Redacción Canal Abierto | Dos detenidos se fugaron de la Comisaría Vecinal 12 C de Villa Urquiza. Los efectivos se dieron cuenta esta mañana, cuando realizaban un conteo de las personas alojadas.
Se trata de la cuarta evasión de presos en la Ciudad en sólo 15 días, lo que evidencia la debilidad del relato punitivista que intentan instalar tanto Jorge Macri como sus funcionarios del área Seguridad. Entre ellos, Diego Kravetz, secretario de Seguridad porteño, quien días atrás lanzó: “No dejaremos de detener delincuentes y si tienen que dormir en un patrullero, no nos importa”.
Esa fue la forma con que el mandamás de la Policía de la Ciudad -que este año se refugió en la Ciudad tras la derrota electoral que sufrió en Lanús en 2023- justificó la calamitosa situación que atraviesan las dependencias policiales a su cargo. De hecho, la mayoría de los especialistas coinciden en que es esta situación la que en el fondo termina facilitando las evasiones: hay 1593 detenidos en comisarías y alcaldías porteñas, donde no debería haber ninguno.
La problemática no es nueva ni exclusiva del territorio porteño, pero se agudiza con el correr de los años. Según relevó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en abril de 2020 eran 139 las personas alojadas. En poco más de tres años, la población alojada por períodos prolongados en estos espacios aumentó más del 1000%.
Sobre las condiciones en estos espacios, lo definen como “una verdadera pesadilla e implica vivir en condiciones infrahumanas”, lo cual es ilegal: “Las celdas no tienen luz natural ni ventilación adecuada porque algunas no cuentan con ventanas y se encuentran casi herméticamente cerradas. Las personas detenidas deben hacer turnos para acercarse a las ventanas tipo tragaluz para respirar aire fresco, sobre todo en épocas de altas temperaturas. Los colchones no alcanzan para todes, la mayoría duerme en el piso, sobre cartones. El hacinamiento es tan grave que en algunas celdas deben hacer turnos para dormir porque no entran todos acostados a la vez. Muchas de las celdas no tienen baños ni duchas”.
Este crecimiento obedeció en buena medida a reformas legislativas de endurecimiento penal, como la ley de flagrancia nacional que produjo el crecimiento del flujo de personas detenidas provenientes de CABA y la modificación de la ley nacional de ejecución penal 24.660 en 2017, que limitó las salidas y libertades a personas condenadas por un amplio grupo de delitos. Otro de los factores que inciden en este aumento de las detenciones es la desfederalización de la ley de drogas en 2019, a partir de la cual la Policía de la Ciudad se enfocó en perseguir los delitos menores de drogas.
Aunque sectores de la población celebran estas políticas, la mayoría de los especialistas advierten como insuficiente la estrategia casi exclusivamente represiva, sobre todo en un contexto de fuerte recesión económica y deterioro social como el de Argentina.
Otro aspecto alarmante es que el gobierno de la Ciudad alimente su marketing represivo vía estigmatización y persecución de sectores vulnerables de la sociedad. El ejemplo más palpable son las últimas declaraciones de Kravetz: “La mitad de las personas que están en situación de calle tienen antecedentes penales y son peligrosas”.