Por Néstor Espósito | El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) acaba de publicar un documento de medio centenar de páginas que demuestra cómo una serie de fallos judiciales sobre los que hubo escasa o nula difusión y conocimiento perjudicaron el bolsillo de los argentinos.

Bajo un título en formato de pregunta retórica, “¿Las decisiones del Poder Judicial no tienen nada que ver con tu vida?”, la organización que encabezan los economistas Julia Strada y Hernán Letcher subdividió el trabajo en siete ejes, sobre los cuales citó fallos concretos que afectan a la economía cotidiana del ciudadano común. Sin embargo, desde algunos medios de comunicación se suele afirmar que las cuestiones relacionadas con los tribunales sólo revisten interés de nicho y le pasan muy lejos al ciudadano de a pie.

Falso.

El trabajo explica que las tarifas mensuales sobre el servicio de internet serían menores a las que se pagan actualmente “si la justicia no hubiese frenado el decreto que en 2020 fijó que las telecomunicaciones son un servicio esencial con precios regulados”.

Lo propio ocurre con las empresas de medicina prepaga, habilitadas a incrementar sus tarifas a un nivel que supera en seis puntos a la inflación de los últimos dos años. Desde 2021, las prepagas aumentaron un 216 por ciento contra una inflación del 195,1.

La desprotección del consumidor encontró en diciembre de 2019 un fallo emblemático que consideró que Mercado Libre no es responsable por la venta, en su propia plataforma, de un producto que resultó diferente al publicado.

El reporte revela un dato desconocido, insólito y profundamente adverso al derecho universal a la educación. “En 2016 se metieron con un derecho básico y fundamental en nuestro país: el acceso libre e irrestricto a la Universidad Pública. Fue Pablo Cayssials, juez en lo Contencioso N°9, que hoy aparece en los Patagonia Leaks por haber viajado al sur financiado por Clarín”.

Cayssials es un personaje recurrente en el reporte: varios de sus fallos protegen a grandes empresas y grupos corporativos contra los reclamos de ciudadanos comunes que consideraron vulnerados sus derechos.

Los jueces parecen pretender erigirse en gobierno pese a que no fueron elegidos para gobernar. De hecho, ni siquiera fueron elegidos por voto popular para ser jueces. Cuando una ley lo intentó (el proyecto de “Democratización de la Justicia” durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), la Corte Suprema, en tiempo récord, lo abortó.

Mediante fallos judiciales, “entregan los pocos dólares del país a las importadoras: en septiembre una compañía importó neumáticos recurriendo a cautelares nada menos que en 30 ocasiones.  En agosto de 2022, una cautelar permitió la importación de 20 millones de dólares en toallas”.

El juez Cayssials “permitió la importación de un Porsche 911 Turbo y una Ferrari Testarrosa, en un fallo de febrero 2021”, sostiene el informe.

“En 2015, la justicia falló a favor de Telecom y en contra de la provincia de Santa Fe que buscaba aplicarle, según establece la norma, una alícuota mayor de Ingresos Brutos a la compañía, por no estar radicada en el territorio provincial”. Telecom forma parte del Grupo Clarín.

La Justicia en lo Laboral está colapsada. Pero, contrariamente a lo que proclaman políticos que se convierten en voceros de grupos económicos, no es por la “industria del juicio”, que no existe como tal. De hecho, el informe del CEPA subraya que en octubre pasado “un fallo judicial favoreció a una empresa láctea que despidió a 26 trabajadores por participar de una protesta gremial”.

En 2018, la Corte Suprema “negó los derechos laborales de un trabajador del Hospital Alemán que prestó servicios ahí durante siete años, avalando que la empresa desconozca la relación laboral existente”. El diario cooperativo Tiempo Argentino publicó por entonces: “La Corte Suprema de Justicia derribó buena parte de los derechos laborales con un fallo controversial, que avala los contratos de “locación de servicio” cual si la fuerza laboral de un trabajador fuera equiparable a una mercadería.

Con los votos de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz, en estricta y ajustada mayoría, el máximo dio vuelta dos fallos anteriores de la justicia laboral que establecieron que un médico neurocirujano que trabajaba contratado como tercerizado para el Hospital Alemán y su medicina prepaga durante siete años no tenía una relación laboral con su contratante.  Era, en resumidas cuentas, un proveedor. Como el que vende jeringa o gasas”.

Los jueces recortan todo el tiempo los derechos y las conquistas laborales. El CEPA afirma que “un fallo judicial en Rio Negro, confirmó, en plena pandemia, el despido de un trabajador porque según lo argumentó la empresa ‘estaba a prueba’, desconociendo de esa forma el decreto 329/20 de prohibición de los despidos en la emergencia sanitaria”. O sea: un tribunal avaló dejar sin trabajo y en la calle a un trabajador en medio de la peor crisis sanitaria del último siglo.

En el marco de la persecución contra el Grupo Indalo (que incluye Oil Combustibles y el canal de cable C5N), un fallo judicial impidió en 2019 el cobro de los sueldos de los trabajadores “al bloquear una cuenta que había sido creada como ‘inembargable’ para ese fin. En su fallo, advirtieron que ‘no se ignora que podría dificultar el pago de salarios’».

Las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan. Esa suerte de teorema se percibe cada día en los tribunales. Una de las leyes a la que el Poder Judicial le pone, cuanto menos, trabas a veces insalvables, es la ley del aborto. “El año pasado un fallo judicial en San Juan impidió a una mujer practicar un aborto legal por una cautelar presentada por su ex marido, negando el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ley sancionada en 2020. En 2019, en la ciudad de Tucumán, Lucía -de 11 años- ingresó a un hospital público con 23 semanas de gestación producto de una violación. La madre de la niña pidió ante la Justicia tucumana la ILE, medida que fue dilatada durante semanas, hasta que fue obligada a realizarse una cesárea”.

Cuando amplían derechos, los tribunales suelen hacerlo a favor de los poderosos en lugar de inclinarse por los débiles. Algo así como un “Hood Robin”, la contracara de Robin Hood. “En plena pandemia, la AFIP impulsó una moratoria destinada a las pymes. Pero la justicia habilitó a dos grandes empresas que lo solicitaron, a ser incluidas, porque la medida era discriminatoria”.

Según el CEPA, “la justicia sigue favoreciendo a la familia Macri en la causa Correo: avaló este año la suspensión del trámite de quiebra de la empresa Correo Argentino S.A. hasta que la Corte Suprema resuelva un conflicto de competencia pedido por la defensa del ex presidente”. El planteo de la empresa de los Macri apunta a crear un tribunal intermedio en el ámbito de la Capital Federal (que le es habitualmente favorable y generoso) antes de que intervenga la Corte Suprema (que también suele ser favorable y generosa).

“La Inspección General de Justicia (IGJ) advirtió sobre el accionar sistemático de jueces de la Cámara Comercial que impiden investigar: el caso paradigmático es el fideicomiso ciego que administró parte del patrimonio de Macri, sospechado por ocultar bienes y falsear las declaraciones juradas como funcionario público”.

El propio Poder judicial rechazó el pedido de la IGJ para declarar la nulidad de la sociedad Hidden Lake SA, de Joseph Lewis, floja de papeles y –además- incumpliendo sentencias que la obligan a facilitar el acceso al Lago Escondido, curiosamente el lugar elegido por los jueces y funcionarios de CABA para relajarse y distenderse de sus estresantes actividades oficiales.

Son, apenas, algunos ejemplos de cómo los fallos judiciales impactan en la economía doméstica, en los derechos de los consumidores, en los de los trabajadores, en la salud pública. En el día a día, en fin.

El informe completo puede consultarse en el sitio del CEPA 

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Néstor Espósito: @nestoresposito
Ilustración: Marcelo Spotti

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