Redacción Canal Abierto | “Para nosotros fue una cacería de un grupo especial armado”, sostuvo a Canal Abierto el abogado de la APDH Bariloche Ezequiel Palavecino, que representa a los padres de Rafael Nahuel, tras la inspección ocular que se realizó ayer en Villa Mascardi en el lugar donde el joven mapuche fue asesinado.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, que tramita el juicio oral y público por el crimen de Nahuel, confirmó este martes el lugar exacto donde integrantes de la Agrupación Albatros de Prefectura Naval Argentina asesinaron al joven mapuche el 25 de noviembre de 2017. La diligencia judicial realizada desde el mediodía de este martes en Villa Mascardi, en medio de un fuerte operativo de seguridad, es una de las últimas instancias del proceso cuya etapa oral se inició en agosto. El próximo 22 de noviembre se conocerá el veredicto del juzgado.
También te puede interesar: Empieza la recta final del juicio por el crimen de Rafael Nahuel
El trámite fue realizado en el marco del juicio en el que se encuentran imputados el prefecto Sergio Cavia por “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”, y sus compañeros los agentes Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, señalados como “partícipes necesarios” de ese delito.
La comitiva ingresó al predio cerca del mediodía y se retiró pasadas las 17 horas. Fue encabezada por los jueces del Tribunal, Alejandro Silva (Presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava. Los acompañaron los procesados Obregón y García –los otros tres prefectos no participaron ya que su defensor, Marcelo Hugo Rocchetti, rechazó la diligencia–; el prefecto Francisco Lescano, citado como testigo debido a que estuvo en el lugar de los hechos, pero no subió hasta el punto donde sus compañeros efectuaron entre 114 y 129 disparos con proyectiles 9 milímetros; y los jóvenes mapuches testigos directos. De la comitiva formaron parte también el abogado de la APDH Bariloche y querellante, Sebastián Feudal, el representante de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski y los abogados de la familia Nahuel que llevan adelante la querella.
“Para nosotros fue muy positiva la inspección ocular. Creemos que quedó muy claro lo que veníamos planteando en el debate; cada una de las cosas que dijeron los testigos, se corroboraron ayer”, sostuvo Palavecino. “Cada una de las cosas que los testigos presenciales –Johana Colhuan, también herida por los prefectos, Lautaro González Curruhuinca y Fausto Jones Huala– fueron detallando en su declaración testimonial, ayer, en el territorio, pudieron indicarles a los jueces donde se dieron y donde estaba cuando cada uno de esos hechos ocurrió”.
Acceso al rewe
Un grupo de mujeres mapuche, la mayoría integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu que había recuperado ese territorio y fue desalojada el 4 de octubre de 2022 en un operativo a cargo del Comando Unificado de Seguridad –integrado por efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la PSA–, reclamó poder acceder al rewe (sitio sagrado).
Luego de algunos altercados entre las manifestantes y efectivos de las fuerzas de seguridad federales dispuestas en el lugar, se permitió a las mujeres –entre ellas la machi (líder espiritual) Betiana Colhuan, hasta hace poco detenida arbitrariamente tras el desalojo, y María Nahuel, tía de Rafael– ascender hasta el lugar.
La inspección
La inspección “permitió ratificar el lugar exacto donde fue ultimado Rafael”, explicó a la Agencia Télam Rubén Marigo, el otro abogado de la querella por la familia Nahuel. El Tribunal pudo confirmar “las características del terreno y acreditar la veracidad del testimonio de los testigos directos del crimen”.
“Quedó demostrado que hubo una persecución, que los Albatros corrieron a los mapuches montaña arriba, que el lugar donde se encontraron las vainas servidas –durante la primera inspección ocular del 12 de diciembre de 2017– era el sitio donde dispararon los prefectos”, sostuvo Marigo.
Después de la inspección in situ, Palavecino sostiene a Canal Abierto que “no hay otra explicación que la que lleva la acusación: fue una cacería, está muy claro. A la altura en la que estábamos en la montaña, arriba de los 1000 metros, cuando comenzó esa balacera en persecución y en subida a lo largo del espacio que conocimos ayer, se observa que los Albatros siempre pudieron estar a resguardo, incluso si hubieran recibido algún tipo de agresión. Ni siquiera considerando las posibilidades de la teoría exculpatoria de los prefectos, es factible que haya sido proporcional el uso de las armas de fuego. No quedan dudas para nosotros de que fue una cacería, de que les tiraron con todo lo que tenían: más de 130 balazos recibieron los integrantes de la comunidad. La geolocalización de las vainas servidas, relevadas previamente, coincide perfectamente con relato de los jóvenes de la lof que fueron testigos y víctimas de lo que ocurría”.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien había solicitado la realización de esta medida de prueba, ponderó la utilidad de la inspección y planteó que sirvió para “controlar las versiones vertidas en las indagatorias y las testimoniales”, destacando que “al ejercer el derecho de defensa” un procesado “puede mentir, como testigo no”: dar una versión diferente a la real puede conllevar consecuencias penales.
De acuerdo al cronograma informado por el Tribunal, los alegatos del juicio oral se realizarán los días 7, 8, 14 y 15 de noviembre, y el veredicto será leído el 22 del mismo mes.
Fotos: Alejandra Bartoliche para Agencia Télam | Información de la Agencia Télam y producción propia.