen brechas desigualdad social muy significativas”.
En esta línea, agregan: “La pobreza monetaria entre los NNyA se ha elevado por encima del 60% en los últimos dos años de la serie de tiempo considerada, mientras que la indigencia se ubica por encima del 10%. La situación de inseguridad alimentaria ha mermado tras la crisis social del ASPO-COVID-19 pero aún así afecta a más del 30% de los NNyA en 2022”.
En el desglose, el informe indica que el 60% de NNyA es pobre, el 13% es indigente, y más del 12% ha pasado hambre en el último año, a pesar del incremento en materia de asistencia social. En números redondos, 8.2 millones de niños son pobres.
El Observatorio considera que pobre es aquel NNyA en cuyo hogar los ingresos no superan el umbral monetario necesario para acceder a una canasta básica de bienes y servicios. En este sentido, la indigencia por ingresos llega hasta el 13,1%, alcanzado a 1,6 millones de niños, niñas y adolescentes.
Inseguridad alimentaria
Pese al compromiso del Estado argentino de “terminar con el hambre y acabar con todas las formas de malnutrición para 2025”, entre 2010 y 2022, la situación de inseguridad alimentaria se incrementó un 44%. Sin embargo, el mayor deterioro se registra en los últimos cinco años.
“Se registra el peor momento de la serie en plena pandemia del 2020 llegando al 37,2%. Y, si bien en los últimos dos años postpandemia se registra una mejora los niveles de privación alimentaria afectan a un tercio de la población de NNyA en el segundo semestre del 2022”, dice el informe.
En otro pasaje, el documento de la UCA también evidencia otra dura realidad: el 31,4% de los niños (más de 4 millones 200 mil) ha tenido que reducir la dieta de alimentos en los últimos 12 meses por problemas económicos (Inseguridad Alimentaria Total).
A su vez, alrededor de 1,6 millones de niños (12,3%) han experimentado situaciones de “hambre” por falta de alimentos en el último año a raíz de complicaciones económicas a pesar de que el Estado entregó alimentación gratuita a casi el 60% de los niños en comedores, escuelas y otros espacios.
Un hábitat digno
Según el Observatorio de la Deuda Social, la precariedad de la vivienda afecta a dos de cada diez NNyA en el país urbano, y el hacinamiento también. Pero el déficit de condiciones sanitarias adecuadas duplica su incidencia, y lo mismo ocurre con la contaminación del medio ambiente.
“Durante la pandemia por COVID-19 estos indicadores no se modificaron, salvo el del medio ambiente que había mejorado como consecuencia del aislamiento social y la merma del transporte, y la producción. No obstante, tras tres años se ha recuperado el nivel de contaminación y las condiciones habitacionales de la población de NNyA sigue siendo deficitaria para proporciones significativas. Lógicamente, las privaciones en la construcción de la vivienda, el hacinamiento y el déficit de saneamiento se profundizan en condiciones de vulnerabilidad social y repercuten especialmente en la población del Conurbano Bonaerense”, sostienen.
Derecho a la educación
El informe de la UCA estima que el 83,5% de los NNyA entre 6 y 17 años asisten a una escuela de gestión estatal. Además, señala que, en lo coyuntural, la demanda de educación estatal parece haber aumentado especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, señalan que si bien se han registrado retrocesos en indicadores de escolarización, es más notable en la educación inicial e incluso en sectores sociales medios. Se advierte mayor capacidad de recuperación en indicadores de escolarización de las escuelas de gestión privada que en las estatales, pero en la educación primaria y secundaria.
“Lo que se ha deteriorado y no ha logrado retornar a los niveles prepandemia son las ofertas educativas en el campo de la extensión de la jornada, la enseñanza de computación e idioma extranjero en la educación primaria. Específicamente, el 92,5% de la población escolarizada en la educación primaria asiste a una escuela de jornada simple. Si bien presenta diferenciales sociales, de tipo de gestión y región, es clara su generalización y el retroceso que significó la pandemia, aunque siempre se estuvo muy lejos de la meta del 30% de educación extendida priorizando a los sectores sociales más vulnerables”, afirman.
Trabajo infantil
Otra consecuencia de la crisis es el incremento en la cantidad de chicos y adolescentes que tienen que salir a trabajar. A contramano de otros indicadores, por las restricciones que acompañaron a la pandemia, el empleo infantil cayó de manera notable entre 2020 y 2021 a valores mínimos en la última década.
Sin embargo, en 2022 retornó al nivel que tenía antes de la crisis sanitaria. Así, el 14,8% de los chicos de hasta 17 años se ven obligados a trabajar en actividades económicas (generalmente negocios familiares o relacionados a ellos) o a realizar tareas domésticas de manera intensiva para complementar el ingreso de sus familias en el contexto de alta inflación y de deterioro del poder de compra de los salarios.