Redacción Canal Abierto | “Poner al zorro a cuidar las gallinas”. En criollo, así se podría resumir la maniobra que en las últimas horas denunciaron los diputados Juan Manuel López y Paula Oliveto, de la Coalición Cívica, en relación a la estrategia judicial del Gobierno ante la demanda internacional por la nacionalización de parte de las acciones de YPF en 2012.
En la causa el Estado argentino se enfrenta al fondo Burford Capital, que compró los derechos de las empresas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, de propiedad de Eskenazi. Este fondo reclama una indemnización millonaria por la estatización que se hizo durante la segunda gestión de Cristina Kirchner y con el actual gobernador Axel Kicillof como cara visible.
En septiembre pasado la jueza estadounidense Loretta Preska consideró adecuado el esquema de compensación propuesto por Burford Capital, que reclama unos 16 mil millones de dólares, ya que entiende que el país violó el estatuto de la petrolera cuando se hizo la estatización y así perjudicó a los accionistas minoritarios.
El 22 de febrero próximo la Argentina tiene que presentar ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York el escrito con los argumentos para que los jueces de segunda instancia revisen la sentencia de Preska.
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Por estas horas se supo que la defensa argentina estará a cargo del subprocurador del Tesoro, Andrés de la Cruz. Ni más que el exabogado de la familia Eskenazi, uno de los holdings asociados a la demanda en cuestión.
Según informó días atrás el editorialista del diario La Nación, Carlos Pagni, todas las versiones sostienen que el letrado llegó allí por recomendación del ministro Luis Caputo, quien en su paso por el ministerio de Finanzas de Macri estuvo a cargo de las negociaciones que culminaron en el pago de cerca de 15 mil millones de dólares a los fondos buitre.
Ante el evidente conflicto de intereses, los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Paula Oliveto, ya pidieron a la Oficina Anticorrupción (OA) que aparte a Andrés de la Cruz por considerar que este “podría privilegiar su interés particular por sobre el interés público”.
A su vez, ambos legisladores giraron la presentación al presidente de YPF, Horacio Marín, y plantearon su alerta ante lo que entienden como un “hecho de extrema gravedad institucional”.
Por el momento, resulta estruendoso el silencio oficialista. Mientras, la justicia norteamericana amenaza con embargos sobre activos nacionales.