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¿Organizarse es delito?: El trabajo de uno de los movimientos perseguidos por el Gobierno

Militantes del Frente de Organizaciones en Lucha cuentan cómo vivieron los operativos y muestran dos de sus emprendimientos: un jardín en el Barrio 21-24 y un restaurante en Congreso. “Si no tuviéramos estos espacios, muchos de nosotros estaríamos en la calle”, aseguraron.
Publicado 26/06/2024 4 minutos para leer
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Redacción Canal Abierto |  El Frente de Organizaciones en Lucha (FOL – Coordinadora por el Cambio Social) es uno de los movimientos sociales allanados y acusados con cargos de corrupción, como parte de un ataque sistemático del gobierno nacional en los últimos meses, que incluyó además el corte del suministro de alimentos para los comedores.

Las medidas habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita y ordenados por el Juez Sebastián Casanello, en el marco de una causa armada a partir de las denuncias a la línea 134 que instaló el gobierno con una fuerte campaña mediática para incentivar a que beneficiarios de programas sociales denuncien a sus organizaciones.

Así, el 13 de mayo, agentes de la Policía Federal irrumpieron en las casas particulares y en locales donde funcionan proyectos productivos o comedores, en busca de pruebas para demostrar algunos de los delitos con que están imputando y persiguiendo a los dirigentes sociales: supuesta malversación de fondos y extorsión a los beneficiarios de programas sociales.

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Uno de los lugares allanados fue Sabor Latino, un emprendimiento gastronómico y autogestivo, impulsado por cuatro mujeres migrantes, integrantes del FOL, algunas de ellas sobrevivientes de violencia de género, y que hoy le da trabajo a más de una decena de personas.

“Se llevaron $200.000, que para nosotras es un montón, porque era nuestro trabajo del fin de semana”, contó María, la coordinadora del restaurante de comida latinoamericana, ubicado en Moreno y Solís (CABA), en diálogo con Canal Abierto.

También habló de la impotencia que genera el estigma: “El mal llamado plan, que algunas cobramos y otras no, pero es mal llamado porque nosotras laburamos. Es una persecución por luchar y por defender nuestros derechos”, expresó.

El FOL también sufrió allanamientos en el domicilio particular del referente nacional y en varios comedores, como el del Barrio 21-24 de Ciudad de Buenos Aires. A unas pocas cuadras de allí funciona “Chiquilines de Barrio”, un jardín maternal para chicos de 6 meses a 4 años, también respaldado por la organización social.

Mari Ventura, coordinadora de los espacios de primera infancia del FOL en Ciudad de Buenos Aires, habló del rol clave que cumplen los jardines ante la falta de vacantes en los establecimientos del Gobierno porteño, en particular, para padres y madres que trabajan largas horas en espacios en malas condiciones, como los talleres textiles, que no son aptos para que permanezcan niñas y niños.

“Esa es la bronca que tenemos de ver que nuestra clase empieza a ser indigente y ni siquiera llegamos a ser pobres. Si no tuvieron nuestros comedores, nuestros puestos de trabajo, yo creo que muchos de nosotros estaríamos en la calle”, contó en respuesta a la persecución oficial y a un plan de Gobierno que solo beneficia a los de arriba.

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