Por Gladys Stagno | Tras la publicación del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires el 25 de julio pasado, los docentes de inglés porteños y también del resto del país entraron en estado de alerta.
Lo que motivó esta reacción tuvo que ver con que ese día el Ministerio de Educación liderado por Soledad Acuña permitió la contratación directa (Nº 7192-0481-CDI23) de la firma Pearson Education S.A. para la “prestación del servicio integral de planificación, diseño y dictado de clases de inglés en línea (modalidad sincrónica) para estudiantes de segundo ciclo de nivel primario y estudiantes de nivel secundario de escuelas de gestión estatal” de la Ciudad.
El comunicado que lleva la firma del director general de Administración de Recursos, Joaquín Peire, dice, en otras palabras, que las horas de inglés que forman parte de la currícula de esos niveles, dictadas normalmente en clases presenciales por docentes de esa lengua extranjera, serán cubiertas por cursos online provistos por una empresa privada británica. La misma que se hizo famosa –y millonaria– por ser la ideóloga de las pruebas estandarizadas PISA, con las que se diagnostican las fortalezas y debilidades de la educación en distintos países.
“La mayoría de los docentes nos enteramos por los medios”, explica Romina Arena, presidenta de la Asociación de Profesionales de Inglés de Buenos Aires (APIBA), que cuando tomó conocimiento de la medida rápidamente emitió un comunicado en rechazo.
En efecto, la organización no fue citada ni anoticiada por las autoridades educativas porteñas para resolver lo que desde APIBA reconocen como un problema cierto: la dificultad para cubrir las horas vacantes de inglés tanto en las escuelas de gestión estatal como de gestión privada en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires.
“Esta problemática nosotros la venimos viendo desde hace tiempo. La realidad es que hay un montón de cargos sin cubrir. Pero el problema de base es por qué los docentes, graduados o no graduados no quieren cubrir esos cargos –añade Arena–.Nosotros creemos que hay bastantes aristas sobre esto, una de ellas son las condiciones laborales, y con eso no nos referimos sólo al sueldo: hay situaciones edilicias, problemáticas dentro de las aulas. Y también se debe a que la profesión docente es constantemente bastardeada desde los estratos más altos de los Poderes Ejecutivos hasta la sociedad. En inglés tenemos una diversidad de posibilidad laborales muy amplia, y es tan desalentador para nosotros estar trabajando en lugares donde se nos denosta constantemente y donde no se nos valora que muchos dudan de seguir trabajando en las escuelas, que es la parte más linda y gratificante de la profesión”.
Precarización del trabajo y del aprendizaje
La situación no alarmó sólo a los docentes de inglés de la Ciudad. La Federación Argentina de Asociaciones de Inglés (FAAPI) también emitió un comunicado donde expresan “la preocupación y el repudio” hacia la medida.
Desde su mirada, la decisión de contratar una empresa para tercerizar el servicio de enseñanza “desjerarquiza a los y las profesionales de la educación y la formación docente en lengua extranjera Inglés”. Y, lejos de servir como solución, “ha generado que el problema se agudice”.
“Las editoriales ponen a disposición muchos materiales y muy buenos, y después de la pandemia hemos probado que los materiales en línea funcionan, pero siempre mediados por los profesionales, que son quienes leen cuáles son las necesidades de los estudiantes, cuáles son los contextos, qué condiciones materiales tienen las escuelas, cómo se articulan con las otras áreas de conocimiento, cómo acuerdan con los NAP (núcleos de aprendizaje prioritarios de la Ley Nacional de Educación), etc. Es la mediación de este material la que hay que poner en juego y eso lo hace el docente”, explica Eugenia Cantón Carrión, presidenta de la FAAPI, en diálogo con Canal Abierto.
La Federación tiene más de 50 años de vida, nuclea a profesionales de todo el país y es una institución de referencia dentro de su área de incumbencia, pero tampoco fue convocada por la cartera de Acuña para discutir esta medida antes de tomarla.
«Esto sienta un precedente difícil, peligroso, para todas las jurisdicciones. Porque la problemática tiene varias aristas, en principio cuestiones de enseñanza y curriculares, el derecho que tienen las niñeces de poder aprender inglés en las mismas condiciones que se aprende matemática, lengua, educación física. Y, por otro lado, la situación de los docentes y la precarización de su trabajo”, destaca Cantón Carrión.
El Estado (ya) no ofrece garantías
En el mismo sentido se pronunciaron el secretario general adjunto de UTE-CTERA, Eduardo López, quien aseguró que en la Ciudad hay 1.800 horas libres y 120 cargos sin cubrir por falta de profesores. “El Gobierno de la Ciudad carece de maestros de inglés por los bajos salarios”, aseguró en declaraciones a Radio Nacional.
Desde la Secretaría General de CTERA también emitieron un comunicado firmado por su titular, Sonia Alesso, que asegura que esta medida “es un disparate más de un gobierno que maneja la educación como si fuera una empresa: contrata a una organización del exterior para que gerencie su obligación de asignar cargos docentes, evadiendo así toda su responsabilidad de garantizar profesoras y profesores titulados e idóneos para tal fin”. Asimismo, exigieron que aumente el presupuesto educativo que desde la llegada del macrismo al Ejecutivo porteño ha ido “involucionando”.
Arena coincide: “La realidad es que si la contratación del docente está tercerizada a una empresa y no se lleva a cabo por los mecanismos que están establecidos para la toma de cargos, como los actos públicos y el orden de mérito (donde hay puntaje por antigüedad, por los títulos que tengas, etc.), hay que ver cuáles van a ser sus condiciones de contratación y cuál su formación. Eso va a depender de la empresa”.
Dicho de otro modo, la medida implica que el Estado dejaría de garantizar que los docentes al frente de cada curso sean los más idóneos disponibles, y que sus condiciones laborales se ajusten al Estatuto Docente.
Tanto desde APIBA como desde la FAAPI se han puesto de disposición del Ministerio de Educación para comenzar un diálogo “pero el problema es que nos estamos enterando de esto cuando la firma ya está puesta”, destacan.
“Estas medidas no solucionan el problema de base. Nosotros queremos a docentes en las aulas, y queremos que las políticas educativas y las condiciones laborales traccionen al docente a querer tomar horas en las escuelas, y a que más gente elija la profesión”, concluye Arena.