Redacción Canal Abierto | El artículo 17 de la plataforma electoral de La Libertad Avanza reza: “Sobre la tenencia de armas de fuego planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía”.
Pocos meses atrás, sus principales referentes también defendían ese postulado a viva voz en cualquier programa de televisión. En mayo de 2022, ante la pregunta de un periodista por su posicionamiento sobre el tema, Javier Milei respondía: “Que la gente pueda tener armas libremente”. “¿En el supermercado también?”, le retrucaba Diego Sehinkman. “No tengo problema. ¿Quién sos vos para restringir la libertad del otro?”, zanjaba el candidato a presidente.
Pero en la recta final de la campaña, y ante el rechazo que venían generando en una porción importante de la sociedad, los libertarios empezaron a morigerar su discurso y la forma que encontraron fue ir en contra de las restricciones que establece el Estado.
“Tenemos una legislación vigente. Lo único que queremos es que cualquier ciudadano que esté en condiciones de solicitar la tenencia legítima de armas pueda hacerlo sin ser desalentado por el mismo Estado, como estamos viendo hoy”, afirmaba Victoria Villarruel luego de las PASO de agosto.
Para explicar qué hay detrás de esa afirmación, Julián Alfie, subdirector del INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales) e integrante de la Red Argentina para el Desarme, dice que hay que tener en cuenta que en Argentina hay dos leyes principales que regulan el tema de las armas de fuego: una es la 20.429 que data de 1973 y que mediante el RENAR implementaba una lógica de “mero registro”, y la otra, de 2015, que creó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) y que promueve “políticas públicas proactivas de control de armas de fuego y de desarme de la sociedad civil”, a partir de la premisa de que “la circulación de armas de fuego implica un riesgo en términos de mayor violencia”.
“Cuando Villarruel dice que el Estado tiene que cumplir con la ley vigente lo que hace es desconocer la segunda ley que ha sido muy rechazada por aquellos sectores que ella representa, que son históricamente defensores de la libre portación o circulación de armas”, indica Alfie.
Se refiere a los grupos armistas, que son “minoritarios en términos cuantitativos pero muy intensos en su activismo”. El más importante en ese universo, precisa, es ALUTARA, la Asociación de Legítimos Usuarios y Tenedores de Armas de la República Argentina que conduce Adrián Bastianes. Si bien en 2022 Bastianes repudió dichos de Milei sobre libre portación de armas por irresponsables, en el último tiempo él y la Asociación mostraron lazos más estrechos con La Libertad Avanza. La diputada electa Lilia Lemoine y Rebeca Fleitas, “la primera diputada libertaria de la historia”, son algunas de las referentes que participaron en actividades de ALUTARA.
Tragedias y avances
El 6 de julio de 2006, Martín Ríos caminaba por Avenida Cabildo con una Bersa Thunder 380 en la mano cuando empezó a disparar contra quienes se le cruzaban en el camino. Uno de ellos fue Alfredo Marcenac, de 18 años, quien murió de tres balazos que impactaron en su cráneo, en el tórax y en el abdomen.
Luego de su detención, una semana después del hecho, se descubrió que Ríos ya había disparado en la misma zona en tres oportunidades y que contaba con la autorización del Registro Nacional de Armas (RENAR), a pesar de que el certificado médico recalcaba que debía hacerse nuevos estudios psicológicos.
Este hecho, que conmocionó a la sociedad y trascendió como la masacre del tirador de Belgrano, impulsó la creación del Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, aprobado por ley en diciembre de 2006, que permitió quitar de circulación más de 200.000 armas de fuego entre 2007 y 2022.
Para Alfie, éstos avances son a los que apunta Villarruel. “Detrás del discurso de que el Estado cumpla estrictamente con la ley, lo que se busca es dar marcha atrás con ciertas regulaciones que se han establecido en los últimos años, lamentablemente a partir de tragedias”. Entre los requisitos que plantea la legislación vigente se pueden mencionar las pruebas psicofísicas o el no tener denuncias por violencia de género.
Si bien la Argentina no es una sociedad armada, la tasa de 7.4 armas cada 100 habitantes es de las más bajas de la región, su presencia continúa siendo un factor que incrementa la violencia letal. Así, en nuestro país 1 de cada dos homicidios dolosos es producido con un arma de fuego, y en el caso de los femicidios la relación es de 1 cada 4 (Fuente: Ministerio de Salud / ANMAC). La ciudad de Rosario, donde los homicidios duplican la media nacional, es un caso paradigmático y que da cuenta del peligro que representa una mayor circulación de armas.
Que frente a la evidencia empírica y el rechazo social La Libertad Avanza insista con estas propuestas no tiene solo que ver con ofrecer una salida fácil ante un tema que preocupa a amplios sectores de la sociedad como lo es el delito, sino con las ideas dogmáticas de algunos de sus miembros, quienes “históricamente han defendido la libre portación de armas”, subraya el referente de la RAD. La novedad es que por primera vez tienen representación en un espacio político con altas chances de ser gobierno. “Villarruel siempre ha sido cercana a estos grupos, no es una novedad”, agrega Alfie en relación a los sectores armistas.
Una sociedad más insegura
“Queda claro esta idea de ‘liberemos las armas de fuego para que estén en manos de ciudadanos buenos y no solo de los ciudadanos malos’, como si el problema fuese quién las tiene y no que es un objeto que aumenta las posibilidades de generar muertes, no es así”, dice Alfie.
A esto se suma que las estadísticas muestran que en la mayoría de las muertes cometidas con armas de fuego se dan a manos de esos que LLA llama “ciudadanos buenos”, porque no se dan en el marco de otros delitos, sino de conflictos interpersonales: en peleas entre amigos o vecinos, muchas de las cuales son incluso “accidentes”.
“La sociedad lejos de querer hacerse cargo de ese problema comprando un riesgo, que es lo que pasa cuando se compra un arma de fuego, lo que quiere que el Estado sea el responsable de la seguridad y que le garantice el derecho a vivir una sociedad libre de violencia. Y eso no se logra poniendo un arma en cada hogar, al contrario, un país armado es un país inseguro y Estados Unidos es claro ejemplo de eso, con matanzas masivas, armas de fuego en las escuelas, violencias de género potenciadas por la presencia de armas de fuego. Eso es una sociedad insegura”, concluye.