Redacción Canal Abierto | Los bonos de carbono (o “Créditos de Carbono”) son un mecanismo internacional de compensación de las emisiones de dióxido de carbono (CO2), que permiten tanto a empresas como a individuos y Estados reducir el impacto de su huella de carbono. El CO2 es el principal de los gases de efecto invernadero (GEI), responsables del calentamiento global.
Cualquier empresa puede acceder a la compra de estos bonos con el objetivo de compensar las emisiones de GEI generadas por la compañía debido a, por ejemplo, sus procesos industriales.
“Los bonos de carbono son un mecanismo de mercado creado bajo lo que fue el Protocolo de Kyoto. La intención era que por cada tonelada de emisión de dióxido de carbono que se reducía uno se acreditara un bono de carbono. Ese bono tiene un precio y se puede comercializar. La lógica de creación de este instrumento era hacer atractivo, tanto para los privados como para los gobiernos, el hacer inversiones para promover una reducción de emisiones. A su vez, los países pueden acreditarse la reducción de emisiones que financien en cualquier lugar del mundo como propia, porque la atmósfera es una sola, para cumplir las metas de reducción de emisiones fijadas en las cumbres internacionales”, explica Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior de política climática. Hace 20 años que trabaja en temas de cambio climático, en política climática nacional e internacional, principalmente siguiendo las negociaciones de cambio climático desde el año 2004.
“Pongamos un ejemplo: un proyecto realiza una reforestación. Los árboles absorben emisiones de CO2. Cada tonelada de emisión que absorbe ese bosque se convierte en un bono, con un precio. Quien invierte en ese proyecto, se acredita con bonos de carbono que luego puede vender. Supongamos que una empresa no llega a cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones, puede comprar esos bonos y se agencia la reducción de emisiones”.
Neoliberalizando la naturaleza
“El mercado de carbono construido como espacio para procesar una salida a los conflictos del cambio climático, constituye realmente la posibilidad de hacer un negocio del desastre climático”, sostiene el reconocido intelectual y economista ecuatoriano Alberto Acosta. “Por lo pronto, las empresas contaminantes y los intermediarios están haciendo millonarias ganancias, sin que se conozca de avances sustantivos en esta materia. Hasta ahora no se sabe, por ejemplo, cuánto CO2 se estará reduciendo, si es que esto sucede. Es más, hay posibilidades de que se produzcan efectos perversos. Por ejemplo, talar y quemar un bosque primario para luego sembrar eucalipto no fue contemplado originalmente en Kyoto”, advierte.
Este ejemplo que menciona Acosta, se ha hecho realidad palpable en muchas partes del sur global. Recientemente, en el departamento Figueroa en Santiago del Estero, un intento de desalojo a comunidades tonokotés a manos de sicarios empleados por una empresa local al servicio de la firma alemana Concept Nature Management S.A., terminó con uno de los esbirros muertos, aparentemente por una bala de sus propios compañeros, todos muy jóvenes, armados y que a los disparos avanzaron sobre la comunidad. ¿El objetivo de esta civilizada acción de compensación ambiental? Hacerse de esas tierras en litigio, ancestralmente ocupadas por las comunidades, para desmontar el bosque nativo, forestar con una especie exótica y así conseguir créditos de carbono.
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Los mercados de carbono son una nueva forma “verde” de mercantilizar la naturaleza. “El mercado de carbono voluntario es aún más peligroso que el del Protocolo de Kyoto, que está de cierta manera regulado en tanto fija una cuota a un país y éste a sus empresas. Esos mercados de carbono son una suerte de espacios donde las empresas y las personas, pueden comprar o vender certificados que representan emisiones o reducciones de GEI; es decir espacios para lucrar alrededor de la emisión de gases de efecto invernadero. Otra forma de la mercantilización de la Naturaleza. Estos mercados crecen sin ningún tipo de regulación, lo que disminuye el capital político de tener límites vinculantes sobre las partes. Es decir anula el desarrollo de adecuadas políticas y normas ambientales, cada vez más indispensables para enfrentar los crecientes problemas ecológicos”, argumenta Acosta.
“En definitiva, introducir en el mercado los servicios ambientales (conjunto de bienes, como el agua y el aire, y servicios, como la descomposición de desechos o la polinización de cultivos que realizan las abejas, de un ecosistema) significa transferir a su lógica de funcionamiento asimétrico e incompleto la responsabilidad de definir los aspectos distributivos asociados con sus usos. Esto puede generar un proceso de concentración en el acceso a estos recursos y de consiguiente pérdida de soberanía para las poblaciones usuarias de dichos ecosistemas”. Los comuneros tonokotes y los pequeños campesinos de Santiago del Estero que con su modo de vida protegen y viven del monte nativo, son víctimas de este intento de captura financiera del ambiente en el que viven.
Cabe señalar que por proteger el monte nativo estas comunidades no pueden aspirar a recibir bonos de carbono; pero la empresa alemana que deforesta el bosque y siembra almendros para capturar carbono puede canjear el crédito.
¿Compensación?
Lo mismo ocurre al nivel de los estados. Para un país que tiene que bajar sus emisiones -de acuerdo a lo firmado en el Acuerdo de París (2015) que entró en vigencia en 2020- puede resultar más económico compensar esas emisiones en otra nación que tiene menores costos o mayores posibilidades de llevar adelante proyectos de mitigación de emisiones. Así, en Latinoamérica proliferaron cientos de proyectos de inversión en captura de carbono: forestación, conservación de bosques, captura de metano en basurales y energías renovables.
“Hay actividades como la industria del cemento o la del acero, para las que todavía no existen tecnologías que les permitan llegar a la emisión cero; las aerolíneas tampoco. Entonces, esas empresas necesitan compensar de alguna manera y lo hacen comprando bonos de carbono”, explica Martua Konstantinidis.
Hay innumerables metodologías para obtener bonos de carbono: forestación, energías renovables, recuperación de áreas degradas (recuperación de ecosistemas con reforestación de plantas nativas, etc.).
“La noción de servicio ambiental, ligada a otra aberración, la de “capital natural”, entra en la lógica de la privatización y la mercantilización. Permite apropiarse económicamente no sólo de amplios espacios del planeta, sino también de elementos intangibles de los ecosistemas. Se puede negociar, por ejemplo, la regulación climática, la provisión de polinizadores, el agua de las lluvias, los páramos y los bosques, fijación de carbono o nitrógeno, etc. El límite lo impone la imaginación que alienta la codicia y la voracidad del capital”, reflexiona Acosta, enfatizando el peligro de esta mercantilización de la naturaleza que profundiza la fase extractivista.
Antecedentes
En mayo de 1992, en Nueva York, se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la que se reconoció el problema del cambio climático y se fijó como objetivo estabilizar las emisiones de GEI en un plazo determinado para que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático.
Al día de hoy, 195 naciones ratificaron la convención. En 1997 se adopta el Protocolo de Kyoto (Japón) como instrumento para poner en práctica los tratados de la Convención. Los países firmantes se comprometieron a estabilizar las emisiones de GEI y a tomar acciones para lograr este objetivo.
Los bonos de carbono son uno de los tres mecanismos propuestos en el Protocolo de Kyoto para la reducción de emisiones de GEI.
Caso testigo: PAYCO, Paraguay
La DEG (Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft, Empresa Alemana de Inversión y Desarrollo), una ECA (agencia de crédito a la exportación) subsidiaria de una institución pública, el Banco de Desarrollo de Alemania (KFW por sus siglas en alemán), invirtió 25 millones de euros en la Paraguayan Agricultural Corporation (PAYCO), que entre 2013 y 2020 deforestó al menos 7000 hectáreas de bosques en tres propiedades en el Chaco paraguayo.
Según informa El Surtidor, PAYCO fue fundada en 2013 por el grupo portugués Espirito Santo como una empresa offshore con sede en Luxemburgo tras la inversión de la DEG. En 2014, ante la inminente quiebra del grupo, fue creada como una sociedad anónima en Paraguay y llegó a ser la segunda mayor propietaria de tierras del país. La DEG es propietaria del 18,5% de esta firma que se dedicó a la ganadería, la soja, las plantaciones de eucaliptos y a la venta de servicios ambientales al Estado paraguayo. Fue una de las empresas que impulsó la creación del proyecto de ley de créditos de carbono.
Una investigación con @correctiv_org 🇩🇪 muestra cómo una subsidiaria del Banco de Desarrollo del gobierno de Alemania invirtió 25 millones de euros en PAYCO, responsable de la deforestación de 7000 hectáreas en el Chaco.
El banco dice que no sabía de esa deforestación. pic.twitter.com/f22DMXkKu1
— El Surtidor (@elsurti) September 26, 2023
Actualmente, en el Tribunal Administrativo de Colonia existe una demanda de información contra el banco estatal KFW, al cual también pertenece la DEG, exigiendo la divulgación de los planes de acción ambiental y social de PAYCO en Paraguay.