Por Elisa Corzo | En el anfiteatro Eva Perón de ATE, se presentó el pasado jueves el Archivo de Casos de Personas Asesinadas por el Aparato Represivo del Estado de la CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional). El estudio abarca desde el retorno de la democracia hasta el 20 de febrero de este año, por lo que ya permite analizar -con datos- lo ocurrido durante el Gobierno de Alberto Fernández.
Además, da un primer pantallazo de la gestión Milei-Villarruel-Bullrich-Petri. Porque solo en los primeros 70 días del Gobierno de La Libertad Avanza, sin siquiera haber iniciado la búsqueda sistemática de casos, la Coordinadora registró 56 muertes, entre fusilamientos por gatillo fácil, muertes en comisarías o cárceles, y femicidios de uniforme, que son los principales datos que releva el estudio. “No nos había pasado nunca”, dijo al respecto la referente de CORREPI, María del Carmen Verdú, sobre la catarata de denuncias que empezaron a llegarles.
El Archivo se realiza y perfecciona, año a año, desde 1996. En abril de ese año, el entonces presidente Carlos Menem “explicó” a los medios por qué crecían las denuncias por fusilamientos policiales: “Hay periodistas de pluma fácil”, dijo. La CORREPI le quiso responder y la idea vino de la mano de Delia Garcilazo, mamá de “Fito” Ríos, torturado hasta la muerte en la cárcel de Caseros en 1992. “Hagamos una lista de todos los asesinados por las fuerzas de seguridad, de todo el país, desde que terminó la dictadura”, propuso.
La presentación del Archivo 2023 tuvo como telón de fondo la represión de la Policía de la Ciudad en el Cine Gaumont, que terminó con tres detenidos, personas gaseadas y al menos un atropellado. Como panelistas, además de Verdú, estuvieron las diputadas nacionales Myriam Bregman del PTS – Frente de Izquierda, y Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande y referente de la rama de cartoneros de UTEP.
Ambas cuestiones pintan el panorama actual y sobre eso se explayó Verdú cuando cerró el panel. “Cuando presentábamos el informe 2022 augurábamos el peligro que sería el triunfo el electoral de las fuerzas de la derecha más rancia. Entonces hablábamos de la fórmula Milei-Villarruel por un lado, y de Bullrich-Petri por el otro. Bueno, hoy nos gobiernan los cuatro. Se concretó la peor pesadilla. Creo que no reconocerlo en serio sería ‘no verla’”, lanzó.
En esa línea, retomó algunos ejes de análisis presentes en el informe y señaló: “Tenemos en el gobierno a Bullrich, la apologeta del gatillo fácil y a Petri, el responsable de que las cárceles estén estalladas. Y tenemos la amenaza de una mayor criminalización de niños, niñas y adolescentes, como viene planteando Cúneo Libarona (ministro de Justicia)”.
En ese marco, “hoy estamos viendo las consecuencias fatales de ese escenario que se hizo realidad”, dijo. Y agregó: “Pero al mismo tiempo, en cada una de las luchas que están dando los distintos sectores para intentar defenderse, vemos que todavía tenemos capacidad de seguir adelante, con conciencia, con imaginación, y sobre todo, con colaboración colectiva. Porque lo que nos tiene que quedar claro en este panorama es que solos no llegamos, no a la esquina, no llegamos ni a la punta de la habitación”.
Cuando presentábamos el informe 2022 augurábamos el peligro que sería el triunfo el electoral de las fuerzas de la derecha más rancia. Entonces hablábamos de la fórmula Milei-Villarruel por un lado y de Bullrich-Petri por el otro. Bueno, hoy nos gobiernan los cuatro. Se concretó la peor pesadilla. Creo que no reconocerlo en serio sería ‘no verla‘”.
María del Carmen Verdú, CORREPI.
Los tres Fernández
Como se ve en el cuadro que sigue, la gestión del Frente de Todos registró “un leve descenso” de casos totales respecto de su antecesor, el de Mauricio Macri con Patricia Bullrich al frente del ministerio de Seguridad:
Así, hasta hoy, el de Macri continúa siendo el Gobierno “más represor desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica”. Aunque -aclara CORREPI- “la proyección de los pocos datos recabados a partir de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel amenaza con bajarlo al segundo escalón del podio”.
Pero para comprender mejor lo que pasó en términos represivos entre 2019-2023, desde la Coordinadora sugieren mirar el desglose de datos por año, lo que revela tres etapas bien definidas:
La primera, muy breve, se dio a partir de la asunción de Alberto Fernández y hasta marzo de 2020. Con Sabina Frederic al frente del ministerio de Seguridad de la Nación se introdujeron una serie de reformas orientadas a reducir el uso desproporcionado de la fuerza, como la derogación del protocolo Bullrich sobre armas de fuego (recientemente reinstalado), o la resolución para prohibir su uso y portación fuera de servicio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La llegada de la pandemia por Covid-19 significó “un giro copernicano” en la política de seguridad. Las medidas de control sanitario, necesarias, se pusieron en manos de las fuerzas de seguridad, a las que se dotó de mayores facultades y recursos, y se implementaron medidas de saturación policial, apunta CORREPI.
Esto rápidamente se tradujo en un “exponencial crecimiento de las muertes en lugares de detención y el sostenimiento de las cifras de fusilamiento por gatillo fácil”. La desaparición seguida de muerte de Luis Espinoza en Tucumán o Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son hitos trágicos de ese período.
Hasta hoy, el de Macri continúa siendo el Gobierno “más represor desde el fin de la dictadura cívico-militar-eclesiástica”. Aunque -aclara CORREPI- “la proyección de los pocos datos recabados a partir de la asunción de Javier Milei y Victoria Villarruel amenaza con bajarlo al segundo escalón del podio”.
La tercera etapa inicia tras la derrota del Frente de Todos en las elecciones legislativas, en el marco de un creciente descontento social y de una mayor presencia del discurso libertario y de mano dura en las pantallas. En ese marco, Aníbal Fernández, uno de los responsables políticos de los asesinatos de Kosteki y Santillán en 2002, y del crimen de Mariano Ferreyra en 2010, retorna al ministerio de Seguridad de la Nación, lo que para CORREPI implicó “otro retroceso”.
Entre las medidas más importantes de esa gestión, la Coordinadora destaca el envío de tropas federales a Rosario -“bajo la excusa de combatir el narcotráfico”- y a Río Negro, “en apoyo a una gobernadora que calificó de terrorista al pueblo Mapuche” y cuya policía facilitó el asesinato del comunero Elías Garay.
Dato mata relato
A continuación, repasamos los principales resultados que arroja el informe:
– Fusilamientos por gatillo fácil:
Mientras que en la gestión de Macri CORREPI registró un total de 511 casos, con un promedio anual de 127 y un pico de 150 en 2018 (“el año de la doctrina Chocobar y la resolución 956”), en los siguientes cuatro años se observó una “notable diferencia”. Basto la derogación de esas normas que permitían una mayor discrecionalidad en el uso de la fuerza para que la gestión de Alberto Fernández cerrara con un total de 416 casos y un promedio de 104.
-Muertes bajo custodia:
Las muertes en cárceles y comisarías profundizaron su tendencia histórica, en línea con el aumento exponencial de la tasa de encarcelamiento, que se sostiene desde 2002. Cabe aclarar, sin que esto responda al aumento de las tasas delictivas.
Así, si 20 años atrás las muertes bajo custodia casi igualaban los fusilamientos extramuros, en la actualidad, los triplican. Las medidas tomadas en el Aislamiento y Distanciamiento radicalizaron ese fenómeno y la pandemia fue “siete veces más letal en las cárceles que extramuros”.
A 20 años del fallo Bulacio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la muertes de personas detenidas arbitrariamente en comisarías por averiguación de antecedentes, faltas o contravenciones, también continúa siendo un punto crítico. En 2023, las muertes totales de personas privadas de su libertad en comisarías ascendieron a 31.
Cabe recordar que durante estos años, sobre todo los de pandemia, los medios hegemónicos impusieron el discurso de la liberación masiva de presos, algo que fue negado por la información oficial brindada por los juzgados. En muchos casos, lo que ocurrió fue lo inverso. Por la feria judicial extraordinaria, personas en condiciones de salir en libertad o de obtener morigeraciones de la pena, no accedieron a esas medidas.
El siguiente gráfico compara los resultados para gatillo fácil y muertes bajo custodia, en la gestión Macri, en la gestión Fernández y en lo que va de Milei:
Un dato clave para analizar esta problemática: El 58,3% de las personas privadas de su libertad no tiene condena, y solo el 19% son reincidentes. Además, la mayoría de las detenciones responden a delitos contra la propiedad.
Cuando se trata de miembros de las fuerzas de seguridad ocurre lo contrario. Dice CORREPI: “El criterio judicial para ordenar el encarcelamiento de uniformados por delitos graves, como homicidio calificado, es tan ínfimo, que si se aplicara de manera uniforme al resto de las personas bajo proceso, las cárceles se vaciarían en un instante”.
-Femicidios y travesticidios de uniforme.
Desde que se comenzó a elaborar el Archivo, CORREPI advirtió que la abrumadora mayoría de las víctimas eran varones, pobres y jóvenes. Pero también notaron que, en un porcentaje importante, cuando las víctimas eran mujeres el hecho se relacionaba con situaciones de violencia machista. Así, de las 792 víctimas mujeres que registra el Archivo desde 1983, 447 corresponden a femicidios.
“Esa cifra convierte a los femicidios de uniforme en la primera causa de muerte de mujeres a manos del aparato represivo estatal”, sostiene el Archivo 2023.
En relación a los travesticidios y transfemicidios el dato es el subregistro de estos hechos. Aunque se saben que son más, la Coordinadora registra 11 hechos en total.
El criterio judicial para ordenar el encarcelamiento de uniformados por delitos graves, como homicidio calificado, es tan ínfimo, que si se aplicara de manera uniforme al resto de las personas bajo proceso, las cárceles se vaciarían en un instante”.
-Muertes en represión de la protesta:
Durante el Gobierno de Fernández se registraron dos hechos de estas características: La muerte de Facundo Molares Schoenfeld en el marco de una represión de la Policía de la Ciudad, y la de Elías Garay en Río Negro, bajo modalidad de “tercerización”, con la intervención de “sicarios vinculados a la empresa de (de)forestación que pretende las tierras ancestrales del pueblo mapuche”.
La Policía de la Ciudad ya se mide con “la maldita bonaerense”
Párrafo aparte merece el rol de cada fuerza en los hechos represivos. CORREPI observa algunas tendencias claras: Se ratifica el descenso de casos e intervención de fuerzas federales a partir de diciembre de 2019. También, el de las fuerzas provinciales en su conjunto, que pasaron de 692 casos con Macri-Bullrich a 548 con la gestión todista. Mientras, las muertes bajo responsabilidad de los servicios penitenciarios provinciales aumentaron de 800 a 998 casos.
La que sobresale en este marco es la Policía de la Ciudad -y su antecesora al inicio de la gestión Macri- la Metropolitana, que pasó de 74 casos totales entre 2015 y 2019, a 93 entre 2019 y 2023. Estrenada recientemente, con conducción política y con un cuarto de los efectivos que tiene la Bonaerense, la PC es solo la mitad de letal que “la maldita”, apodada así por su brutalidad.
Primeros 70 días
En el análisis realizado en el informe impreso CORREPI reflejó 46 muertes a manos de las fuerzas de seguridad ocurridas entre el 10 de diciembre del 2023 y el 14 de febrero de este año. Sin embargo, en la presentación realizada en ATE el 14 de marzo, María del Carmen Verdú informó que ya contaban 60. “Ya estamos viendo el impacto de la política represiva de La Libertad Avanza”, expresó.
De los 46, 20 corresponden a fusilamientos por gatillo fácil, 19 a muertes bajo custodia, 3 en el marco intrafamiliar por razones económicas, 3 usando el patrullero como arma y un femicidio de uniforme, consigna el estudio.
Además, con el protocolo antipiquetes de Bullrich en marcha, hubo 46 personas privadas de su libertad en el contexto de represión a la protesta, y en ese marco, el 31 de enero, en Ciudad de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad estrenaron “un nuevo gas irritante de altísima gravedad, que no solo dificulta la respiración y afecta mucosas de ojos, nariz y boca, sino que produce quemaduras químicas graves en la piel”.
El 1° de febrero, en CABA, medio centenar de personas fueron lesionadas en la represión a la concentración en la plaza del Congreso, entre ellos, 27 trabajadores de prensa. Además, Matías Aufieri, abogado de CEPRODH, perdió la vista del ojo izquierdo por un disparo con posta de goma.
Agenda urgente
Ante este panorama y a pesar de un marco político de acelerado retroceso en materia de Derechos Humanos, CORREPI volvió a reclamar por una serie de medidas que, como ya se ha demostrado, contribuyen a disminuir la letalidad del accionar de las fuerzas de seguridad.
Algunas de estas son: el cese del uso indiscriminado de la prisión preventiva, la eliminación de las facultades para realizar detenciones arbitrarias (como ordenó la CIDH en el fallo Bulacio), y la prohibición de la portación y uso de armas de fuego fuera del horario y lugar de servicio.
Desde espacios políticos y perspectivas disímiles, en el cierre del panel, Myriam Bregman y Natalia Zaracho analizaron el problema de la violencia institucional.
En ese sentido, la diputada de Izquierda denunció el uso político del tema de seguridad por parte los distintos gobiernos, de 1983 a la fecha. “Es muy barato prometer que vas a solucionar problemas sociales con reformas penales”, expresó.
En esa línea, también se refirió a la problemática del narcotráfico en Rosario y a la militarización. “Once veces ya lo hicieron y los resultados están a la vista”, dijo, al tiempo que apuntó a el “andamiaje que hace que estalle el narco en Rosario”, vinculado a la ausencia de controles sobre el mercado financiero, entre otras cuestiones.
Natalia Zaracho, que contó que como cartonera vivió en carne propia la violencia policial desde los 13 años, habló de la cuestión de fondo sobre la que se construye la política represiva. “No podemos discutir la política de seguridad si no discutimos la política de inclusión social”, sintetizó.
El informe completo de CORREPI puede leerse haciendo click acá.