Redacción Canal Abierto | El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó al prefecto Sergio Cavia a cinco años de prisión por el homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa del joven mapuche Rafael Nahuel. Los otros cuatro prefectos –Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García– de la patrulla que ingresó en el predio en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y Parques Nacionales en un operativo de reconocimiento ese 25 de noviembre de 2017, fueron condenados a 4 años y medio como partícipes necesarios del mismo delito.
El tribunal presidido por el juez Alejandro Silva, secundado por los magistrados Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava dió su veredicto en una sesión que comenzó a las 9 de la mañana en un tribunal vallado y rodeado por un fuerte operativo de seguridad a cargo de 150 efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, el triple que en las sesiones previas. Más de 50 organizaciones se habían convocado para acompañar a la familia.
Tras el veredicto se produjeron enfrentamientos entre un grupo de manifestantes, que se enardeció al conocer la condena, y la policía que reprimió para dispersar la protesta. Fue breve la escaramuza y luego retornó la calma… y la bronca ante la exigua condena.
Las tres querellas habían solicitado la pena de prisión perpetua por el homicidio calificado de Nahuel y la tentativa de homicidio de sus compañeros –dos heridos en el hecho por impacto de bala–.
Durante el proceso judicial, los abogados querellantes solicitaron la pena mayor por considerarlos coautores funcionales del delito de homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa.
La Fiscalía, por su parte, había requerido cinco años de prisión para cada uno de los agentes considerando el atenuante de “exceso en legítima defensa”, dando por acreditado que existió un enfrentamiento con armas de fuego, y que los prefectos actuaron defendiéndose aunque más allá de lo que establecen los protocolos de actuación.
Resonancias
En su alegato, el abogado de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, sostuvo que a lo largo de las más de 20 audiencias en las que declararon 63 testigos quedó acreditado que no existió un enfrentamiento armado, sino una persecución más allá del predio de la comunidad y que los efectivos dispararon en 151 oportunidades con munición de plomo.
“El invento del enemigo común a través de la RAM, las visitas de Bullrich para crear el comando unificado en 2017; de Pablo Noceti para luchar contra la RAM ese mismo año. La desaparición de Santiago Maldonado, no es casual… Esa es la causa de que hoy estemos acá. Es un delito político, es un delito de violencia institucional, es una deuda de la democracia no terminar con estas prácticas que vienen de la dictadura militar. Tenemos que pelear por una seguridad democrática”, sostuvo luego del fallo el abogado de la querella de la familia Nahuel, Rubén Marigo.
“Me encuentro muy desilusionada porque creía que iba a haber justicia, pero de esta Justicia de porquería no se puede esperar nada bueno. Ya no hay justicia, se están burlando de la familia. Espero que se haga verdadera justicia por Rafita, para que él descanse en paz. Pido perpetua y cárcel para los asesinos de mi hijo”, sostuvo Graciela Salvo, la madre del joven asesinado en una conferencia de prensa improvisada en las afueras del tribunal. “Agradezco a toda la gente que se acercó a acompañarnos, estoy muy agradecida con todos”.
“Estas son prácticas genocidas y racistas de un Estado monocultural y patriarcal”
“Estoy con mucha bronca y muy triste con el fallo”, sostuvo en diálogo con Canal Abierto Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. “Cuando comenzó el juicio ya veíamos una trama de protección a los Albatros y un tufo a impunidad que se dio por sentado en esta sentencia lamentable. Utilizar el argumento del enfrentamiento armado como se usaba en la dictadura para resguardar a las fuerzas de seguridad en un crimen de Estado, en un crimen de lesa humanidad, me parece inaceptable, más en el marco de estos 40 años de democracia”.
“La familia de Rafita está muy dolida, jamás pudo verle la cara a los asesinos, jamás se sentaron en el banquillo de los acusados”. El vocero comunitario se refiere a que los prefectos asistieron a las audiencias del juicio por vía remota a través de videoconferencia desde la ciudad de Buenos Aires, a pesar de la solicitud de las querellas. Mientras tanto, la familia viajó sucesivas veces desde Bariloche, donde sucedieron los hechos que culminaron con la muerte de Rafael y lugar del que fue apartado el juicio, presuntamente para evitar la presencia masiva de la comunidad mapuche y la solidaridad de otros sectores afines. Es decir para apartar a la Justicia del pueblo al que debe darle respuestas.
“Fiel a su política de despojo y de violencia institucional el Estado ha puesto hoy un nuevo capítulo en la historia de lucha del pueblo mapuche que no empezó hace 6 años, sino hace 140, ni va a terminar hasta que el último mapuche deje de reclamar un pedazo de tierra. Estas son prácticas genocidas y racistas de un Estado monocultural y patriarcal”.
Un dato para reflejar la crueldad de esta Justicia rastrera… hoy es el cumpleaños de Graciela, la madre de Rafita.
La Injusticia de la Justicia hoy firmo otro capítulo de su nefasta historia. 5 años para el asesino a sueldo del Estado que mato por la espalda a Rafa Nahuel.Con la teoría del enfrentamiento utilizado en la dictadura se justifica un Crimen de Estado, sigue pic.twitter.com/MQ8Esyv035
— Orlando Carriqueo (@o_carriqueo) November 29, 2023
Fotos: Agencia Télam