Por Néstor Espósito | El empresario Sergio Claudio Cirigliano, uno de los condenados por la Tragedia de Once (el mayor siniestro ferroviario de la historia argentina, que causó la muerte de 52 personas en 2012) zafó de una nueva condena y recibió para ello una inesperada ayuda de la economía inflacionaria que hoy domina la escena.
Cirigliano y su colega Edgardo Oscar Ballesteros llegaron hasta la etapa de juicio ante un Tribunal Oral en lo Penal Económico (TOPE) acusados por “apropiación indebida de los recursos de seguridad social, en virtud de haberse omitido el depósito en tiempo legal de los montos retenidos a los empleados de la firma Emprendimientos Ferroviarios S.A. de los períodos de 01/2013 a 05/2014, por un total de $ 15.828.571,10”.
La fecha es posterior a la Tragedia de Once, cuando todo el conglomerado empresario que operaba parte de lo que había quedado en pie del trazado ferroviario había estallado en crisis por aquel siniestro.
Ballesteros quedó excluido del eventual juicio “en atención a su actual estado de salud”. Cirigliano pidió una probation, es decir la suspensión del juicio a cambio de medidas alternativas para solucionar el conflicto judicial evitando una potencial condena que podía llevarlo nuevamente a la cárcel.
Cirigliano fue condenado a siete años por la Tragedia de Once y si bien ya recuperó la libertad, una nueva condena –por sus antecedentes- amenazaba con complicar su situación.
El TOPE número 2 concedió el beneficio por el término de un año y mediante el desembolso de unos 15 millones de pesos a entidades de bien público. “En cuanto al plazo del beneficio, el mismo será de un año, en atención al lapso transcurrido desde la fecha de los hechos a hoy (virtuales 10 años), el comportamiento del imputado a derecho en todo el proceso, su reinserción social y los problemas de salud que posee”, sostiene la resolución.
La probation fue concedida “teniendo en cuenta la mediana lesividad del bien jurídico tutelado por la norma en el caso y la ausencia de cuestiones de gravedad institucional”.
Cirigliano se comprometió a pagar 15.829.571 pesos. La querella de la AFIP/DGI “se opuso de manera general a la procedencia del instituto y por ende no aceptó tal reparación” pero el tribunal, integrado de manera unipersonal por el juez Luis Gustavo Losada, la concedió y aceptó el desembolso “vista la actual capacidad económica” del imputado. “El monto de dinero ofrecido será considerado razonable, siendo de destacar que el mismo se corresponde con el perjuicio económico histórico de los hechos denunciados”. El fallo subraya: “el perjuicio económico histórico”.
“En la medida que es el Estado en general el perjudicado por las conductas reprochadas no media impedimento para que la reparación económica ofrecida sea derivada a instituciones de bien público, contando además para ello con la conformidad del imputado y del Ministerio Público Fiscal”, aclara la resolución.
“En ese sentido, no admite discusión la grave situación económica por la cual atraviesa el país y los preocupantes índices de pobreza existentes en la población”.
“Por ello mismo, las instituciones elegidas para los destinos del dinero ofrecido serán aquellas que contribuyan a atender las necesidades básicas de familias o personas en situación de vulnerabilidad, con particular énfasis en la alimentación, educación y atención de ancianos”. Así, recibirán desembolsos del orden de los tres millones de pesos las entidades Fundación “Todavía es tiempo” -Arca de Noé- Hogar de Niños -Atención integral a la niñez en riesgo de la zona de Paso del Rey, partido de Moreno; la Fundación “Pelota de Trapo”, de Avellaneda; la Fundación “AMARANTA”, asociación Civil que impulsa un desarrollo integral en el cuidado y atención de niños institucionalizados y sus familias; la institución “CASA DE GALILEA”, centro de desarrollo humano y fortalecimiento familiar; y la Fundación Educativa y Cultural “Nuestra Señora de Luján”, dedicada a la educación y cultura de poblaciones con carencias estructurales derivadas de su vulnerabilidad social, de Marcos Paz.
Cirigliano está todavía cumpliendo con la pena por la Tragedia de Once. El plazo se agotará en septiembre de 2025. Fue detenido en 2018 y atravesó distintos estadios del procedimiento carcelario. Fue condenado por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo agravado por haber causado la muerte de 52 personas y lesiones en 789 personas”.
Junto con su hermano Mario era dueño del Grupo Plaza y cuando ocurrió el siniestro ferroviario operaba la concesión del ferrocarril Sarmiento a través de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA).
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Néstor Espósito: @nestoresposito