Redacción Canal Abierto | Un nuevo informe del Observatorio de medicamentos como bien social asegura que desde el intento del ex Presidente Ilia con su ley de medicamentos que congelaba los precios vigentes a finales del año 1963, fijaba las condiciones para la publicidad y control sobre los laboratorios, el coste y la comercialización, “nadie ha podido condicionar a la industria farmacéutica que es quien determina sin ningún control ni regulación la estrategia en la cadena de valor”.
El relevamiento comienza alertando que “en 2023 la variación de precio interanual del grupo de medicamentos más recetados en la Argentina fue del 318%, teniendo en todos los meses una suba por encima de la inflación a no ser en los meses en donde hubo acuerdos sectoriales específicos.
¿Puede el consumidor final pagar estos precios desmedidos? ¿Puede la seguridad social sostener este nivel de incremento? ¿Por qué las farmacéuticas ocultan el costo de los medicamentos y las vacunas? ¿Cuánto cuesta producir los medicamentos esenciales que usa el 80% de la población que tiene enfermedades crónicas? Con estas preguntas el estudio busca llamar la atención sobre una realidad que amenaza con seguir complicando la vida de las clases medias y los sectores populares en tiempo de libre mercado y achicamiento del Estado.
“Esta crisis de costos y por consiguiente en el acceso a los medicamentos que consume gran parte de nuestra población, generará abandono de tratamientos crónicos, más internación y también mayor tensión en los presupuestos de los establecimientos asistenciales tanto públicos como privados”, advierte el texto del observatorio que componen el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma (IEF) y el área Salud del Instituto de Estado y Participación de ATE Nacional (IDEP-Salud).
“Las primeras medidas del nuevo gobierno son a la medida de los intereses y la rentabilidad extrema de los grupos de poder en la Argentina, entre los que se encuentra la industria farmacéutica”, denuncian.
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Provincia de Buenos Aires
Finalmente, el informe posa la mirada sobre la provincia de Buenos Aires, y cuenta que el instituto biológico público Doctor Tomas Perón “ha sido por mucho tiempo un proveedor de hospitales y de centros de atención primaria de medicamentos y vacunas, teniendo actualmente una producción de 70 millones de comprimidos”.
“Tal como en la provincia de Santa Fe, -continúan- con el laboratorio público industrial farmacéutico de Santa Fe (LIF) que provisiona los medicamentos básicos y esenciales a toda la atención primaria de la provincia”.
Además, el espacio sindical destaca una iniciativa de la administración de Axel Kicillof que busca crear un Centro de Industria Farmacéuticas Bonaerense, “con mayor capacidad productiva que el Tomás Perón”.
“Se trataría de un proyecto ambicioso y necesario que permitiría dar una respuesta más integral a la demanda de los medicamentos a un costo mucho menor para todo el sistema público de nuestra provincia, e interviniendo estratégicamente en el acceso al medicamento por parte de la población”.
“Será importante disponer de esta herramienta y desarrollar su capacidad productiva en el marco de esta crisis de acceso de medicamentos de consumo masivo tanto para los usuarios del sistema público como para los más de 2 millones de afiliadas/os de la Obra Social provincial, ratificando soberanía estatal y pública, y generando empleo regular”, sintetizan el IEF y el IDEP.
