Redacción Canal Abierto | El Patronato de Liberados de la Provincia de Buenos Aires (PLB) es una institución pública que se encarga de supervisar y acompañar a personas que estuvieron presas, que están próximas a ser liberadas o que cumplen penas en libertad. El objetivo de los abordajes, señalan, es “generar posibilidades reales para la inclusión social”. A diciembre de 2022, las personas bajo su órbita eran 39.706.
“La lucha del movimiento de mujeres y las diversidades permitió visibilizar y poner en agenda la problemática de la violencia por razones de género”, arranca el informe que se propuso medir los alcances de este tipo de criminalidad en el ámbito de intervención del organismo bonaerense que preside Aníbal Hnatiuk.
Y es que si bien hubo grandes avances en la materia a nivel social y, en consecuencia, al nivel de las políticas públicas, los datos disponibles evidencian que se trata de una problemática difícil de abordar. Las estadísticas sobre femicidios son contundentes al respecto. Un estudio de la Universidad de Tres de Febrero muestra que, en los últimos ocho años, mientras los homicidios disminuyeron, los asesinatos por razones de género se mantuvieron constantes.
En ese marco es que surge la investigación, que arroja que el 22% de la población con la que trabaja el Patronato tiene causas que se originan en eventos de violencia de género. Se trata de un universo nada desdeñable a la hora de apuntar los cañones: 1 de cada 5 personas derivadas por el poder judicial al PLB registra un delito indicativo de esa problemática.
Ampliar
El informe muestra, además, que el fenómeno tiene mayor incidencia entre personas que se encuentran cumpliendo medidas que en la jerga se conocen como “no postpenitenciarias”. Esto es, que no necesariamente transitaron ámbitos privativos de la libertad por tener penas de ejecución condicional, o las conocidas como “probation” (vinculadas al cumplimiento de reglas de conducta).
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia emitió la resolución 1088, en la que requiere a los magistrados identificar a aquellos varones cis privados de la libertad por delitos de violencia de género, para incluirlos en programas que aborden la problemática. En ese sentido -sostienen desde el equipo de trabajo que realizó el estudio- los resultados del informe dejan en claro la necesidad de ampliar los alcances de la resolución al ámbito de la ejecución penal en libertad.
“Durante los últimos 4 años el Patronato de Liberados dio cuenta de la necesidad de jerarquizar y atender con estrategias específicas de intervención aquellas supervisiones originadas por delitos cometidos por razones de género”, expresan en las conclusiones Mora Zuazo, Juan Ignacio Radonich y Joaquín Plantamura. Y agregan que, “en este sentido es que en el año 2020 se aprobó la resolución 185 que vino a jerarquizar la labor en la materia y presentó los primeros lineamientos para el registro de las supervisiones por estas causales”.
“De la misma manera, en este período se impulsó la creación de Dispositivos de Nuevas Masculinidades, donde se lleva adelante la atención de aquellas personas que judicialmente se ha dispuesto que deben concurrir”. “Este informe viene a reafirmar la necesidad de estas políticas, así como la necesidad de replicarlas”, concluyen.
Metodología
Los registros actuales del Patronato no permiten identificar a priori cuándo una supervisión se origina a partir de un delito cometido en un contexto de violencia de género, explicaron desde el equipo de trabajo. Por este motivo, trabajaron en dos etapas:
1) El punto de partida fue la construcción de una matriz que reuniera a todas aquellas personas que bajo supervisión del PLB cumplían las condiciones que se denominaron como “pre indicativas” de violencia de género. Posteriormente, se construyeron diferentes muestras representativas que fueron analizadas bajo distintas preguntas. Sobre este trabajo se pudo establecer que un 64% de los registros resultaban ser supervisiones en el marco de causas indicativas de violencia de género.
2) Luego, a partir de proyecciones de las muestras, se encuentra que el 22% de las supervisiones que lleva adelante el organismo en la provincia tiene su origen en un evento de violencia de género. Esto representa más de 8700 personas sobre un universo de casi 40 mil supervisiones.
El estudio, que discriminó las distintas variables por regiones provinciales, también indagó en las características de la población bajo análisis, como la edad, las penas, la situación judicial, entre otras.